El Gobierno nacional derog un decreto de la gestin del expresidente Mauricio Macri sobre poltica migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior “resultan irreconciliables con la Constitucin Nacional y con el sistema internacional de proteccin de los derechos humanos”.
As lo establece el Decreto 138/2021 publicado este viernes en el Boletn Oficial con la firma del presidente Alberto Fernndez y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modific aspectos de la Ley N 25.871 que establece el rgimen de la poltica migratoria argentina.
Del mismo modo, la norma restituye “la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N 70 del 27 de enero de 2017” y dispone la creacin de una “Comisin Asesora de Poltica Migratoria” que deber “proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicacin y actualizacin de la Ley de Migraciones N 25.871”.
La ley establece que el rgimen de poltica migratoria argentina, dispone reglas de admisin, ingreso, permanencia y egreso de personas, as como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el pas.
El decreto derogado viola el principio del debido proceso y el derecho a contar con asistencia y defensa legal”
El decreto derogado “modific aspectos sustanciales” de esa ley, segn explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.
Entre ellas se citan “la violacin al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restriccin a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prev la retencin preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restriccin a los derechos de reunificacin familiar y dispensa por razones humanitarias”.
En tanto, las autoridades nacionales aaden en el decreto de derogacin que los cambios a la ley migratoria, agravaron “exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.
Sobre este punto sealan que “distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto” y que el Comit de Proteccin de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comit de los Derechos del Nio y el Comit contra la Tortura, dependientes de las ONU “han expresado su profunda preocupacin y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto”.
En el mismo sentido, se pronunci la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “ha sido enftica con relacin a la proteccin de los y las migrantes, sealando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio”.
En el momento de la aplicacin del decreto en 2017, Amnista Internacional (AI) haba advertido que esa norma introduca “impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el pas, acelera los trmites de expulsin reduciendo las garantas procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condicin para evitar la expulsin y restringe el acceso a la nacionalidad argentina”.
“El decreto est dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsin de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el pas, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia”, seal AI en aquella oportunidad, e indic que la normativa “amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes”.
