“Confrontativo”, es el adjetivo que aliados y opositores coinciden en utilizar para describir a Martín Soria (45 años); un antimacrista feroz que tras perder la elección a gobernador de Río Negro
en 2019 bajó su perfil en la provincia y desde una banca de diputado se enfocó en atacar a la Justicia y abrazar la teoría del lawfare.
Hijo del fallecido gobernador rionegrino y titular de la SIDE durante el duhaldismo, Carlos Soria, creció rodeado de política y peronismo. Fue presidente del PJ rionegrino y dos veces intendente de General Roca, su cimiento político. Su hermana, la ex diputada Maria Emilia Soria, lo sucedió y es la actual jefa comunal.
La familia saltó a las tapas de los diarios del país en 2012, cuando se conoció que su madre, Susana Freydoz, había matado de un tiro en la cara a su esposo, Carlos Soria – electo gobernador 21 días antes- durante la madrugada de Año Nuevo. “Vi a mi padre escaparse entre mis manos”, relató.
Hasta 2019 mantuvo prudente distancia del cristinismo. “No soy kirchnerista. Soy peronista, como lo era mi viejo. Obviamente, tengo cariño y respeto por Cristina. Pero de ahí a ser kirchnerista…”, declaró ese año al diario La Nación.
En esa provincia, el senador camporista Martín Doñate es el principal referente de la vicepresidenta. Y criticó con dureza a Soria cuando, en 2017, el entonces intendente coqueteó con Sergio Massa y hasta compartió una recorrida.
Desde diciembre de 2020, Soria integra la agrupación “En Común”, de corte albertista, que motorizan el gremialista Victor Santa María, el ministro de Educación, Nicolas Trotta, y la titular del INADI, Victoria Donda. En temas judiciales, está alineado con el sector más duro del kirchnerismo. Ya en mayo denunció “mecanismos de extorsión” del macrismo a jueces y fiscales.
Con el sello del Frente para la Victoria, en 2019 cayó en las urnas frente a Arabela Carreras, la candidata del ex vice de su padre y principal enemigo provincial: Alberto Weretilneck. “Es el segundo día más triste de mi vida”, señaló.
En la provincia aseguran que Soria fue clave, en sus contactos con la Corte Suprema, para lograr que el máximo Tribunal no le permitiera la re- reelección a Weretilneck. De Miguel Pichetto también se distanció tiempo antes de que el entonces senador saltara a las filas de Juntos por el Cambio.
Golpeado tras la derrota por casi 20 puntos, aceptó la candidatura a diputado. Es vicepresidente de la Comisión de Legislación Penal e integra las de Justicia, Juicio Político y la bicameral del Código Procesal Penal.
Sus posteos en redes están monopolizados por temas judiciales. “Lawfare al palo”, “Comodoro PRO”, y “aparato comunicacional”; figuran entre sus términos más repetidos.
En la última sesión presentó una cuestión de privilegio para apuntar contra el Poder Judicial. La calificó de “rancio, corrompido y sin rastro de independencia ni imparcialidad”. Ese día, también bregó por la reforma judicial, frenada en esa Cámara por la falta de votos y -según sectores del Frente de Todos- por la falta de intervención de la ministra Marcela Losardo, para destrabar la negociación con los bloques minoritarios.
El mes pasado, junto a sus pares Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, denunció al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, en el marco de la causa conocida como la “mesa judicial macrista”, por haber concurrido al menos seis veces – entre 2016 y 2018 – a la Casa Rosada, supuestamente para encontrarse con Mauricio Macri. Se comenta que el ex intendente manejaría información top secret de origen subterráneo.
En la apertura de sesiones, Alberto Fernández se refirió a él aunque sin nombrarlo cuando señaló: “Algún miembro de este Congreso detectó la visita de jueces de la casación al entonces presidente Macri, justamente días antes de dictar sentencias contra sus opositores políticos”.
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