En septiembre se cumplirán dos años desde que el fallecido juez Claudio Bonadioenvió a juicio oral a Cristina Kirchner y a medio centenar de empresarios junto a ex
funcionarios, por el caso conocido como los Cuadernos de las Coimas. Desde entonces el expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), donde se encuentra en una etapa muy preliminar. Los magistrados solicitaron hace más de un año a la Corte Suprema de Justicia recursos para poder contratar a nueve personas y así avanzar en la preparación del juicio de una causa tan voluminosa. Pero aún no recibieron ninguna respuesta.
El caso cuadernos avanza morosamente en el TOF 7. Hablamos de un expediente con 172 personas procesadas, de las cuales 71 ya fueron confirmadas por la Cámara Federal y están listas para el juicio oral. Del total de procesados hay 136 empresarios, 22 exfuncionarios y 14 supuestos testaferros. Entre todos ellos hay 31 “arrepentidos”.
El TOF 7 tiene en su poder cientos de cajas con documentación y otras pruebas generadas durante la instrucción, que desde hace más de un año se conservan en contenedores ubicados en el estacionamiento de Comodoro Py. No hay espacio físico para el resguardo de toda la información concerniente a lo que la justicia denominó “el mayor caso de corrupción de los últimos años”.
La cantidad de personas procesadas también expone la envergadura del caso -ni siquiera hay espacio físico para los 172 con sus respectivos abogados-, pero además el expediente se encuentra en etapa muy inicial aún por diversos motivos.
Respecto de los numerosos procesados en el caso se dictaron muchas medidas cautelares como embargos, inhibiciones de bienes y congelamientos de cuentas bancarias. Durante muchos meses eso fueron los principales pedidos que resolvieron la fiscal Fabiana León y los integrantes del TOF 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli. En simultáneo, se trataron las prisiones preventivas dictadas, ya que por sugerencia de la Cámara de Casación se tuvieron que dictar nuevas resoluciones al respecto.
Hasta la fecha el Tribunal ni siquiera comenzó con el ofrecimiento de prueba, una instancia en la que la Fiscalía, las querellas y los acusados sugieren medidas complementarias para que se tenga en cuenta durante el juicio, como también potenciales testigos. Después de esa etapa, recién podrá el TOF decidir a cuáles de todos esos requerimientos hará lugar en función del análisis de la documentación del caso. Entonces, recién se encontrará en condiciones de fijar fecha para el inicio de las audiencias.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que a este paso no se avizora un inicio del juicio en el corto plazo. La situación suma un reclamo reiterado a la Corte Suprema de Justicia, a cuyos integrantes se les requirió hace más de un año nueve contratos para contar con más personal e imprimir así, celeridad al proceso.
La última novedad en el expediente se dio el año pasado, cuando la Sala I (con el voto en disidencia de la magistrada Ana María Figueroa) declaró la constitucionalidad de la Ley del Imputado Colaborador, los 31 arrepentidos del caso -la mayor cantidad en una investigación de corrupción-, fueron respaldados. Una medida relevante, siendo que muchos defensores de ex funcionarios kirchneristas apuntaban a la nulidad del expediente, basándose en la supuesta falta de credibilidad de las confesiones y cómo fueron tomadas.
Además, fue reconfirmado en su cargo Germán Castelli a quien el kirchnerismo buscó destituir desde el Congreso, cuestionando cómo había sido su traslado para integrar el TOF 7 durante el gobierno macrista. Su salida temporal del cargo también impidió mayores avances en el caso que tiene como principal acusada a la vicepresidente.
Las acusaciones
En el fallo que elevó el caso a juicio oral, Bonadio indicó que se trataba de “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.
Según el esquema del juez, la acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.
Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. Sólo le quedó la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.
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