Este lunes 8 de marzo se conoció que la Justicia de Brasil decidió anular las causas de corrupción que pesaban sobre el expresidente de Brasil, Lula Da Silva, en el marco
del escándalo de la “Operación Lava Jato“, la causa de coimas de la constructora brasileña Odebrecht que salpicó a reconocidos empresarios y funcionarios de la primera línea política en toda la región latinoamericana.
Si bien ahora Lula podrá ser candidato a las próximas elecciones de 2022, tras estar 580 días preso, vale recordar que el sistema de arrepentidos en Brasil desencadenó una gran cantidad de nombres involucrados no sólo en ese país, sino en muchos de los vecinos, cuyos sistemas judiciales aún investigan respectivamente.
Incluso fue el expresidente Michel Temer, acusado de favorecer contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río, a cambio de unos 470 millones de dólares, quien fuera arrestado en 2019 luego de ser mencionado al menos unas 43 veces por distintos testigos y acusados del escándalo. Cinco días después de entregarse, la Justicia le dio prisión domiciliaria hasta se dictamine su rol en el caso.
El escándalo nació en Brasil, en una gasolinera con un servicio de lavado de autos (“Lava Jato”, en portugués), donde los investigadores de la Policía Federal descubrieron una red de lavado de dinero que parecía implicar a diversos políticos. Luego, la investigación llegó hasta la petrolera estatal Petrobras, y terminó ampliándose en Odebrecht, la constructora de Marcelo Odebrecht, quien también terminó preso por la trama de corrupción más grande de América Latina.
Los apodos de quienes cobraron el dinero negro de Odebrecht en la Argentina
Fuera de Brasil, el país más comprometido en el escándalo fue Perú con cuatro expresidentes que se vieron involucrados con el caso: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (este último ejercía su mandato cuando debió entregarse). En todos los casos se trataban también de coimas de la constructora que desarrolló millonarias obras en la región y lavado de activos.
En Argentina, cuando el escándalo recién explotaba, se especulaba que aparecieran nombres de la familia Kirchner y del entonces presidente Mauricio Macri entre los salpicados, aunque por el momento no fue así: quienes sí aparecieron fueron el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, y Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo la era Macri.
De Vido fue acusado de apoyar la venta de la transportista eléctrica argentina Transener a la firma Electroingeniería y cobrar coimas por eso. Si bien la Justicia brasileña cerró parte de esa causa, en Argentina se sigue investigando la responsabilidad de De Vido en dicha operatoria.
Por su parte, a Arribas se le acusó de haber recibido US$750.000 de Odebrecht, lo que él siempre negó. La Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en contra de Arribas y la Corte Suprema rechazó reabrir la investigación.
La justicia brasileña puso fin al núcleo original del Lava Jato
Odebrecht también terminó siendo investigada por participar de un presunto pago de sobornos para la licitación del soterramiento del tren Sarmiento. En este caso, la Cámara Federal anuló los procesamientos dictados por Martínez De Giorgi a De Vido, Baratta, López, los exministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y también dictó la falta de mérito a empresarios como Angelo Calcaterra (primo de Macri) y Jorge Rodríguez.
Los demás empresarios argentinos procesados fueron Tito Biagini, Aldo Benito Roggio, Jorge “Corcho” Rodríguez y Carlos Wagner.
En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas está preso desde 2017 y cumple una condena de seis años por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña, según se definió en un muy cuestionado juicio, y terminó perdiendo su cargo en enero de 2018 por “ausencia definitiva” ya que está detenido desde la indagatoria del caso Odebrecht.
Glas fue vice de Rafael Correa, sentenciado también por recibir “aportes indebidos” para la financiación de su entonces partido político Alianza País a cambio de contratos con el Estado de varias empresas, entre ellas la constructora Odebrecht, otro caso rechazado por el correismo como parte de una estrategia de “lawfare“.
Más al Norte, en México, el caso estalló luego de la declaración de Emilio Lozoya, quien fue director general de la petrolera estatal Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Lozoya involucró a ese exmandatario y a su predecesor, Felipe Calderón, dentro de una red de corrupción con la que se habría beneficiado Odebrecht a cambio de sumas millonarias de dinero.
J.D. / CP
