La visita que el misterioso abogado argentino Franco Bindi, vinculado informalmente a sectores de la inteligencia del kirchnerismo, hizo la semana pasada a Asunción puso en alerta a la prensa y
el gobierno paraguayos. Bindi llegó en el mismo avión y se alojó en el mismo hotel que un diplomático chavista.
Según versiones, Bindi habría intentado reunirse con una guerrillera del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo detenida en una cárcel militar.
Bindi, uno de los organizadores del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas, llegó el 4 de marzo a Asunción en forma simultánea a la presencia de funcionarios o militantes chavistas y se fue dos días más tarde, informó el diario ABC Color de Asunción y luego La Nación de ese país.
Si bien no pertenece a la AFI, Bindi tiene vínculos con el sectores de la inteligencia K, según las escuchas de los ex funcionarios K presos en la cárcel de Ezeiza.
Clarín llamó un mensaje Bindi al teléfono que usaba hasta el año pasado para preguntarle por los motivos de su visita pero no respondió.
Mientras, el gobierno argentino viene protestando por el asesinato, el año pasado, de dos niñas de nacionalidad argentina que estaban en un campamento del EPP, en manos de militares paraguayos.
Fuentes paraguayas consultadas por el diario de mayor circulación del Paraguay confirmaron que Bindi entró al país el 4 y salió el 6 de marzo.
Bindi entró junto a otros cinco extranjeros en un vuelo de la compañía Paranair desde Buenos Aires y se habría alojado en el lujoso hotel The One.
El argentino se alojó en el mismo hotel que Orlando José Montañez Olivares, quien en el 2013 se desempeñaba como “diplomático” venezolano en Washington y fue declarado persona no grata y expulsado del país, según la CNN en español. El grupo que llegó a Asunción estaba formado por otros dos venezolanos.
Otras fuentes vinculan supuestamente a Montañez con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Bindi es defensor Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas de Bahía Blanca, del empresario K Mario Cifuentes y hasta unas semanas del despachante de aduana Víctor Palomino Zitta, quien está prófugo en el juicio oral por la Mafia de los Medicamentos, entre otros. Palomino Zitta fue un denunciante estrella en la causa D’Alessio.
El fiscal Carlos Stornelli denunció, en un escrito presentado en la causa D’Alessio, que Bindi fue “uno de los organizadores del Operativo Puf” y que tenía vínculos con la AFI K.
Según el portal www.periodismoypunto.com Bindi estaría asesorando en forma informal a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
De acuerdo a una nota publicada en ese portal, Bindi habría hecho gestiones para visitar a Laura Villalba, presunta integrante del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), detenida en una cárcel militar. El EPP está acusado del asesinato de una hija de un ex presidente del Paraguay, de militares y policías y de varios secuestros.
La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, el 22 de febrero pasado, pidió y consiguió de parte de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que depende del ministerio del Interior, refugio político para parte de la familia de Laura Villalba.
De acuerdo al diario Hoy del Paraguay, esa comisión otorgó el estatus de refugiadas políticas a Myrian Viviana Villalba Ayala, Alexandra Monserrat Villalba Ayala, Daniela Esperanza Meza Villalba, Mariana de Jesús Ayala López, María Rosa Villalba Ayala y Magna Esmeralda Meza Villalba.
En forma paralela, el presidente Alberto Fernández suspendió un viaje que tenía previsto hacer el mes pasado a Paraguay para entrevistarse con su colega Mario Abdo Benítez, para presionar por el esclarecimiento del asesinato de esas dos niñas.
El canciller Felipe Solá pidió al gobierno paraguayo que se le permita el ingreso al Equipo Argentino de Antropología Forense para que constate las circunstancias de las muertes de las niñas, Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años. Paraguay se niega a realizar esa autopsia.
Los organismos de de derechos humanos aseguran que cuando los militares atacaron el año pasado el campamento del llamado Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), ambas estaban vivas.
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