La decisión del Gobierno de acotar los incrementos de las tarifas de luz y gas es seguida de cerca por las petroleras. Las compañías estiman que el Poder Ejecutivo también les
pisará de aumentos futuros de combustibles. Por eso, algunos hablan de “blackout” (apagón). Es decir, una fecha hasta la que podrían llegar a realizar próximas subas en los surtidores. Suponen que será a mediados de año, antes de las PASO.
Hasta allí, las compañías exploran una serie de acuerdos privados, para autorregularse. Aceptan vender petróleo por debajo de los valores de mercado -el crudo está subiendo en el mundo-, con tal de evitar una intervención del Poder Ejecutivo. Quieren evitar que les limiten las exportaciones o que les impongan algún decreto para congelar los precios.
Tanto las petroleras como las refinadoras están en contacto permanente, sondeando posibilidades. Pero todos miran a YPF. Nadie en la industria puede mover los precios sin la luz verde de la petrolera de mayoría estatal. Hasta ahora, en la compañía dejan que el resto trate de entenderse, y emiten algunos “guiños” de complicidad.
Desde agosto hasta febrero, los combustibles aumentaron un 40%. Desde comienzos de mes, las petroleras deben pagar más por los biocombustibles y, desde el viernes, les subirán los impuestos. Hasta ahora, YPF siempre trasladó el mayor componente impositivo a los precios finales. Pero eso fue cuando Guillermo Nielsen era presidente de YPF. Ahora, ese puesto es de Pablo González, un político. El CEO, Sergio Affronti, trata de mejorar los balances de YPF y eso implicaría aumentos.
En la industria circula una propuesta de subir los precios en surtidores en un 15%. Serían aumentos escalonados, mensuales, en torno al 5%. Eso alcanzaría hasta el “blackout” o el apagón de subas. Será, al menos, dos meses antes de las elecciones primarias. El tema es que esa fecha aún no está definida. Cuanto más se demoren las comicios, mayores serán las posibilidades de realizar aumentos.
Aunque el barril de petróleo crudo está en torno a los US$ 70, las productoras locales aceptan venderlo a US$ 53 a US$ 55 a refinadoras. Lo hacen para evitar cualquier intervención del Poder Ejecutivo. Y para preservar sus exportaciones. El peor escenario sería que la Secretaría de Energía les limite los despachos externos para preservar los valores locales.
YPF y Pan American Energy miran el debate con alguna distancia. Son integradas: es decir que producen y refinan. No necesitan de terceros para llevar adelante ninguno de sus negocios. Distinta es la posición de Raizen (que usa la marca Shell), que necesita comprar petróleo. O de Vista (de Miguel Galuccio), cuyo negocio es vender ese crudo para ser refinado.
Un aumento del 15% estaría por debajo de las previsiones de la industria -consideran que necesitan una recomposición del 20%-, pero ayudaría a que los números fueran menos rojos. YPF viene de presentar el peor balance anual de su historia, con pérdidas superiores a los US$ 1.000 millones y -por primera vez-, menores ventas en pesos que en un año anterior, un hito sin precedente en una economía que tienen una inflación del 40% anual.
YPF podría aplicar un aumento desde el viernes, cercano al 3%, para compensar el mayor costo de biocombustibles e impositivo. Pero, al hacerlo, alimentará las expectativas inflacionarias de marzo, justo en un momento donde el Gobierno batalla con las alimenticias, constructoras, fabricantes de insumos de la construcción para que no aumenten más del 2%. La suba del 5% que menean -en privado- algunos de sus competidores les gustaría. Pero tienen que ver su viabilidad política.
Expertos energéticos que tuvieron algún paso por el oficialismo en el pasado saben que los precios deben aumentar. “A Nielsen nunca lo dejaron, pero quizás tenga que ver con que no lo querían, y no lo iban a dejar hacer ninguna mejora que tuviera su sello. Al ser González alguien del propio palo, a lo mejor cuenta con la muñeca para hacer lo que es necesario”, se aventuran.
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