Las dudas sobre si Roberto Boico votará como un “juez reamigo” de Cristina o un juez de la Constitución

que la renunciante ministra de Justicia, Marcela Losardo, no quiere hacer. Es decir, presentar denuncias penales, solicitar juicios políticos o hacer votar la polémica ley que reforma el ministerio público fiscal.

Otra cara es el ocupar espacios en los tribunales de Comodoro Py que están “podridos” pero los legisladores K se esfuerzan por llenarlos con candidatos de su confianza.

De las denuncias penales y mediáticas de los operadores de Cristina, como el diputado y ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Tailhade, se observan dos claros objetivos de esa estrategia sucia: las cámaras de casación y la cámara federal porteña.

En las últimas semanas, se vieron un sinfín de jugadas K contra el presidente del máximo tribunal penal del país después de la Corte, Gustavo Hornos, y ahora contra su colega Juan Carlos Gemignani, entre otros.

Al margen, es la primera vez en la historia que un presidente se queja públicamente por los comentarios de un juez en un grupo de Whatsapp interno. El gesto muestra el total alineamiento de Alberto Fernández con la agenda judicial personal de la vicepresidente, a partir del discurso del primero de marzo.

Ahora se vio el apoyo sin fisuras del bloque del Frente de Todos para el nombramiento de Roberto Boico como nuevo miembro de la cámara federal. Nadie pone en duda los conocimientos técnicos de Boico, sino su eventual imparcialidad en las causas que va a votar, como advirtió la senadora de Juntos por el Cambio Laura Machado. Ese tribunal está formado por dos sala, la I y la II.

Boico se sumará a la II, junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Mientras que la sala I está integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Luego de la movida de Cristina del año pasado, la Corte ordenó que se realicen los concursos definitivos de los cargos de Bertuzzi y Bruglia. El primero se presentó hace dos semanas al concurso y el segundo volverá a un tribunal oral o se jubilará. En fuentes judiciales se estimó que el concurso por esos dos cargos, que supervisa la diputada lavagnista Graciela Camaño, tardará un año más en definirse.

Lo más concreto ahora es el juramento, en los próximos días Boico, quien como abogado de Cristina, Oscar Parrilli y Amado Boudou atacó la causa por el encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA y pidió la nulidad de la causa de los Cuadernos de las Coimas.

Ahora jurará como juez  de la Constitución y se verá, partiendo del beneficio de la duda, si ejerce como “reamigo”, como dijo Machado, o como magistrado imparcial.

En la cámara federal no quedan apelaciones de causas en que Cristina, Parrilli o Boudou sean protagonistas principales y se descuenta que Boico se abstendrá de votar si las hubiera.

El tema caliente son las llamadas causas colaterales a, por ejemplo, el caso Cuadernos. En este tipo de expedientes importará “más el contenido que los protagonistas”. Es decir, ¿usará por ejemplo Boico la teoría del lawfare de sus ex clientes en sus fallos? O ¿qué hará cuando debe votar si el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi archivó en forma correcta o no la causa por el Operativo Puf que denunció la ex diputada Elisa Carrió?

En ese momento se verá si su rol será el de un juez de la democracia o un “reamigo”.

Pero si Boico tendrá por delante qué decir sobre las causas por supuesto espionaje ilegal macrista que tanto interesan a Cristina. Y aquí vendrán otros interrogantes, ¿se abstendrá de hacerlo en causas en qué su ex clienta es querellante?

Algunos de estos interrogantes también giran alrededor de Eduardo Farah, quien se reincorporó recientemente al tribunal luego de haber renunciado en el 2018 por la polémica excarcelación de Cristóbal López en la causa Oil.

Además, de sus clientes anteriores –todo abogado los tuvo ante de llegar a la Justicia hasta los cortesanos Carlos Rosenkrantz o Ricardo Lorenzetti por nombrados dos-, Boicot fue a propuesta de Cristina conjuez de Casación e incluso integró el tribunal gracias a la polémica ley de subrogancias de la ex presidenta que luego derogó la Corte por inconstitucional.

Ahora tendrá que compartir tribunal con un veterano juez como Martín Irurzun –el mismo que votó la ley de la Verdad para los desaparecidos y el procesamiento de Carlos Menem en la Venta Ilegal de Armas a Ecuador y Croacia- y Cristina quiere echar a través de dos juicios políticos y la ANSES lo intima para que se jubile.

Toda una nueva etapa para un tribunal estratégico en la lucha contra la corrupción en la Argentina.

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