La Cámara Federal de Casación Penal avaló el avance a juicio de la causa “Odebrecht” por supuestas coimas de esa constructora brasileña en obras de la empresa de aguas estatal AySA.
En el caso están acusados los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, ex directivos de la firma y otros empresarios.
Lo hizo la Sala III -integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky– al no hacer lugar a tres recursos extraordinarios planteados por las defensas en el expediente “Odebrecht-Aysa”, una de las derivaciones del escándalo mundial conocido como Lava Jato, que repercutió en varios casos de corrupción investigados en la Argentina.
En esta causa se investigan adjudicaciones amañadas con sobornos en la obra pública llevada adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y también para otra estación depuradora en Berazategui, conocida como “planta del Bicentenario”.
Según los datos judiciales, las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE (Unión transitoria de empresas) integrada por “Norberto Odebrecht S.A.” -sucursal argentina-, “Benito Roggio e Hijos S.A.”, “Supercemento S.A.I.C.” y “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.”.
Por otro, también entraron en el negocio la UTE conformada por “Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A.” y “Esuco S.A.”, esta última, del ex titular de la Cámara de la Construcción en tiempos K, Carlos Wagner.
En este contexto, están imputados por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AYSA y del por entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Entre los nombres más relevantes, son acusados el exministro Julio Miguel De Vido y sus secretarios. el hombre de los bolsos en el convento José Francisco López y Roberto Baratta.
Así las cosas, ahora Casación Penal desestimó un recurso extraordinario presentado por Wagner. ex presidente de de Esuco S.A., imputado por cohecho y defraudación contra la administración pública y arrepentido en la causa derivada de los Cuadernos de las Coimas. Lo mismo se dictaminó contra la presentación de la defensa de Diego Pugliesso, representante de una de las UTE.
Finalmente, tampoco se hizo lugar al remedo federal en favor de Antonio Miguel Marques, empresario brasileño de la constructora Camargo Correa, por lo quedó vigente el pedido de extradición a Brasil que pesa sobre él.
Según había informado Clarín en 2020, el juez de instrucción Sebastián Casanello determinó en su investigación que se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”. Ahora irán a juicio.
DS
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