Un diputado de Juntos por el Cambio responsabilizó a la titular de la AFI por el ataque al presidente en Chubut

ambientalistas que reclaman contra la minería. Cano se sumó, además, a los repudios al ataque.

Cano, vocal de la Comisión de Seguridad Interior y de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso Nacional, dijo que la agresión al jefe de estado “demuestra el fracaso de la estrategia de desmantelar las estructuras de inteligencia siguiendo los lineamientos de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño”.

El legislador pidió que Caamaño informe al Congreso si su organismo produjo algún informe “previniendo la situación de conflictividad de la provincia y los peligros para la seguridad del jefe de Estado”. Dijo que “el problema de Caamaño es que se la pasó denunciando que los informes ambientales que hizo la gestión de la AFI de Cambiemos, como se hacen en todos los países, son espionaje ilegal”.

Advirtió que este ataque es la consecuencia de “tener un organismo de inteligencia basado en el desprecio por sus agentes y analistas, sumado a un esquema prácticamente nulo ante las amenazas reales y potenciales, solo pueden tener como resultado una Argentina dominada por la inseguridad”.

Destacó que “sí el presidente, la persona que debería ser la más protegida por su función, casi es apedreada cuando circulaba a la vez que lograron tomarla de la ropa, qué le espera al simple ciudadano de a pie que no tiene a su disposición el aparato de seguridad e inteligencia que posee el Estado”.

En declaraciones periodísticas, Cano sostuvo que “los Ciudadanos sostienen con el pago de los impuestos y el esfuerzo de su trabajo a diversas agencias del Estado que se deberían encargan de la Seguridad, la planificación, la prevención y la respuesta contra los diversos delitos que afectan la vida, la integridad física y material, entre otros derechos, de las personas que habitan suelo argentino”.

“Hoy hemos asistido a un espectáculo dantesco. El presidente de un país forcejeando con manifestantes enojados en su visita a la Provincia de Chubut. Es un presupuesto sabido que los máximos dignatarios son las personas más protegidas, debido a las medias y medios que se implementan a tal fin por la alta función que ejercen”, comentó el legislador nacional por Tucumán.

Entonces, “se ha visto está muy lejos de un esquema de seguridad presidencial con el cumplimiento de los parámetros profesionales mínimos que se requieren para que la vida de un Presidente no corra riesgos”.

Más allá de la legitimidad de la protesta y el derecho de manifestar el descontento, “la agresión física que hemos visto en la visita del presidente Alberto Fernández, en el marco de los incendios y las terribles perdidas que están sucediendo en la región patagónica, son injustificables”.

En este incidente “vemos el efecto de la aplicación de una política de insecuritización de la sociedad que afecta la calidad democrática y el estado de derecho. Política que se basa en la desconfianza por parte del Gobierno hacia las fuerzas de seguridad y policiales, y a los modelos y medios que la propia Democracia establece como son la prevención criminal, la inteligencia estratégica y la planificación policial”.

De continuar “con esta visión errónea en Seguridad, la Argentina finalmente se convertirá en un estado fallido sin posibilidad de retorno. Es necesario llamar a la reflexión al presidente Fernández para que revea su visión maniquea en materia de planificación porque ya sus efectos los ha podido, lamentablemente, comprobar él mismo”, finalizó Cano.