El tribunal apuntado por Cristina Kirchner tiene que definir en una decena de casos de corrupción K

de denuncias y acusaciones. Esos enojos, que incluyeron entre otras la denuncia contra el presidente del tribunal Gustavo Hornos por sus encuentros con Mauricio Macri y la denuncia contra el juez Juan Carlos Geminiani por mensaje machistas, apuntan a desgastar a la Cámara que viene fallando de manera adversa para los intereses del kirchnerismo.

En carpeta, además, Casación tiene que resolver sobre una decena de causas que involucran a la vicepresidenta y a ex funcionarios y dirigentes K.

Las críticas de Cristina contra el tribunal se enfocan ahí, entienden varios jueces y fiscales de los tribunales de Retiro, “porque es el organismo que tiene superintendencia sobre los Tribunales Orales”, es decir, es responsable de resolver los planteos y quejas sobre lo resuelto en los Tribunales que realizan los juicios o que están por iniciarlos. Por otro lado, es la Cámara responsable de confirmar o no las condenas dictadas en los juicios.

La vicepresidenta cuenta con ocho causas elevadas a juicio oral, donde se la acusó de diferentes hechos de corrupción: el expediente por las operaciones con Dólar Futuro, la causa por la firma del Pacto con Irán, el presunto direccionamiento en la obra pública a Lázaro Báez, los casos Hotesur y Los Sauces y la investigación conocida como los Cuadernos de las Coimas, entro otros expedientes. En algún momento, cuando sea jugada en esos expedientes, Casación podría intervenir. 

Pero además de esas causas,  hay al menos una decena de investigaciones sobre las que deben pronunciarse en diversas instancias, las salas de la Casación y que involucran a la vicepresidenta como parte de su ex gabinete.

Por ejemplo, la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma debe resolver si Amado Boudou vuelve a prisión o no a cumplir la condena que el 3 de diciembre confirmó la Corte. Cuando avance en el debate oral el caso Ciccone II (se investiga la ruta de dinero que permitió la compra de la ex calcográfica), esa misma sala es la que deberá intervenir.

Esa misma sala deberá pronunciarse sobre la condena a doce años por lavado de activos contra Lázaro Báez conocida como la Ruta del Dinero K.

Es justamente, la Sala IV también la que interviene en el caso del presunto direccionamiento de la obra pública, el único juicio que Cristina Kirchner tiene en desarrollo desde hace más de un año y medio. Todos los recursos para que el debate oral no continúe o los diferentes reclamos, se resuelven en la Casación.

Por otro lado, esperando que el Tribunal fije fecha de inicio, la Casación también interviene en lo concerniente a la causa por el Pacto con Irán, donde la vicepresidenta está procesada por encubrimiento agravado del atentado contra la sede de la AMIA por el memorándum de entendimiento. Este caso inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Hay otros expedientes sobre los que debe expedirse la Cámara de Casación: las condenas contra Milagro Sala, el caso por enriquecimiento ilícito contra Julio De Vido, como también el caso conocido como Sueños Compartidos que involucra a Hebe de Bonafini y los hermanos Schoklender por desfalcos en la obra pública.

Fue el máximo tribunal penal el que recientemente, ordenó que la causa por presunto espionaje contra el gobierno macrista que se encontraba radicada en Lomas de Zamora, tramite en Comodoro Py, algo a lo que se opuso el kirchnerismo con diversos planteos.

La Sala I, donde realizó su exposición Cristina Kirchner, es la que interviene en la causa del Dólar Futuro y en dos casos de suma relevancia para la vicepresidenta, Los Sauces y Hotesur. Allí se encuentran procesados Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero. El TOF 5 estima que en la segunda etapa del año podrían fijar fecha de inicio del juicio.

Otros casos de corrupción durante el gobierno kirchnerista deben resolverse en la Sala III como la condena contra Ricardo Jaime en la Tragedia de Once, el caso Odebrecht donde está acusado Julio De Vido, Roberto Baratta, Daniel Cameron, entre otros, por haber cobrado coimas del gigante brasileño a cambio de garantizarle obras millonarias.

Hay otros casos. La Sala II por ejemplo, debe pronunciarse sobre la condena por enriquecimiento ilícito contra José López, el caso en el que se investigó los bolsos con 9 millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez.

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