Amenazado de muerte, con la casa marcada, recibiendo mensajes que hablan de “hacerle la cama” para encarcelarlo, así continúa la vida de Gustavo Castro (39), el director de Hábitat y Tierras
de Lago Pueblo, después de haber recibido una paliza, durante la convulsionada visita del presidente Alberto Fernández.
Minutos más tarde de la agresión a la combi que transportaba al mandatario, un rumor comenzó a correr en los chats y en las redes, que lo apuntaban como el hombre “detrás” de las manifestaciones.
Castro tiene una versión distinta de los hechos. Porque mientras el presidente era atacado, el dirigente asegura que se hallaba bajo los efectos de una golpiza brutal. El funcionario sabe con claridad quién los agredió a él y a su mujer, pero ignora la identidad de los perpetradores del otro ataque.
“Yo estaba trabajando con mi mujer en el tema de los vecinos que postulan a un terreno, y cuando vi que había una manifestación de la No Minería le dije vamos. Es la primera vez que participó de una manifestación de esa agrupación”, le cuenta a Clarín.
Al llegar al lugar donde desarrollaba, la Escuela 108, Castro descubrió que había militantes de la UOCRA de Esquel que habían comenzado a agredir a la primera línea de manifestantes compuesta por mujeres. Levantó su cámara y tomó fotografías. “Es instintivo”, dice. Entonces alguien gritó: “¡Nos está marcando!” y lo siguiente fue un aluvión de golpes, relata. “Uno es tan inocente a veces, cuando vi los bombos pensé, ¡qué bueno!”, recuerda. “Si mi mujer no me cubre con su cuerpo, termino muerto”, detalla.
“Esto pasó 30 minutos antes de que fuera lo de Alberto en el Centro Cultural. No sé porqué lo llevaron allá, él iba a estar en la Escuela 108. Después me enteré de que me culpaban. Yo soy peronista, creo en el proyecto nacional, en Cristina, en Alberto. Que me culpen obedece a otras razones que estoy tratando de entender. Mi primera reacción fue: ¿qué está pasando? Esto me pasó o por perejil o porque querían provocar un impacto por el tema de la explotación minera”, analiza.
Castro llegó a Chubut hace 3 años buscando una nueva vida con su esposa. Oriundo de Luján, durante los primeros años del gobierno de Mauricio Macri instaló un estudio fotográfico en San Telmo. Pero su iniciativa se vio frustrada en la crisis.
“Tengo un largo trabajo como reportero, he trabajado en el Congreso, en ONGs. Vinimos acá porque queríamos cambiar y seguí militando”, detalla.
Cuenta que presentó su renuncia al cargo municipal aunque el intendente Augusto Sanchez aun no la confirmó.
Castro acepta que en la Cordillera se funden militancias políticas, con consignas ambientalistas, indigenistas e intereses productivos como la minería y el desarrollo inmobiliario. “Es un berenjenal, el gobierno debe saberlo”, opina.
“(El gobernador Mariano) Arcioni no tenía que venir”, asevera Castro. Para muchos aquí el gobernador es un representante de las empresas mineras en la región. El 4 de marzo pasado se suspendió la sesión de la Legislatura en Chubut para darle bandera de largada a la megaminería. El martes 16 se volverá a tratar el proyecto de Zonificación Minera que tanta expectativa genera en la Cordillera. “El 99% de la gente acá no quiere la megaminería”, asevera Castro.
Las líneas que se cruzan en la zona son disímiles y brutales. Vecinos cuentan a Clarín que hay gente que “se alegró por los incendios” porque “limpian” las ocupaciones. Mientras unos apuntan a la RAM de haber comenzado el fuego, otros señalan a los actores del negocio inmobiliario.
La llegada de Fernandez en un momento muy “caliente”, “caótico” (según definen en la región) en que más de 1000 personas quedaron en la calle, en el que otras miles reclaman contra la megaminería y existe una fuerte resistencia al gobernador, constituye un grueso error de diagnóstico o una secuencia pensada, opinan voces locales que conversan con Clarín.
“Desde el municipio alentamos la regularización de la propiedad de la tierra y a esto se le suma la oposición de la mayoria al negocio minero. Creo que despertamos fuerzas que nos sobrepasaron”.
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