Tres meses transcurrieron desde que, por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Amado Boudou en el caso Ciccone, la ex calcográfica con capacidad para imprimir papel moneda.
Su arresto domiciliario fue revocado semanas después, pero aún permanece bajo dicha modalidad porque la Cámara de Casación debe resolver si el ex vicepresidente regresará a prisión o no. Este miércoles habrá una audiencia y comenzarán a correr los plazos para que los jueces decidan dónde cumplirá su condena Boudou.
El 3 de diciembre la Corte confirmó la decisión de la Cámara de Casación, que a su vez había avalado la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) contra el ex vicepresidente de la Nación. En agosto de 2018 sus jueces determinaron que fue responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de Ciccone. Se convirtió así en el primer ex vicepresidente en tener una condena por corrupción firme.
Después de ese fallo comenzó un extenso recorrido judicial para determinar dónde debía cumplirse la condena. Desde abril del 2020, Boudou se encuentra bajo arresto domiciliario, después de que el entonces juez de ejecución Penal Daniel Obligado consideró que en medio de la pandemia por el Covid19 era mejor para sus hijos pequeños que permaneciera en su hogar. Además, el juez adujo que la condena del caso Ciccone no estaba firme todavía, una situación que se revirtió en diciembre.
Cuando se conoció la decisión de la Corte, la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal que intervino en el juicio, Marcelo Colombo, dictaminaron que Boudou debía regresar a la cárcel y allí cumplir con su sentencia. Sin embargo, el juez Obligado sólo fijó la fecha en que la condena estaría cumplida: el 1 de junio de 2024. Fue después de dos pedidos de los fiscales que finalmente el 31 de diciembre pasado el magistrado revocó el arresto domiciliario del ex vicepresidente de Cristina Kirchner.
Pero de inmediato la defensa de Boudou apeló esa resolución sosteniendo que al revocar el arresto domiciliario “se desatendieron, sin considerarlas de ningún modo y con arbitrariedad, las extensas referencias de la especialidad aportadas por el Defensor Público que coordina la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y que interviene en el trámite en representación” de los hijos del ex vice. Así, invocaron una vez más, la necesidad de tener en cuenta la Convención de los Derechos del Niño.
Ese reclamo llegó hasta la Cámara Federal de Casación Penal, razón por la cual Amado Boudou mientras tanto continúa con el beneficio de la prisión domiciliaria.
Los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal fijaron una audiencia para este miércoles. En ella, los abogados presentarán un escrito para sostener y ampliar los argumentos con los cuales requieren que el ex vice cumpla su condena en su domicilio.
Luego de la audiencia comenzarán a correr los plazos para que los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma resuelvan si harán lugar al pedido de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort o harán cumplir la revocatoria del beneficio del arresto domiciliario y ordenarán que Boudou vuelva a la cárcel.
En el medio hubo otra decisión del juez Obligado: redujo en diez meses la sentencia del ex vice. Con esa modificación, ya podrá acceder a las salidas transitorias y se acerca a la libertad condicional, al llegar a los dos tercios de cumplimiento de su acusación. Como nadie apeló aquella decisión, quedó firme a comienzos de mes.
Para obtener esa reducción de los plazos Obligado tuvo en cuenta una serie de talleres realizados por Boudou durante su estadía en prisión: el curso de Programador de sistema de base de datos de computadoras personales y otro de Montador Electricista, por ejemplo.
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