El terrible caso de Jineth Bedoya: fue drogada, secuestrada y violada, y ahora lleva al Estado colombiano al banquillo de los acusados

(CIDH).

Su tormento se desató el 25 de mayo del año 2000. Y durante más de una década el crimen quedó totalmente impune.

Ahora en la CIDH, durante tres días de audiencias, el Estado de Colombia dará explicaciones acerca de su pasividad en el caso, y la Corte podría determinar una condena internacional contra este país.

Horror y violencia

El 25 de mayo del año 2000, Jineth de 26 años, afrontaba su día laboral como cualquier otro día. Tenía pendiente una entrevista con una posible fuente, en el caso que venía investigando sobre tráfico de armas, desapariciones y homicidios que involucraban a funcionarios y miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Allí mismo, en las puertas de la Cárcel Modelo de Bogotá, donde había sido citada para hablar con su supuesta fuente, tres hombres la interceptaron, la obligaron a subir a un vehículo, la drogaron, la torturaron y luego la violaron por más de 16 horas. Después la dejaron tirada en una vía que sale de la ciudad de Bogotá, hacia los llanos orientales, en una zona despoblada cerca de Villavicencio.

Estos tres criminales luego serían reconocidos como integrantes de las AUC.

Jineth Bedoya publicó en su cuenta de twitter: “Llevar mi caso ante un tribunal internacional no solamente es reivindicar lo que me ha ocurrido a mí como mujer y como periodista. Es también abrir la puerta de esperanza para miles de mujeres y niñas que como yo tuvieron que afrontar la violencia en medio del conflicto armado colombiano”.

Lo sucedido aún estremece a Jineth y cuando se refiere al matón del grupo de secuestradores recuerda que puso su pistola sobre su sien, la cargó y luego de golpearla la obligó a abrir los ojos lo más grande que pudiera. “Me tomó mucho tiempo para dejar de sentirme sucia y muchos años para permitir que un hombre me volviera a tocar. Una violación no es un puño o un golpe, es un delito que nos destroza la vida”, recuerda Jineth.

Avances del caso

Jineth Bedoya se animó a hablar públicamente de lo que le había sucedido recién en 2009. Desde entonces lidera la campaña “No es hora de callar”, que promueve que las mujeres denuncien las agresiones sexuales y la violencia de género.

Ella misma explicó su prolongado silencio acerca de la violación que sufrió: “Tras el secuestro guardé silencio porque pensaba que como periodista no podía identificarme como víctima. Además, sentía tal vergüenza que para mí era imposible siquiera hablarlo con mi madre. Y era consciente de que, aunque denunciase, no iba a pasar nada y yo me iba a desgastar en ese proceso”.

Finalmente, este lunes se inició el proceso contra el Estado de Colombia y la CIDH convocó a las audiencias públicas. En total se analizarán cuatro casos en estudio por la Corte, como también se deliberarán dos sentencias y una opinión consultiva. Entre esos cuatro casos, está el de la periodista.

El lento avance de la justicia

A pesar de que Jineth Bedoya denunció ante las autoridades inmediatamente sobre su secuestro y violación, durante 11 años la justicia colombiana no hizo mayores avances sobre el caso. Fue por eso que en mayo del 2011 Jineth llevó su caso ante la CIDH, lo que obligó a la Fiscalía General de la República a retomar las investigaciones. A partir de allí, fueron vinculados con el crimen tres personas: el paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, el “panadero” Mario Jaimes Mejía y “huevoepisca” Jesús Emiro Pereira.

La entonces fiscal que llevaba el caso, Viviane Morales, determinó que existía una deuda del Estado para con Jineth Bedoya. El expediente fue clasificado como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

Pero a pesar de ser caratulado el expediente de esta manera, la vinculación de estas tres personas al delito fue el único avance sobre la causa en 20 años. Según la investigación, estuvieron involucradas alrededor de 25 personas y hasta se ha señalado responsabilidad por parte de agentes del Estado.

Entre los lentos avances, la Corte determinó que todo lo sucedido se hubiese podido evitar: “Se argumentó que el Estado colombiano tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la periodista y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla”. Así se expresó la Corte en un comunicado.

La importancia del caso

La relevancia de lo sucedido con Jineth Bedoya, además de impartir justicia y tratar de dar con los culpables de su secuestro y violación, tanto a nivel físico como también los autores intelectuales, es que será la primera vez que la CIDH se pronunciará sobre la violencia contra las mujeres periodistas, pero además la primera vez que un tribunal internacional se expresará sobre la violencia sexual en Colombia.

En abril de 2020, el índice de Chapultepec, una herramienta de medición sobre las libertades de prensa y expresión, indicó que Colombia solo contaba con casi 58 puntos de libertad de prensa y se enmarcaba dentro de un panorama de parcial restricción.

Y al respecto también se expresó Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa a Bedoya: “El uso de violencia sexual contra las mujeres periodistas es una de las herramientas que silencian su voz en la prensa de Colombia y a nivel mundial. El caso de Jineth cruza el silenciamiento de mujeres periodistas con el uso de la violencia sexual como arma de guerra”.

Según el documento presentado por la CIDH, “Jineth Bedoya fue víctima de constantes amenazas y ataques contra su vida e integridad personal relacionados con el ejercicio del periodismo antes de su secuestro, el 25 de mayo de 2000 (…), nunca recibió protección del Estado y las amenazas continuaron”.

A su vez, se agrega en el documento que el Estado no solo es culpable por no garantizar protección, sino también por la impunidad que hizo que durante 11 años hubiera una investigación en la Fiscalía que solo identificó a tres culpables -los autores materiales de los hechos- pero no hubo identificación de los determinadores de lo que sucedió.

En 2018 la CIDH indicó que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la vida, libertad, integridad, libertad de expresión, igualdad ante la ley, derechos a las garantías y protección judiciales.

Está latente una posible condena internacional contra Colombia determinada por la Corte, según lo que vaya sucediendo con las audiencias públicas.

Redacción Clarín, con información de El Tiempo y Clarín archivo.

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