Panamá es esquivo a concertar en Naciones Unidas reformas en favor de los pueblos indigenas, trabajadores migratorios y domésticos, orientación sexual e identidad de género, y despenalizar el aborto.
El gobierno
de Panamá se limitó a “tomar nota” de 35 recomendaciones de diferentes estados con el objeto de mejorar el respeto de los derechos humanos, principalmente sobre poblaciones indígenas, trabajadores migratorios junto a sus familias, y orientación sexual e identidad de género, incluyendo la despenalización del aborto, para ponerse a tono con los estándares internacionales, señala un documento de la ONU publicado en Ginebra.
La noticia constituye una parte de las conclusiones del llamado Examen Periódico Universal (EPU) al que están obligados a comparecer los 193 países que componen el sistema de Naciones Unidas, cada cinco años. Se trata de un examen oral “entre pares” llevado a cabo por todos los estados que deseen participar voluntariamente en el mismo, donde el gobierno del país examinado escucha y resuelve sobre las propuestas que se le formulan, elevando en un plazo igual para todos las respuestas escritas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
La noticia constituye una parte de las conclusiones del llamado Examen Periódico Universal (EPU) al que están obligados a comparecer los 193 países que componen el sistema de Naciones Unidas, cada cinco años.
El “toma nota” significa un rechazo para la ONU, que exige a los Estados miembros pronunciarse por el si o por el no. En los temas antes apuntados, Panamá da la impresión de ir rezagado en la adaptación de su legislación al avance del reconocimiento de los derechos humanos, según los instrumentos vinculantes que se van adoptando en la ONU, pues han sido otros países de la región de América Latina y el Caribe, quienes llevaron la delantera exhortándolo de ponerse a tono con el reconocimiento mundial imperante en la materia.
Llama por ejemplo la atención que Panamá no haya aún ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio de 1989. Esta suerte de tratado, establece entre otros principios, que las inversiones y modificaciones de cualquier índole en la explotación de las tierras ancestrales de los pueblos autóctonos, requieren ante todo que dichas poblaciones otorguen el consentimiento libre, previo e informado a los eventuales cambios en sus territorios, la flora, fauna y aprovechamiento de recursos naturales allí existentes.
Al aspecto, han sido Paraguay, Ecuador, Perú, Venezuela, México y Honduras, que alentaron a Panamá a ratificar este Convenio, además de Togo, Bélgica y Dinamarca. México agregó que a tales fines hacen falta “procedimientos adecuados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”. Perú añadió que Panamá debería cuidar “en relación con sus tierras y territorios”, su “particular relación con el pueblo naso”.
Llama por ejemplo la atención que Panamá no haya aún ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio de 1989.
En cuanto a que Panamá estudie “la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias” de la ONU, se lo reclamaron Paraguay, Ecuador, Argentina, Chile, Honduras y El Salvador, conjuntamente con Togo, Senegal, Indonesia y Filipinas. Este último adicionó ratificar también el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de la OIT, número 189, proclamado en 2011.
Ecuador, Togo, Portugal y Montenegro, apuntaron que a Panamá le falta ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que da a las personas a titulo individual, la facultad de recurrir al Comité de la ONU que vigila el cumplimiento de dicho Pacto. Esto es valido para todo habitante de un país que haya suscripto el mencionado Protocolo, y que no haya respetado el contenido del Pacto en el caso de la persona que apela a la ONU, luego de haber agotado la vía judicial interna en el país concernido.
Por otra parte, Eslovenia le solicitó a Panamá “aprobar legislación que prohiba la discriminación en todas sus formas … por razón de la orientación sexual y la identidad de genero”. Se sumaron aportando precisiones diversas, Inglaterra, Mexico, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Israel, Holanda y Alemania. Francia se pronunció a favor que Panamá asegure “el acceso de las mujeres y las niñas a los derechos sexuales y reproductivos, en particular despenalizando el aborto”.
CP
