El Gobierno planteó su dilema en la audiencia por el precio del gas: aumento o más subsidios

de entre el 26% y 35% en las facturas para poder pagar el gas que se comprometió a comprar. La otra opción es recurrir a un subsidio extra de $ 56.083 millones (que no está en el presupuesto), según planteó Maggie Videla, subsecretaria de Hidrocarburos y expositora en nombre del Poder Ejecutivo.

La discusión de hoy fue sobre el precio de gas “en boca de pozo”. Es el principal costo en las boletas. El Gobierno se comprometió a comprar 70 millones de metros cúbicos. Para seguir subsidiando como el 60% de las boletas -como hizo hasta ahora- necesita $ 132.000 millones, pero el presupuesto lo autoriza a la mitad.

La audiencia tuvo formato virtual, con las complicaciones que eso genera. Micrófonos que no andaban, cámaras que no conectaban la hicieron dificil de seguir en algunos tramos. Hubo parecidos y diferencias con respecto a las audiencias públicas que tuvieron lugar en la gestión anterior.

Como similitud, hubo mucha presencia de entidades de defensa del consumidor y defensores del pueblo de distintas localidades y provincias. Como diferencia, casi no hubo intendentes (Fernando Gray, de Esteban Echeverría, Gabriel Katopodis de San Martín, y Roberto Feletti, en representación de La Matanza eran asiduos en la gestión anterior), mientras que casi no hubo argumentos por parte de las empresas. En las audiencias de 2016, las productoras (como YPF) solían tener la palabra.

Las entidades de defensa de consumidores y defensores del pueblo pidieron que no haya aumentos. Casi todos retrataron a las empresas “que cotizan en la bolsa” en forma negativa, mientras que reclamaron protección para hogares y comercios, con ingresos en pesos. Hubo un par de alocuciones que retomaron el discurso del presidente Alberto Fernández sobre la necesidad de “desdolarizar” las tarifas, un argumento que utilizó en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa.

Hubo que esperar unas 6 horas (más los recesos) para escuchar la primera voz discordante. Fue la diputada Jimena Latorre (UCR-Mendoza). “Al inicio de esta audiencia, se dijo que los entes reguladores dependen de la secretaría de Energía. En realidad, los entes son autárquicos por ley, en el ámbito de la secretaría de Energía, se vinculan funcionalmente con el Poder Ejecutivo a través de la secretaría de Energía, pero no que dependan de ella. Hay una desnaturalización en las concesiones de los servicios públicos, porque se está confundiendo el poder concedente con el de control y regulador”, marcó. “Este Gobierno está llevando adelante un atropello ante organismos que deberían ser técnicos (los reguladores), pero son políticos”, criticó.

“Los subsidios representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Son (una forma) de salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad. Los subsidios a la energía son una política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, observó, desde la vereda opuesta, Fernanda Vallejos del Frente de Todos (FDT).

Daniel Martini, director ejecutivo de Adigas (la asociación de distribuidoras de gas) presentó un informe técnico. “La producción de gas incide en un 42% de las boletas de los clientes residenciales, mientras que en 1992 era el 17%. Para un cliente Pyme, el 57% del costo es por gas (lo que perciben los productores.

Los distribuidoras apoyan el plan Gas del Gobierno. Pero recalcan que “los volúmenes son insuficientes para abastecer la demanda prioritaria durante el período invernal. Estos faltantes deben ser abastecidos al precio reconocido en los cuadros tarifarios vigentes que aprueba el Enargas”, observaron.

“Esta audiencia parte de un precio de gas (en boca de pozo) ya definido, no cumple con la manda judicial (N. de la R: cuando la Corte Suprema obligó al Poder Ejecutivo a realizar audiencias públicas) (…) No se pone en análisis la composición de los subsidios energéticos. Lo que se hace es disfrazar en el enmarañado y anárquico sistema de subsidios, la ampliación de estos subsidios para comprar gas importado, es decir enmascarar una política eleccionaria”, objetó Latorre.

Y añadió: “El 17% del gas que se utilizará este año es GNL, el más caro. En 2014 hubo US$ 20.000 millones para subsidios energéticos. Hay una vuelta a la dependencia a las importaciones. Esos dólares que no tenemos son los se van usar para las importaciones. Hay una contradicción entre las declaraciones de la secretaría de Energía, que depende del ministerio de Economía, con un presupuesto que ejecutar, y los entes regulatorios intervenidos políticamente pretendiendo sostener con dinero de los contribuyentes sus medidas partidarias”.