Impugnan al candidato de Santiago Cafiero para la Agencia de Acceso a la Información Pública

que actualmente se desempeña en la Jefatura de Gabinete. Advierten que no cumple con los antecedentes necesarios y que su eventual nombramiento pondría en riesgo la autonomía de la Agencia.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó este martes la impugnación de Fuertes, que actualmente es asesor legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Pidieron el retiro de su postulación y el envío de un nuevo perfil para ocupar el cargo.

Desde ACIJ detallaron que Fuertes, de 59 años, no satisface “los requisitos de idoneidad” para encabezar la Agencia de Acceso a la Información Pública, una oficina autárquica que protege el interés de las personas que solicitan información pública, que resulta clave en la transparencia institucional y que, por ello, puede entrar en conflicto con representantes gubernamentales.

Dada la falta de experiencia en el área de protección de datos, la organización calificó como “una regresión” en la materia su posible nombramiento. También pidieron que se cumpla con la alternancia de género en ese puesto.

Fuertes, abogado y escribano, se desempeñó con anterioridad en el área de Comercio en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Coordinó los programas Precios Ciudados y Ahora 12 en esa jurisdicción. Asimismo, cumplió funciones como autoridad provincial de aplicación de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y el Registro No Llamar.

En el currículum que debió dar a publicidad, como requisito para el proceso de postulación, Fuertes no brindó ningún antecedente en la materia, ni especialización alguna en temas relacionados con “la libertad de expresión, acceso a la información pública o protección de datos personales”, según enumeró la ACIJ en su impugnación.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia explicó que el requisito de idoneidad cumple dos objetivos: el “correcto de desempeño de sus funciones” y la “garantía de imparcialidad e independencia”.

“Ello despierta naturales preocupaciones en torno a un futuro ejercicio autónomo del puesto, en caso de ser designado”, expresaron, en referencia a la falta de antecedentes.

Y continuaron: “La cercanía o afinidad política, si bien no inhibe la posibilidad de cualquier persona de ser propuesto para un cargo, no resulta razón suficiente -ni especialmente valiosa- para la selección de un/a postulante”.

Ya el viernes pasado la candidatura de Fuertes había recibido el rechazo formal de Poder Ciudadano, que presentó una impugnación a su propuesta por motivos similares a los esgrimidos por ACIJ.

Ambas organizaciones habían alertado sobre las supuestas irregularidades de Fuertes el 18 de febrero pasado, cuando Cafiero oficializó su postulación en el Boletín Oficial.

De acuerdo a los protocolos para la selección, se abrió una ventana de un mes para la presentación de observaciones. Este período concluirá el martes próximo.

Ese día se realizará la audiencia pública virtual en la que se debatirá la postulación propuesta por el Ejecutivo.

Finalmente, el 30 de marzo el Gobierno deberá ratificar o retirar la candidatura de Fuertes. En caso de desistir, propondrá a otra persona y dará inicio a un nuevo proceso.

DS

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