Palabras clave como “soterramiento”, “IECSA” (la firma que perteneció a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), “Argentina” y “Ghella”, entre otras, fueron la contraseña de búsqueda para que el Ministerio Público
de Brasil envíe documentación clave a la justicia argentina en uno de los expedientes donde se investiga una ruta de presuntas coimas vinculadas a la constructora Odebrecht, sus socios locales y al Ministerio de Planificación Federal que dirigía Julio De Vido. La información llegó al juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi con documentos de transacciones financieras, el video de una confesión y una gran cantidad de archivos digitales.
La obra del soterramiento del tren Sarmiento, que investigan Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi, fue cotizada en 3.000 millones de dólares y otorgada al consorcio constituido por Odebrecht (investigada en su país por la operación Lava Jato), IECSA, Ghella y ComSa. Por el escándalo de las coimas, en junio del 2018 la brasileña se fue de la obra.
En el marco del Lava Jato, los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares por sobornos a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular diversos contratos de obra pública.
En abril de 2019, Martínez de Giorgi procesó a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal por “negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas”, por presuntamente haber favorecido a las firmas ganadoras de la licitación. También por dádivas se había procesado además Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos.
Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución, y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados.
En ese contexto, y gracias a la firma del acuerdo de colaboración entre el Ministerio Público Fiscal argentino y su par en Brasil, se requirió a los fiscales brasileños que remitan documentación vinculada al soterramiento del Tren Sarmiento. El juzgado debe investigar la ruta de sobornos a los ex funcionarios argentinos.
El fiscal Franco Picardi determinó la existencia de “contratos simulados”, que a la UTE integrada por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa le habría permitido girar cerca de 5 millones de dólares a la Banca Privada de Andorra. Según la investigación, ese dinero luego se habría destinado al “pago de coimas”.
Según confiaron a Clarín fuentes de la investigación, la información de Brasil llegó en dos tandas. A través de la Cancillería, el primer envío contenía un CD con varias carpetas con información vinculada al caso que tramita en nuestro país respecto del manoseado contrato para soterrar la traza del tren Sarmiento.
La documentación remitida a Buenos Aires fue seleccionada por un motor de búsqueda al que se le cargaron palabras clave como “soterramiento”, “IECSA”, “Argentina”, las empresas que integraron la UTE y algunas otras que se habrían creado para canalizar el pago de sobornos.
Ese conjunto de carpetas con mucha documentación -incluidas varias transacciones financieras- está en manos de un perito traductor designado por el juzgado a cargo de Martínez De Giorgi.
Pero además ingresó un segundo envío desde Brasil, que según fuentes judiciales contiene un video que “sería la confesión de Luiz Antonio Mameri”. Se trata de uno de los ex directivos de Odebrecht que se acogió a la delación premiada en Brasil y confesó ante el juez Sergio Moro. El ex número dos de la constructora para América Latina había asegurado en otra ocasión que Javier Sánchez Caballero (integrante de IECSA) les avisó a los ejecutivos de Odebrecht que tenían que hacer “pagos indebidos” a medida que empezaron a cobrar por sus trabajos. Siempre según su relato, era lo acordado con los funcionarios de Planificación.
El video también fue enviado para su traducción. Fuentes del caso indicaron que la gran cantidad de información de carácter financiero que se sumó al expediente será analizada por el fiscal Picardi.
El representante del Ministerio Público Fiscal ya había presentado el año pasado un informe de 70 páginas ante el juzgado, donde refuerza la tesis de la existencia de una ruta de sobornos. “Se sumaron nuevos elementos probatorios detectados por esta parte, como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la UTE integrada por “Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A suscribió dos contratos ficticios o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)”, dijo.
La fiscalía sostuvo que estos contratos ficticios le permitieron a las empresas girar 4.495.250 dólares a la Banca Privada de Andorra “para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”.
En sucesivos dictámenes, Picardi planteó que la transacción comercial puesta en crisis “se erigió como un eslabón más dentro de un engranaje jurídico y financiero diseñado por las firmas en cuestión y sus integrantes con el solo fin de concretar el pago de sobornos a funcionarios públicos integrantes de la entonces cartera del Ministerio de Planificación Federal y asegurarse de esta forma la adjudicación y continuidad de la obra”.
Las coimas por la obra del soterramiento de la línea de trenes que une la Capital con el oeste del Gran Buenos Aires habrían tenido un piso de 3,3 millones de dólares para funcionarios argentinos pero podrían haber llegado a 20 millones de la misma moneda; a los brasileños les habrían tocado 5 millones.
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