Submarino San Juan: los marinos sancionados por el consejo de guerra apelarán a la justicia en lo contencioso administrativo federal

hacen reclamos al Estado pero no tiene carácter penal.

El abogado del capitán Claudio Villamide, Juan Pablo Vigliero, rechazó las sanciones y apelará ante la justicia civil del fuero señalado. En igual sentido, se pronunciaron los abogados del ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contraalmirante (RE) Luis López Mazzeo.

Vigliero dijo a Clarín que no puede ser destituido con el argumento de su procesamiento porque “no está condenado”.

La destitución implica la pérdida del grado militar y sus derechos salariales y es una medida deshonrosa para los militares. Los últimos militares que fueron destituidos fueron el dictador Jorge Rafael Videla tras ser condenado por la represión ilegal. Así dejó de ser un general retirado para pasar a ser un ex general.

Además, durante el juicio “se comprobó que lo más seguro para el submarino era permanecer en inmersión, decisión que tomó el comandante del submarino. El diseño de la nave indica que es más seguro navegar en inmersión que en la superficie en medio de una tormenta”.

Vigliero dijo, además, que “permanecer en superficie o en profundidad de periscopio estorbaba la maniobra para verificar la avería” en las baterías de proa. Y afirmó que el argumento de no convocar urgente a su estado mayor “no está en el reglamento y, sin embargo, Villamide trabajó codo a codo con su gente”.

La apelación comenzará en el fuero en lo contencioso administrativo. Pero en fuentes militares se estima que las condenas irán, finalmente, como prueba a la causa penal que tramita la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez. Es más, el consejo de guerra usó como argumento de las sanciones los procesamientos dictados por la juez federal de esa ciudad de Santa Cruz.

En febrero de 2020, la magistrada procesó a ocho marinos por el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de ideal”.

Así imputó a a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También los acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, y les trabó embargos que van entre los 2 millones a los 3.5 millones de pesos.

Sin embargo, el sector de familiares que lidera el abogado Luis Tagliapietra se quejó y reclamó que los marinos fueran procesados por delitos más graves. También presentó un pedido de juicio político contra la jueza ante el Consejo de la Magistratura.

En noviembre pasado, la cámara federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de la jueza y le ordenó investigar si también hubo responsabilidades de Macri y Aguad en el naufragio.

Por otra parte, el juez federal porteño Ariel Lijo delegó otra investigación en el fiscal Federico Delgado. Es por una serie de anónimos que llegaron a los tribunales sobre supuestas irregularidades en la instrucción del sumario interno de la Armada que dio lugar al Consejo de Guerra. Lo que preanuncia un largo proceso judicial para llegar a la verdad en esta tragedia.