Alejandro Miguel Ochoa (55), el motochorro acusado de causarle la muerte a la psicóloga social María Rosa Daglio en Ramos Mejía, salió de la cárcel de Batán el 29 de abril
de 2020, beneficiado por las excarcelaciones extraordinarias otorgadas en el inicio de la pandemia. Debió permanecer en prisión hasta el 16 de junio de 2024, pero su abogada defensora logró que lo liberen bajo el pretexto del “derecho a la salud”.
Ochoa estaba cumpliendo una condena a ocho años de prisión por un hecho similar, pero que tuvo un final diferente. En febrero de 2016, a bordo de una moto Raiser 200, le robó la mochila a una joven en Mar del Plata. Como en el caso de la psicóloga no tuvo contemplación: la arrastró por el piso hasta fracturarle el brazo.
El juez Marcelo Alfredo Riquert, presidente de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, no analizó sus antecedentes penales ni su condición de reincidente. Pese a la oposición manifesta del juez de ejecución Ricardo Gabriel Perdichizzi, el camarista le concedió el arresto domiciliario por dos cuestiones: los supuestos problemas de salud y el informe de conducta que elevó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Ochoa era considerado un preso ejemplar con diez de conducta. Trabajó para una empresa privada que embotella lavandina dentro del penal y realizó tareas de mantenimiento en el sector de visitas, en cocina y maestranza de la sección vigilancia y tratamiento. Además, entre los años 2018 y 2019, completó primer y segundo año de la secundaria y participó de talleres de yoga y teatro; fue coordinador de alcohólicos anónimos y hasta instructor de ajedrez.
El informe del SPB también dio cuenta de sus problemas de salud: “De lo expuesto en el informe médico y primando razones de orden humanitario en el marco de la pandemia mundial, específicamente los antecedentes de afección respiratoria que presenta, este Departamento Técnico-Criminológico estima la conveniencia de incluir al interno en el régimen de prisión domiciliaria”.
Sobre este punto, se basó el planteo que realizó Fabiana Danti, la abogada del motochorro. Esto expuso: “De los informes obrantes en autos, así como las numerosas resoluciones que se refieren al estado de salud de mi defendido, surge que Ochoa en reiteradas oportunidades demandó que se le brinde la atención médica pertinente en relación con los problemas urológicos que lo aquejan, siendo el propio Dr. Sapero, médico de la Asesoría Pericial Departamental, quien ratificó la gravedad de su cuadro y aún así no recibió la asistencia profesional pertinente”.
“La prolongada dilación en esas gestiones corroboran una vez más que de ningún modo se le brindará al encartado, dentro del establecimiento carcelario, la atención médica que su cuadro requiere”, explicó la abogada, según se desprende del fallo.
Danti también justificó la situación de hacinamiento en las cárceles y el riesgo a contagiarse Covid-19. “Por su estado de salud y teniendo en cuenta la gravísima situación de hacinamiento en la que se encuentran las cárceles bonaerenses, (Ochoa) requiere una protección individualizada por considerarse población de mayor riesgo ante el COVID-19”
En su decisión, el camarista Riquert explicó que el interno “padece de EPOC, complementado, a su vez, con problemas de próstata, infección en los genitales, entre otras, que derivó en la prescripción de una intervención quirúrgica que hasta el día de hoy no se practicó”.
El motochorro que mató a la psicóloga fue liberado en pandemia y tiene 30 años de prontuario
En el fallo, al que tuvo acceso Perfil, argumentó que “el delicado estado de salud que aqueja al causante –que lo incluye dentro de la población de riesgo, en el contexto de la pandemia mundial de COVID-19-, más el informe penitenciario que aconseja el otorgamiento del régimen de prisión domiciliaria y, sumado a ello, los prometedores dictámenes tanto personales (elaborados en el marco del encierro), como familiares (en la vivienda parental) nos permiten concluir en la viabilidad del cumplimiento de pena domiciliaria, mientras se mantenga el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo Nacional”.
La detención
Ochoa fue arrestado por la Policía de Buenos Aires este lunes a la noche durante un allanamiento realizado en Castelar, partido de Morón. El acusado estaba oculto en una casa de las calles Madrid y Hortiguera.
La fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, contó que se llegó hasta él luego de tres llamados a 911 que alertaban que estaba queriendo deshacerse de la moto empleada en el hecho.
El asalto a la psicóloga ocurrió en la calle Belgrano al 300, en pleno centro de Ramos Mejía, y quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento en el que la mujer es derribada y arrastrada unos metros por la vereda por el ladrón que circulaba en una moto Gilera modelo Y1200 color gris.
Prontuario
En el año 1990, el nombre de Ochoa apareció vinculado a una causa por tentativa de robo en una causa que se tramitó en los Tribunales de Morón. Por ese entonces tenía 24 años. Al año siguiente sumó otra imputación por hurto simple y en 1992 se le inició un expediente por el delito de robo.
Su prontuario muestra que en el año 1997 lo detienen en Mar del Plata por robo en grado de tentativa. Allí tiene otras tres causas más iniciadas en los años 2003, 2006 y 2016, todas ellas por delitos contra las personas.
La de 2016 es la más grave de todas, no solo porque una de sus víctimas terminó fracturada sino porque además lo llevó a la cárcel por varios años. Hasta que llegó la pandemia y obtuvo el beneficio del arresto domiciliario que nunca cumplió.
