Héctor Daer, el aliado más influyente de Alberto Fernández dentro del mundo sindical, activó el último lunes una alarma para el Gobierno nacional al convocar una medida de fuerza
para el jueves y viernes en el sector de Sanidad, el más estratégico en tiempos de pandemia por Covid-19. El secretario general de la CGT y titular del gremio que nuclea a trabajadores del sector encabeza un reclamo por aumentos paritarios que se vienen dilatando en el tiempo de parte de la empresas, pero pone el foco en el Ministerio de Trabajo nacional para que se zanje el conflicto.
Una de las quejas centrales apunta especialmente al retraso en los valores de las prestaciones y los aumentos de los costos que han golpeado al sector especialmente en 2020, dejando a empresas en situación crítica. Según fuentes gremiales, el ministro de Trabajo Claudio Moroni debió intervenir para intentar destrabar la situación y que no siga escalando, pero las medidas por ahora siguen en pie.
Otro de los principales puntos que cuestionan fuentes gremiales, alineadas con el reclamo de las propias empresas del sector, tiene que ver con los mínimos aumentos que se han decidido desde PAMI en el pago de las prestaciones a geriátricos, por ejemplo, o a clínicas privadas, del 4% y 7%, respectivamente, entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Y resaltan, en esa línea, que el presupuesto del organismo que conduce Luana Volnovich creció 115% en los últimos dos años.
De acuerdo a datos oficiales, los fondos de PAMI se ubicaban en $ 212.000 millones en 2019, treparon a $ 326.255 millones en 2020 y se ubican en $ 456.400 millones en este 2021. El aumento global ratifica el crecimiento de 115% en fondos para dicha jurisdicción.
Fuentes consultadas por Clarín consideraron “absurdo” también que “no se les esté permitiendo aumentar los precios a las prepagas y que las clínicas que dan prestación a las mismas, al no tener modificación de los aranceles, no aumentaron su facturación”. Entonces, resaltaron, “clasificaron para los ATP y ahora cobran el Repro como subsidio”. En el sector ven como una “incoherencia” que el Estado subsidie la prestación de ese servicio a beneficiarios denominados como “ABC1”.
Daer ayer hizo públicas sus críticas y aseguró, en una entrevista con Radio 990, que “se están agotando todas las instancias, no encontramos salida a esta discusión”. El jefe de la CGT fue más allá y dijo: “Soy amigo del Presidente, pero represento a los trabajadores y las trabajadoras de Sanidad. Esto no es contra nadie: reivindicamos una necesidad legítima”.
Previamente, en Radio Rivadavia, había direccionado otro dardo hacia el Ejecutivo: “El salario de los trabajadores de Sanidad ha sido diezmado por la inflación. El lunes fuimos al Ministerio de Trabajo y no hubo ni una oportunidad para poder negociar una recomposición salarial”.
A principios de este mes, los gremios y las cámaras empresariales del sector de salud iniciaron las negociaciones por la paritaria de este año, con representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), que lideran Daer y Carlos West Ocampo.
En ese momento, desde las empresas detallaron que los retrasos en los pagos de prestaciones representan un desfasaje arancelario cercano al 50%. Las negociaciones fracasaron porque los empresarios no aceptaron el pedido de aumento del 16% a partir de abril que habían realizado los representantes sindicales.
La Fatsa agrupa a personal de clínicas, sanatorios, hospitales y laboratorios de análisis clínicos, entre otros establecimientos. Las medidas que llevarán a cabo se iniciarán este jueves, con asambleas informativas en todos los turnos de trabajo. Y desembocarán en el paro del viernes, que durará tres horas en cada franja laboral y en el que sólo se atenderán urgencias. De no haber un acuerdo paritario, podría haber un paro total el martes próximo.
“Nunca hemos trabajado tanto y cobrado tan poco”, señaló la entidad en un comunicado que difundió el martes. “Nadie puede mirar para otro lado, la Salud está en el centro de la escena y todos se deben comprometer con la solución: los empresarios, los financiadores del sistema, los responsables politicos de cada área de gobierno y los gobiernos provinciales”, añadieron. Y finalizaron: “Nuestros salarios han perdido dramáticamente el poder de compra. Hemos llegado al límite de la tolerancia. Se han agotado todos los plazos”.
