Alejandro Miguel Ochoa, el motochorro de 55 años detenido por el asesinato de la psicóloga María Rosa Daglio en Ramos Mejía, salió el año pasado de la
cárcel porque la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria pese a que el Servicio Penitenciario bonaerense desaconsejaba tal medida.
El delincuente acumula un impactante prontuario. Tiene 11 causas por robo, la primera de 1990. La modalidad que elegía siempre era similar: asaltaba en moto y prefería atacar a mujeres para arrebatarles sus pertenencias.
En 2017 llegó a juicio por robarles a dos chicas en Mar del Plata, a una de las cuales arrastró por el piso y le produjo múltiples fracturas al quedar un brazo entre la cadena y el piñón de la moto. Lo condenaron a ocho años y seis meses de prisión.
El año pasado, cuando su abogado pidió la prisión domiciliaria en el marco de la seguidilla de excarcelaciones otorgadas a delincuentes por el riesgo de contagio de Covid-19 en las cárceles, el Servicio Penitenciario de la Provincia fue contundente con su rechazo.
En un documento al que accedió Clarín, su Departamento Técnico Criminológico remarcó la “inconveniencia de incluir al interno Ochoa” en el “régimen de prisión domiciliaria y régimen abierto”.
El documento en el cual el Servicio Penitenciario bonaerense recomendó no otorgarle la prisión domiciliaria a Ochoa.
En el mismo escrito, el Servicio Penitenciario “sugiere que continúe con la asistencia psicológica que recibe en Salud Mental, que prosiga con la rutina laboral que desempeña y con las actividades académicas”.
Además, indica que “sería conveniente que realice algún curso de formación profesional”.
Cuando Ochoa solicitó la prisión domiciliaria, el juez de ejecución penal la rechazó, basándose en los informes del Servicio Penitenciario bonaerense.
Pero el defensor del detenido apeló, y la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata hizo lugar a la medida, que se efectivizó el 30 de abril de 2020 sin tobillera electrónica.
Para la Cámara, entraba dentro de los pacientes con patologías de riesgo asociadas al Covid-19 y por eso le permitieron regresar a su casa.
En noviembre, el beneficio le fue revocado por incumplimiento de las condiciones impuestas, aunque no volvió a la cárcel.
Ochoa pasó a estar prófugo, hasta que este lunes lo detuvieron en un allanamiento en Castelar, por el asesinato de la psicóloga de 56 años.
LP
