Poco más de un mes después del escándalo en torno al vacunatorio de privilegio montado en el segundo piso del Ministerio de Salud, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió
el análisis de las comunicaciones del ex ministro Ginés González García y otros cuatro colaboradores investigados por la jueza María Eugenia Capuchetti, que tramita la causa.
El requerimiento de Taiano, que según fuentes judiciales está bajo estudio de Capuchetti -deberá resolver ahora si autoriza o no el pedido-, alcanza, además del ex ministro de Salud, a Lisandro Bonelli y Marcelo Guillé -ex colaboradores de González García de su entorno más íntimo, imputados junto al sanitarista-, y a Alejandro Collia y Alejandro Costa, que siguen en funciones, ahora bajo la conducción de Carla Vizzotti.
Collia, a cargo de la subsecretaría de Gestión de Servicios e Institutos, todavía se recupera del COVID, después de más de dos meses de internación. Fue mencionado como un protagonista central de la trama por Alberto Maceira, director del Hospital Posadas, en su declaración testimonial en Comodoro Py después de la revelación del escándalo por parte de Clarín. Maceira encabezó el jueves 18 de febrero el operativo en el Ministerio de Salud.
En el caso de Costa, que durante los meses más complejos de la pandemia se sentó al lado de Vizzotti para difundir los partes diarios, el año pasado, quedó envuelto en el escándalo por liderar el delivery de vacunas que terminó en los brazos de Eduardo Duhalde, de Hilda “Chiche” González de Duhalde y de dos de sus hijas, además del secretario privado del ex presidente. El funcionario fue ratificado por la ministra al frente de la subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización.
Según el listado difundido por el propio Gobierno horas después del escándalo, hubo 70 dirigentes y amigos del poder que se inocularon en el hospital del Gran Buenos Aires que dirige Maceira por fuera de los protocolos establecidos, como el procurador Carlos Zannini y su mujer.
Tal como publicó el lunes este diario, La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, que colabora en la investigación, le había solicitado a Taiano entrecruzar incluso los teléfonos de Vizzotti, para conocer si la reemplazante de González García estaba o no al tanto de las vacunaciones de privilegio que tuvieron lugar no solo en el ministerio si no también en el Posadas. El fiscal, sin embargo, no incluyó a la ministra. Por ahora.
En el requerimiento, Taiano pidió “encomendar al titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial los tráficos de comunicaciones entrantes y salientes” de las líneas de telefonía fija del ministerio de los investigados y sus líneas celulares, y la “la apertura y ubicación de antenas de las llamadas”, además de “los códigos correspondientes a servicios como WhatsApp”. También “los SMS salientes”.
“Una vez obtenidos los datos previamente detallados, se realice un análisis de interlocutor frecuente e interlocutor común respecto de las líneas identificadas entre los días 29 de diciembre de 2020 y 19 de febrero de 2021“, abundó el fiscal.
La semana posterior al escándalo, que dejó al gobierno de Alberto Fernández sumido en una profunda crisis institucional y política, la jueza Capuchetti concentró la decena de denuncias que llovieron en los tribunales de Comodoro Py.
Entre los diez beneficiados por el operativo en el segundo piso del Ministerio de Salud estuvieron el periodista Horacio Verbitsky, los legisladores Eduardo Valdés y Jorge Taiana, y el empresario Florencio Aldrey Iglesias y parte de su familia, entre otros. Valdés y Taiana justificaron la vacunación, que en principio iba a tener lugar en el Posadas, por un pedido de ceremonial de Presidencia ante la inminencia de la gira presidencial por México, de la que al final no participaron.
El pedido de Taiano, que ahora deberá resolver Capuchetti, se suma a las testimoniales y al análisis de los alrededor de seis mil vacunados en el Posadas.
