América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia, con una quinta parte de las muertes mundiales. Pero, el proceso de vacunación contra el COVID-19 en
la región está siendo bastante lento, dada la disponibilidad escasa y gradual de dosis.
Un capítulo aparte son algunas de las irregularidades que se fueron presentando en el proceso de inoculación de Argentina. Por ejemplo, la militante de 18 años de Avellaneda que recibió una dosis y los funcionarios que saltearon el orden de prioridad establecido por el plan estratégico Nacional que el Gobierno diseñó.
Fuente: OBSERVATORIO PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA – UBA Infografía: Clarín
Una investigación cuantitativa desarrollada y difundida por el observatorio de la Facultad de Psicología (UBA) titulada “Opinión sobre el órden de prioridades de los distintos grupos en el plan de vacunación contra el covid” revela una elección diferente a la hora de aplicar la vacuna.
El orden de prioridades establecido por los encuestados coincide con el Gobierno en considerar a los profesionales de la salud en el primer escalón. Pero difiere al ubicar al grupo de adultos mayores de 60 años y al de las personas con factores de riesgo (debido a enfermedades preexistentes) en el segundo casillero. También, al percibir que, en el otro extremo, los funcionarios políticos de primera línea (Presidente, gobernadores y ministros) y los jóvenes de 18 a 35 años deberían ser los últimos en recibir la vacuna.
El 43% de los encuestados aseguró que se debe tener en cuenta a “las personas más expuestas al contagio”. El 38 % priorizó al grupo que presenta mayor riesgo de vida (mayores de 60) y el 19 % a quienes tienen mayor interacción social, lo cual explicaría los dos últimos lugares en el orden de prioridades.
Fuente: OBSERVATORIO PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA-UBA Infografía: Clarín
Esta cifra surge de una encuentra online realizada a más de 2.100 personas mayores de 18 años, residentes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, mediante redes sociales.
Un esquema de vacunación por etapas habilitado a ser modificado a la luz de nueva evidencia científica, la situación epidemiológica o la presencia de dosis es el modelo que sigue el país. Dentro de la escala oficial, el grupo más prioritario es el personal de establecimientos de salud públicos y privados. Luego, se encuentran los adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos, y posteriormente los adultos mayores de 60 años.
El próximo grupo en la prioridad del Estado nacional es el personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios (para los encuestados el cuarto lugar corresponde a los docentes). Luego, se encuentran los adultos de entre 18 y 59 años que presenten factores de riesgo (los encuestados opinan que este lugar corresponde a las fuerzas de seguridad).
El sexto en la lista del Ministerio nacional, es el personal docente y no docente de los niveles educativos inicial (jardín), primaria y secundaria (para los encuestados deberían serlo los trabajadores de medios de transportes y comercios esenciales). Finalmente, el séptimo y último grupo está destinado a “otras poblaciones estratégicas que definan las jurisdicciones, habitantes de barrios populares, personas en situación de calle, pueblos originarios, personas privadas de libertad, migrantes”.
Sin embargo, con la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm, proveniente de China, que aún no se encuentra autorizada (pero estaría próximo a serlo) por el Ministerio de Salud de la Nación para mayores de 60 años, se puso en marcha la vacunación de docentes y trabajadores de la educación no docentes de todo el país. El inicio de la campaña fue definido en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).
Ante eventuales medidas restrictivas, el informe también indagó sobre la predisposición que hoy tiene la gente para afrontar una cuarentena estricta. Los resultados de la encuesta arrojaron que un 52% acataría totalmente lo que indiquen las autoridades sanitarias, un 26%, sólo parcialmente, un 13% no obedecería ninguna medida restrictiva y un 9 % lo desconoce.
En el rango etario que va entre los 30 a los 39 años, esta cifra de personas que está dispuesta a seguir las indicaciones oficiales alcanza al 56 %; mientras que entre los 40 y los 49 años llega al 57%.
La tendencia cambia con las respuestas de los jóvenes de entre 18 y 20, quienes solo un 32 % asegura que acataría las nuevas disposiciones de restricción a la circulación, pero vuelve a subir (un 47%) entre las personas de entre 21 y 29 años.
GS
