En una carrera contra reloj, siete entidades de la sociedad civil difundieron una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, en la que le solicitan una “urgente” reunión, para que no designe
a Gustavo Fuertes como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, porque “el candidato carece de los conocimientos y la trayectoria que demuestren su idoneidad y el compromiso que un cargo de esta relevancia requiere”.
Las entidades que solicitaron la “urgente” reunión con el Presidente son Poder Ciudadano, Vía Libre, ACIJ, Democracia en Red, Directorio Legislativo, FUNDEPS y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. Se trata de organizaciones que trabajan cotidianamente en temas de acceso a la información pública y protección de datos personales.
El Gobierno tiene hasta el 5 de abril para designar a Fuertes o retirar su postulación y proponer a otro candidato para conducir laAgencia de Acceso que está acéfala desde principios de año, cuando renunció el especialista Eduardo Bertoni. Fuentes del Gobierno dijeron a Clarín que van a “avanzar con la designación del candidato” oficial. Y explicaron que tienen siete días hábiles después de la audiencia pública, que se hizo el martes pasado, para “comenzar el trámite formal” de su designación.
Junto a @ACIJargentina@DireLegislativo@fundacionDER@fundeps@FViaLibre y @AlianzaRegional le solicitamos una reunión al presidente @alferdez para manifestarle una serie de observaciones sobre el candidato propuesto p dirigir la @AAIPargentina
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— Poder Ciudadano (@poderciudadano) March 26, 2021
En la audiencia pública que organizó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los 20 expositores señalaron la falta de capacitación y trayectoriade Fuertes en temas específicos, así como su dependencia política de Cafiero, ya que trabaja ahí como asesor legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa y nunca realizó ni siquiera un curso sobre temas de acceso a la información pública o protección de datos personales.
“La audiencia pública llevada a cabo recientemente demostró que el candidato propuesto se encuentra lejos de los estándares de idoneidad que nuestro sistema constitucional demanda, lo que puede impactar negativamente en el ejercicio del conjunto de los derechos humanos en nuestro país”, sostuvieron las siete entidades.
Y le pidieron a Alberto Fernández una reunión, “en la que podamos manifestar las razones por las que creemos que debe enviarse una nueva candidatura para el cargo que cumpla con los requisitos de idoneidad y autonomía, y ponernos a disposición para intercambiar ideas respecto de los perfiles deseables para tan relevante puesto”.
