La Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) present ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Asociacin Civil Memoria Activa que agrupa a vctimas y familiares de las vctimas del atentado terrorista que 18 de julio de 1994 vol en Buenos Aires la sede de la Asociacin Mutual Israelita Argentina (AMIA) para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relacin a ese ataque y la situacin de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.
En su Informe de Fondo sobre ese hecho que dej 85 muertos y 151 heridos, la CIDH “valor que en el ao 2005 el Estado acept su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevencin y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva”.
“El Estado no realiz un reconocimiento explcito respecto de los hechos posteriores al ao 2005. Teniendo en cuenta esto, as como su rol de garante del orden pblico interamericano y la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad del Estado (argentino) y las caractersticas de las medidas de reparacin, la Comisin en su analiz de manera integral todos los hechos y elementos de fondo materia del presente asunto”, seal la CIDH en un comunicado de prensa.
La Comisin consider, con base en los elementos desarrollados por la jurisprudencia interamericana, que el Estado “conoca la existencia de una situacin de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad juda argentina, particularmente despus de la ocurrencia del atentado a la Embajada de Israel en 1992”.
En el documento se sostiene que “dicho riesgo era real e inmediato”, y una muestra de ello es que “existan medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atencin sobre la custodia de la AMIA”.
#IACHR sent Case 12.204 to the @IACourtHR on the responsibility of the State of #Argentina in the terrorist attack against the #AMIA headquarters.The event occurred on July 18, 1994, left 85 people dead and at least 151 injured. #IACHRCases
Press Release: https://t.co/5whkAOYgOQpic.twitter.com/hSEPR9RH58
CIDH – IACHR (@CIDH) March 26, 2021
En funcin de ello, la CIDH estableci que “el Estado no adopt las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impuls un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio”.
Aunque la comisin concede que no se prob que las omisiones tuvieran “un carcter deliberado” contra la comunidad juda, esas falencias prueban que las autoridades argentinas se abstuvieron de tomar medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio”.
“El riesgo para la vida, respecto del cual el Estado acept responsabilidad, implicaba tambin un riesgo de configuracin de un acto de discriminacin que finalmente se materializ”, fundament la entidad del sistema interamericano.
Respecto al proceso judicial, la Comisin concluy que los rganos estatales “cometieron graves irregularidades”, y observ que hubo una “deficiente preservacin de la escena del crimen e interrupcin irracional de determinadas lneas lgicas de investigacin”. Asimismo, la CIDH observ que “el desembolso, por parte de las autoridades judiciales y de inteligencia, de una importante suma de dinero proveniente de los fondos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) al entonces nico imputado en la causa (Carlos Telleldn) para que este incorporase informacin, a la causa, que pudiera construir una hiptesis acusatoria sin sustento”.
La CIDH razon que la conducta de las autoridades a cargo de la investigacin, a cargo del Juzgado Federal Nmero 9 que encabezaba el juez Juan Jos Galeano (destituido por un proceso de juicio poltico) “en vez de impulsar seriamente la investigacin y la sancin de los responsables, incurri en serias falencias, irregularidades y desvo deliberado de la investigacin por ms de ocho aos”.
En relacin con la investigacin encabezaba por la UFI AMIA, “se observ que el Estado adopt algunas medidas relevantes para encausar la investigacin y subsanar las mltiples afectaciones ocurridas ante el Juzgado Federal No. 9”.
“Desde el ao 2015, la UFI AMIA ha realizado una actividad probatoria que posibilit revelar an mayores falencias que ocurrieron durante la recoleccin e identificacin de material probatorio esencial en las diligencias iniciales. Sin embargo, las mismas fueron precedidas de amplios perodos de demora, sin que se hubiere ofrecido una justificacin al respecto”, se indic en el informe.
Respecto a los procesos judiciales por el encubrimiento del atentado, la Comisin destac que, a ms de veinte aos de iniciado el procedimiento judicial por las irregularidades cometidas durante la investigacin “an no se ha dictado sentencia definitiva”.
La CIDH concluy que existe “una demora irrazonable en la investigacin del atentado a la AMIA y respecto a los procesos por el encubrimiento, lo cual ha afectado el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y ha tenido un especial impacto en las vctimas y sus familiares”.
Por otra parte, en relacin con la informacin clasificada en poder de la SIDE, sus organismos sucesores y la UFI-AMIA, se concluy que, desde el 18 de julio de 1994 y hasta marzo de 2015, el Estado argentino “viol el derecho de la parte peticionaria a acceder a informacin vinculada con el atentado, toda vez que mantuvo fuera de su alcance la documentacin clasificada como secreta por los propios organismos de inteligencia que participaron en las investigaciones con base en la normativa vigente”.
En suma, la Comisin concluy que el Estado argentino “es responsable por la violacin de los derechos a la vida, a la integridad personal, de acceso a la informacin, a las garantas judiciales, a la igualdad y a la proteccin judicial”.
En su Informe de Fondo la Comisinrecomend al Estado “Conducir y llevar a trmino, de manera eficaz la investigacin de los hechos del caso; reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos; adoptar e implementar las polticas y medidas necesarias para establecer un mecanismo de gestin y rendicin de cuentas; y disear e implementar programas de formacin y capacitacin dirigidos a todos los miembros de los cuerpos de seguridad e inteligencia federales”.
La CIDH tambin recomienda tomar “medidas para que los jueces y fiscales a cargo de las investigaciones vinculadas con el atentado a la AMIA puedan contar con toda la informacin relevante para conocer la verdad y juzgar y sancionar a los responsables”.
Aconseja al Estado “tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado en materia de prevencin de ataques terroristas que constituyan actos discriminatorios”.