Martin Soria no es más diputado nacional. Renunció ayer, sábado. En la Casa Rosada informan que este lunes asumirá como ministro de Justicia de la Nación. Se termina la “era de
la dulzura” con el Poder Judicial. La frase no es del próximo miembro del Gabinete Nacional. Es de de uno de sus mejores aliados en la cruzada contra jueces y fiscales: el legislador K Rodolfo Tailhade. En una entrevista con la periodista Romina Manguel, éste último dirigente cuya jefa es la vicepresidente Cristina Fernández, y no Alberto Fernández, definió así a los nuevos planos del nuevo ministro: “Con Soria se acabó la paciencia, hay que cortarla con la dulzura”.
Uno hace de ventrílocuo del otro. Alternan roles con palabras o hechos. Soria no podrá denunciar más a opositores y magistrados o fiscales porque ocupará el cargo institucional que hace de nexo entre la Justicia y el Gobierno. El ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Tailhade, ejecutará en terreno las misiones ordenadas desde el ministerio desde ahora “amargo” para Comodoro Py, por utilizar la metáfora K en sentido contrario a la de “dulzura” invocada por el igualmente no tan literario Tailhade.
Esos trabajos empezaron. Soria, ni buen supo que sería ministro de Justicia, había anunciado en declaraciones públicas y en sus redes sociales cuáles serán los ejes de su gestión: terminar con la supuesta persecución judicial contra la vicepresidenta, para él, un complot impulsado por camaristas, jueces, fiscales, periodistas y ex funcionarios de la anterior administración nacional, entre otros operadores de una conspiración no probada.
La “dulzura” del Gobierno con el Poder Judicial, si es que alguna vez existió ese vínculo invadido por esa emoción alegre, se acelera tal vez hacia la nueva sensación epocal bajo control del “amargo” Soria, siempre continuando con las metáforas K.
Clarín confirmó el plan “final de dulces” con fuentes del propio Gabinete Nacional, y también con importantes autoridades de la Justicia. Tailhade ejecuta: pidió de modo formal a la Procuración General de la Nación, a cargo de modo interino de Eduardo Casal, enemigo de su jefa Fernández, que le entregue las declaraciones juradas de Bienes Personales de veinticinco fiscales federales. Entre ellos se incluye al propio Casal, y a otros pares, algunos señalados como inaceptables investigadores de corrupción, como el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé; su colega que pesquisó el caso Cuadernos, Carlos Stornelli, habitual objetivo crítico del kirchnerismo y también del propio Presidente; el primer impulsor de la causa “La Ruta del Dinero K”, José María Campagnoli; su sucesor en la etapa de instrucción federal de la misma causa, Guillermo Marijuán; y quien ocupó la fiscalía que pidió condenas de lavado de dinero agravado durante el juicio oral y pública de la misma causa, Abel Córdoba.
También están en el mismo listado el fiscal que que impulsó la condena para Amado Boudou en el juicio oral del expediente Ciccone, Marcelo Colombo; el fiscal que instruyó esa misma trama, Carlos Rívolo; su colega Eduardo Taiano, quien lleva adelante el expediente caratulado como homicidio del fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman; quien elevó a juicio oral las causas que más complican a la familia Kirchner, Gerardo Pollicita; el fiscal ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani; quien trabajó y elevó a juicio el caso Once, Federico Delgado, entre muchos y muchas fiscales más.
Como Tailhade es ecuánime e imparcial, incluyó en su lista de pedido de declaraciones juradas de bienes a fiscales afiliados al movimiento judicial K llamado “Justicia Legítima”, como Javier De Luca.
Tras distintas consultas, Clarín pudo saber que la gran mayoría de ellos afirman que sus bienes declarados son parte de documentos de acceso público, y no tienen ninguna objeción a que sea conocidos por Tailhade y su “superior” Soria.
Sin embargo, desconfían de la utilidad y el método y los modos con los que podría difundirse esa información.
Ayer, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un comunicado en el que se describe a este pedido de Tailhade como “un nuevo e infundado ataque contra la Independencia del Poder Judicial, los Ministerios Públicos y sus integrantes”. En otro de sus párrafos, la Asociación señala, en nombre de sus miembros, que “alzamos la voz” ante lo que consideran una nueva acción que forma parte de una “practica mediática” que busca “instalar reiteradamente” una “pretendida campaña de desprestigio”.
En particular, sobre el pedido de las declaraciones juradas, la Asociación afirma que buena parte de los fiscales señalados por Tailhade son “en su gran mayoría” quienes “llevan o llevaron adelante investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la que están involucrados funcionarios y ex funcionarios integrantes de algunos de los Poderes del Estado”.
Los jueces y fiscales que forman parte de esta organización sectorial, remarcan que la información del patrimonio de los fiscales es de acceso a cualquier ciudadano. Y describen esta acción que se instala “en el contexto de la campaña de desprestigio intentada y denunciada”, y que también “ataca infundadamente al Señor Procurador interino y a algunos integrantes de la Procuración General. Pero sin recurrir a las vías idóneas….”.
En ese texto también se critica a los “ataques” que aseguran “son innecesarios” y “fútiles” contra el MPF. Y se denuncia de un “avasallamiento” contra la “institución que la Constitución ha creado para salvaguardar la legalidad e intereses de la sociedad”.
El aun no asumido ministro de Justicia, Soria, prometió que durante su paso por ese organismo no perseguirá ni a jueces ni fiscales. No es lo que ocurre en los hechos.
Además de denuncias ante el Consejo de la Magistratura de varios camaristas, y ante el Congreso o el MPF en los que legisladores oficialistas acusaron de cometer delitos a diferentes magistrados y fiscales, como Stornelli o el propio Casal, el ventrílocuo de palabra o acciones de Soria, el diputado Tailhade, acaba de iniciar una investigación contra el fiscal del tribunal oral que condenó a siete años de cárcel por lavado de dinero al socio de los Kirchner, Lázaro Báez, y a sus hijos, entre otros procesados con penas de cárcel similares. Es Abel Córdoba.
En sintonía con la condena contra Báez impulsada por Córdoba, y ratificada por los jueces del Tribunal Oral Federal 2, el mismo Tailhade le pidió por carta al Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Ministerio Público, el senador por Río Negro, Martin Doñate, que solicite copias digitalizadas de las actuaciones del tribunal antes mencionado en el caso conocida como “Thales Spectrum”, en el que se investigaban posibles coimas del ex concesionario del espacio radioeléctrico. Ese caso, por decisión del fiscal Córdoba, fue considerado prescripto debido a los años sin conclusiones ni trabajo efectivo hecho al respecto.
En la nueva era Soria, ese tribunal, integrado por los jueces Gorini, Giménez Uriburu y Mendez Signori, y cuyo fiscal es el ya mencionado Córdoba, son “cuatro coimeros” y “deberán dar muchas explicaciones en el congreso y el consejo de la magistratura”. Los textuales son de Tailhade. Aún Soria era su compañero de bancada y no su “jefe” en el ministerio de Justicia.
¿Por qué la ira repentina y la severa acusación del diputado contra esos jueces y ese fiscal? El legislador pidió las copias de lo actuado por el tribunal oral federal 2 el 15 de marzo.
El 24 de febrero, el fiscal federal Abel Córdoba, el juez Jorge Gorini, y Rodrigo Giménez Uriburu, actuando esta vez como jueces del tribunal oral federal 7, condenaron a Lázaro Báez a siete años de cárcel por lavado de dinero agravado.
Esa cronología es más eficaz para entender por qué los K actúan como lo hacen contra esos magistrados, y sobre todo, contra el fiscal Córdoba. Fin de la dulzura.
