El gobierno de Estados Unidos pidió este sábado la liberación de la ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez y dos de sus ex ministros, y expresó su
preocupación por los “indicios de comportamiento antidemocrático” en el país andino.
En un comunicado, el secretario de Estado, Antony Blinken expresó la reacción más contundente hasta ahora del gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, a la detención hace dos semanas de los tres políticos bolivianos, acusados de “sedición, terrorismo y conspiración”.
“Estados Unidos está profundamente preocupado por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia, tras el reciente arresto y detención previa al juicio de ex responsables del gobierno interino”, dijo el titular de la cancillería estadounidense.
Sin mencionar directamente a Áñez ni a los ex ministros detenidos, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió en todo momento a los “ex funcionarios” o antiguos responsables del gobierno interino que surgió tras la revuelta de noviembre de 2019.
Las masivas protestas, en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre de ese año, obligaron a renunciar al entonces presidente Evo Morales, que denunció un golpe de Estado. Ahora su partido volvió al poder de la mano de su ex ministro Luis Arce, quien se impuso en las elecciones de octubre de 2020.
La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine -Añez, fue detenida el 13 de marzo, acusada de “sedición”. Foto: EFE
“Pedimos al gobierno boliviano dejar claro su apoyo a la paz, la democracia y la reconciliación nacional, al liberar a los exfuncionarios detenidos mientras se desarrolla una investigación independiente y transparente sobre las preocupaciones sobre derechos humanos y debido proceso”, afirmó Blinken.
Agregó que esos arrestos “no son coherentes con los ideales democráticos de Bolivia”, y “desacreditan los extraordinarios esfuerzos de tantos votantes, candidatos y trabajadores públicos bolivianos” que convirtieron en un “éxito democrático” las elecciones de octubre del año pasado y los comicios regionales y municipales de este mes.
Blinken añadió que hay dudas sobre la “legalidad” de las detenciones de los ex funcionarios por estar “basadas en acusaciones no demostradas, por las aparentes violaciones de debido proceso en su ejecución y por la naturaleza profundamente politizada del trabajo fiscalizador del Gobierno boliviano”.
El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que aún confía en mantener una “relación robusta y mutuamente respetuosa” con el gobierno del actual presidente de Bolivia, Luis Arce, y en que tanto las autoridades como los manifestantes bolivianos actúen en este caso con “paz, contención y respeto”.
El gobierno de Joe Biden igual destacó su voluntad de mantener una buena relación con el gobierno de Luis Arce. Foto: EFE
Aseguró, además, que su postura coincidía con la de “la Unión Europea, la Conferencia de Obispos Católicos de Bolivia y organizaciones de derechos humanos tanto bolivianas como internacionales”.
El posicionamiento de Blinken llega casi dos semanas después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidiera la liberación de Áñez y los dos ex ministros, en parte por considerar que el “sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo e imparcialidad”.
Durante una reunión esta semana en México, tanto Arce como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exhortaron a Almagro a no intervenir en asuntos internos de los países.
Áñez y los miembros de su gabinete son acusados de “sedición y terrorismo” durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, que el actual Ejecutivo considera un golpe de Estado.
Junto a ellos y a dos ex altos mandos militares también hay procesos contra otros líderes políticos opositores y varios ex militares y ex policías que son buscados por la Justicia.
Añez, en huelga de hambre
Esta semana, la Oficina Jurídica de la Mujer, de Bolivia, denunció “graves atropellos” y “acciones ilegales” en el arresto de Áñez, que permanece cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Miraflores.
Según el organismo, la ex presidenta interina está “siendo sometida a abusos de poder que degradan su dignidad humana y violan sus Derechos Humanos, con acciones ilegales”, entre las que se incluye el allanamiento de su casa y detención “a altas horas de la noche” sin contar con una orden judicial, detallan.
La ex mandataria se declaró en huelga de hambre porque “no quiere luchar”. Se encuentra a la espera de juicio.
La semana pasada, la Justicia boliviana amplió la prisión preventiva de Áñez de cuatro a seis meses mientras avanza la investigación en su contra por presunta sedición, conspiración y terrorismo.
Fuente: EFE y DPA
CB
