Eran las 5 de la mañana y nadie estaba preparado para lo que iba a pasar. Un grupo de delincuentes tomó por asalto una comisaría de La Matanza para
intentar liberar a los presos. La secuencia fue cinematográfica y derivó en un tiroteo adentro de la oficina. Una mujer policía recibió dos balazos que la dejaron parapléjica de por vida.
El intento de copamiento de la comisaría de San Justo ocurrió el 30 de abril de 2018 y este viernes llegó a juicio oral a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Matanza. La causa tiene ocho imputados, entre ellos la mujer y la abogada de un preso acusados de planear el golpe.
La primera audiencia arrancó cerca de las 10.30 de este viernes con un pedido de nulidad de algunos defensores a la acusación del fiscal, que el tribunal la rechazó. Luego siguió con la declaración de dos de los policías que esa madrugada estaban en la comisaría y uno de los detenidos alojados en el calabozo.
El testimonio de ese detenido contradice la versión de los investigadores, de que uno de los presos, Leandro David Aranda (25), fue el único que planificó el golpe junto a su esposa y su abogada.
El tiroteo ocurrió el 30 de abril de 2018 en la Comisaría Distrital Noroeste 1° San Justo, ubicada en la calle Villegas 2459.
“Él compartía la celda con mi defendido y declaró que todos los que estaban en esa celda, que eran como doce, estaban planeando la fuga. No identificó a nadie en especial como el organizador, dijo que todos se querían fugar”, dijo a Clarín Walter Fidalgo, abogado de Aranda.
En cuanto a los dos policías que brindaron su testimonio, realizaron una descripción similar de la secuencia que se ve en el video registrado por las cámaras de seguridad de la comisaría. Luego la audiencia debió suspenderse por problemas técnicos.
El debate tuvo un formato semi presencial. Los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno; el fiscal de juicio Ariel Speranza Rossi y algunos abogados acudieron a la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, donde se acondicionó un sitio más adecuado para cumplir con los protocolos por el coronavirus. Todos los presentes usaron barbijos o máscaras, hubo mamparas especiales, distanciamiento social y ventanas abiertas.
Pero algunos defensores, el público y los ocho acusados desde distintas unidades carcelarias, siguieron la audiencia de manera virtual por la plataforma Teams, aunque con algunas dificultades de eco y acoples con el audio.
Los acusados siguieron la audiencia por videoconferencia desde su lugar de detención y dijeron que hubo problemas técnicos. Foto Luciano Thieberger.
“Acá no sale nada, sale todo distorsionado” y “desde que empezó el debate no entendemos nada”, fueron algunas de las quejas de dos de los acusados desde una sala de la Unidad N° 30 de General Alvear.
Los principales imputados como organizadores del golpe son Aranda, el preso al que intentaron rescatar y quien siguió el debate desde la Unidad N° 30; y su esposa Zahira Ludmila Bustamante (22), quien estaba conectada desde una sala de la Unidad N° 46 de San Martín.
Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.
Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa (41) -y quien siguió el debate desde un anexo de la Unidad 46-, está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.
Los otros cinco acusados son Tomas Sosa (22), Daniel Alberto Rodríguez (33), Sebastián Ariel Rodríguez (42), el mecánico Gonzalo Fabián D’Angelo (25) y Bruno Damián Postigo Marullo (22).
La causa tenía un noveno detenido, Tomás Villamil (27), quien se suicidó ahorcándose en el penal de San Nicolás luego de que la Justicia le dictara la prisión preventiva en este expediente.
El juicio comenzó con los lineamientos de la acusación del fiscal Speranza Rossi, quien en base al requerimiento de elevación a juicio formulado por su colega Alejandra Núñez, adelantó por qué delitos iba a pedir condena para los acusados.
La carátula leída fue “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego “reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los que concurren idealmente con el evasión en grado de tentativa”.
La sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza se acondicionó especialmente para la audiencia. Foto Luciano Thieberger.
El abogado Fernando Sicilia, defensor de Sebastián Rodríguez, fue quien en los lineamientos iniciales formuló un planteo de nulidad para el requerimiento de elevación a juicio, al argumentar que no estaban diferenciados los diversos roles que cumplió cada uno de los imputados y que a todos los acusaban de todas las etapas del hecho.
Para Sicilia, no es admisible que, según la fiscalía, “las seis personas manejaron el auto, las seis dispararon y las seis hicieron de campana”.
Otros tres defensores adhirieron a este planteo, razón por la cual, tras un cuarto intermedio de una hora que se originó por una falla en la señal de wifi de la cárcel de General Alvear, el TOC 4 resolvió rechazarlo y continuar con el debate.
Fidalgo, abogado de Aranda y Bustamante, dijo que en el juicio probará que la acusación “no se ajusta a la realidad”, en especial sobre “las tentativas de homicidios que el Ministerio Público Fiscal le endilga” a sus clientes.
El abogado Guillermo Schmidt, quien representa a Postigo Marullo, adelantó que pedirá la absolución porque su cliente no participó del hecho ni de su preparación y que sólo estuvo involucrado en la falsa denuncia por el robo de uno de los autos usados por la banda, algo que es materia de otra causa radicada en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a la acusación, aquella madrugada en la comisaría Distrital Noroeste 1° de San Justo, ubicada en Villegas 2459, Bustamante, su primo Postigo Marullo, D’Angelo, los dos Rodríguez, Sosa y el fallecido Villamil, ejecutaron el plan de rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la comisaría, donde esa madrugada había 43 detenidos.
Con “por lo menos dos armas de fuego” y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba en la guardia “con el claro propósito de causar la muerte de los mismos”, señala el expediente.
Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas” y la dejaron parapléjica en forma “permanente y definitiva”.
La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.
Con información de Télam
