Todo es posible, en un gobierno de movimientos a menudo dislocados, propicios para las interpretaciones más diversas. Un caso sonoro ocurrió cuando el ministro Martín Guzmán se reunió con la directora
del FMI para transmitirle al mundo financiero que la Argentina no va a sacar los pies del plato y, casi al mismo tiempo, Cristina Kirchner afirmó: “No podemos pagar la deuda, no tenemos plata”. Eso, que hoy es rigurosamente cierto a propósito de los US$ 46.000 millones con el Fondo que vencen en 2022-2023, en boca de la vicepresidenta mete ruido y agrega desconfianza donde sobran ruido y desconfianza.
Parece demasiado que Cristina no advierta que en el hecho de desairar al ministro de Economía también desaira al presidente que lo designó y alimenta conjeturas sobre la estabilidad de Guzmán; demasiado que además despliegue una confusa campaña política con el no pago de la deuda cuando se pierden reservas escasas y el país sufre por la falta de crédito y cuando la inversión viene de acumular una caída del 31% sólo en los últimos dos años. Primera, siempre primera, encima se propone liderar un acuerdo con la oposición que maltrata para terminar con el bimonetarismo, o sea, con la dominancia del dólar.
Nada de raro hay, entonces, en que el reciente paquetazo de controles de precios lleve el sello del Ministerio de Desarrollo Productivo pero no el aval de quien lo conduce, Matías Kulfas. Es obra de Paula Español, la secretaria de Comercio que formalmente depende de Kulfas y que en cosas semejantes no acostumbra reportar a Kulfas sino a Axel Kicillof, o sea, al economista favorito de Cristina.
Allí, al interior de un instructivo de 27 páginas, tenemos de todo y de todo en cantidad: desde alimentos, tabaco, muebles, electrodomésticos y detergentes, hasta bebidas, hierro, acero, cosméticos y un etcétera largo como la injusticia. Esto es, un mapa que abarca a gran parte de la economía, más precios de compra y de venta, stocks, costos, destino de la producción y bonificaciones. Una montaña de datos que los empresarios deben actualizar todos los meses.
Un ejemplo, para que se entienda mejor de qué magnitudes hablamos cuenta que en el supermercadismo se manejan 105.000 artículos diferentes con sus stocks, arriba de 12 millones de precios y una facturación que el año pasado sumó $ 995.953 millones; digamos un billón o US$ 10.000 millones al tipo de cambio oficial.
Plantea un consultor sin intenciones de descubrir la pólvora: “Con el colador que son las reparticiones públicas, las empresas van a ocultar la información sensible, la que pueda ir a parar a sus competidores y van a taparlos de números muy difíciles de procesar. Como ocurrió con el seguimiento informático que, en 2014, armó Kicillof y que ni siquiera logró raspar la inflación”.
Está claro que aunque enorme el paquete no puede ser asimilado a una política antiinflacionaria, que es algo ciertamente más complejo, más elaborado y desde luego de mayor consistencia. Queda imaginar, al fin, que se trata de una puerta abierta a las presiones sobre los precios y los niveles de abastecimiento de algunas empresas; un modelo a lo Moreno solo que sin Moreno.
Con el costo de vida instalado en un 3% mensual a veces largo y los precios mayoristas que empujan al 6% y orillan el 50% anual, cuesta encontrar quien crea que en 2021 la inflación cerrará en el 29% que proyecta Guzmán. El último relevamiento que el Banco Central hizo entre medio centenar de institutos dice 48%, casi 20 puntos porcentuales por encima del pronóstico del ministro.
Y si Guzmán ya piensa en otro número, nunca lo va a contar. Porque es demasiado pronto para tirar la toalla o desatar expectativas peligrosas y, sobre todo, porque apuesta a que los aumentos salariales pactados en paritarias se muevan en la zona del 30% y por lo tanto no le metan más presión a los precios. Claro que si los ingresos vuelven a perder contra la inflación, tal cual pasó con la caída del 20% real del período 2018-2020, el consumo privado seguirá sumergido en los subsuelos.
En la Argentina esa variable que mueve como ninguna otra la aguja del PBI, hacia arriba o hacia abajo, retrocedió el año pasado a los niveles de 2008-2009, de una década atrás y cuando había 5 millones de habitantes menos que ahora. Los primeros datos de 2021 dicen que aún no remonta.
Otra muestra de una decadencia económica interminable con mucho de social, aparece en la cantidad trabajadores registrados, en blanco, ocupados en el sector privado. De los mejor pagos entre los ya no muy bien pagos del mercado, el número se ha reducido sin pausa hasta igualar al de 2009. Sin ir demasiado atrás, hoy son 5,8 millones o unos 500.000 menos que en 2018.
En la columna de al lado tenemos al empleo público, creciente y muchas veces asociado a la política: casi 3,3 millones de trabajadores o 725.000 más que en 2012, el grueso instalado en las administraciones provinciales y municipales.
Y si entre privados y estatales reúnen 47% de los asalariados en blanco, hacia los márgenes del sistema encontramos un enorme contingente de cuentapropistas y trabajadores ocupados en negro nada bien pagos y siempre inestables, que de salto en salto pasó el 47 ahora llega al 53%. Este proceso se llama pérdida de calidad del empleo o llanamente degradación del empleo, a pesar de los empleados.
Ya cristalizada, la gran explicación detrás de este cuadro que empeora por donde se lo mire está en el desplome de la inversión privada; para más datos, la fuente que crea puestos de trabajo a largo plazo, generalmente estables, productivos y mejor remunerados.
La última estadística del INDEC canta un volumen equivalente al 13,4% del PBI, el registro más bajo desde 2004 cuando arrancó la serie. Nunca durante estos 16 años la inversión llegó al 25% del Producto Bruto que se considera útil para garantizar un crecimiento económico firme y sustentable; el techo quedó clavado en el 19,7% de 2007, de 13 años atrás.
Así, de tumbo en tumbo, las variables desembocan inevitablemente en la caída de la actividad económica, cosa que desde el retorno de la democracia ocurrió en 16 años contra apenas 21 de crecimiento. De punta a punta, salvo Venezuela en América latina a ninguno le fue peor que a la Argentina. Sólo para completar el listón de la malaria, en 2020 tocó rojo del 9,9%.
Y a propósito del bimonetarismo que tanto preocupa a Cristina quizás no sea necesario un gran acuerdo político. Alcanzaría con un programa bien articulado que coloque la inflación debajo del 10% anual, de modo que el dólar deje de ser ese viejo refugio contra la pérdida de valor del peso. Nada de tirarle la pelota sólo a los empresarios, trabajo para el que finalmente es su gobierno.
Pero si hablamos de acuerdo, luce urgente uno que fije algunos objetivos básicos y bien concretos, instrumentales además, para empezar a salir del pantano en que estamos metidos. Y sin sarasa.
