El mayor del Ejrcito y abogado Jorge Antonio Olivera, condenado a perpetua por crmenes de lesa humanidad, fue el mximo responsable,
en tanto Jefe de Inteligencia del Regimiento de Infantera de Montaa 22 con asiento en San Juan, del secuestro y desaparicin de 60 personas durante la dictadura cvico militar, entre ellas la ex modelo y militante social cristiana Marie Anne Erize, el rector fundador de la Universidad Sarmiento de San Juan y ex Secretario de Gobierno Carlos Cmpora y el estudiante Jorge Alberto Biltes, quien sufri secuestro y desaparicin lo mismo que su padre y sus tres hermanos varones. Tambin fue juzgado por esos hechos, luego de fugas y recapturas, el teniente I y paracaidista Gustavo Ramn De Marchi, quien actualmente cumple con una condena a 25 aos de prisin. El uno y el otro, por su edad y condiciones de salud, cumplen con la prisin en forma domiciliaria.
Sin embargo, otro represor de la dictadura que tuvo alta responsabilidad en esos hechos de secuestro, homicidio, violacin y tortura, en centros clandestinos de detencin como el ex Palacio Legislativo y la quinta “La Marquesita”, el teniente coronel (RE) Carlos Luis Malatto, permanece prfugo de la Justicia argentina y tiene pendiente un nuevo procesamiento en Italia (donde ya fue sobresedo en 2014) ms dos pedidos de extradicin a nuestro pas, en donde lo aguardan varias causas de lesa humanidad en calidad de imputado.
Lo mismo que sus ex compaeros de armas y delitos, Malatto fue favorecido en los ’80 por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que hicieron cesar los procesos abiertos a partir del Informe de la Conadep (Comisin Nacional sobre la Desaparicin de Personas, presidida por Ernesto Sbato) y del Juicio a las Juntas de 1985.
Las llamadas leyes de impunidad y una verdadera “ruta de las ratas” –parecida a aquella que facilit el escape y reinsercin social de jerarcas nazis y fascistas, al fin de la segunda guerra- permitieron a verdugos de la dictadura argentina como Malatto hallar refugio y anonimato en destinos tan diversos como los Estados Unidos, Francia, Israel, Sudfrica e Italia, obteniendo la doble ciudadana y hasta en ocasiones una nueva identidad.
A las acciones de encubrimiento realizadas durante la dictadura (por ejemplo, el asesinato y desaparicin del conscripto del RIM 22 Jorge Bonil, quien intent alertar sobre el secuestro y violacin de Marie Anne Eriza), se sum la colaboracin “interdisciplinaria” para la fuga de presos (como se vio en el escape de Olivera y De Marchi del Hospital Militar Central, en 2013, con la presunta colaboracin de funcionarios judiciales y agentes del Servicio Penitenciario Federal y la Polica Federal, as como mdicos psiquiatras, traumatlogos y hasta dentistas, cuya agenda era planeada por los mismos prfugos utilizando un acceso a Internet).
El documental “600 cuerpos: la identidad cancelada de los desaparecidos”, emitido el pasado 24 de Marzo dentro de la serie Spotlights de RAI News 24 y ahora emitido por Tlam, se abre con una suerte de “escrache” al represor Carlos Luis Malatto en lo que es su ltimo refugio en Italia: el apartamento 69 del complejo turstico Portorosa-Furnari, provincia de Messina, Sicilia.
Quien interpela a Malatto, mientras una cmara graba la escena, es Mariano Biltes, nieto de Emilio Biltes e hijo de.Jorge Alberto Biltes, ambas vctimas de la represin ilegal en San Juan. Malatto, reconocible a pesar del barbijo protocolar, niega saber nada del tema y finalmente, admitiendo las imputaciones, alega que estuvo tres aos procesado en Italia y que la Justicia italiana “ya habl” al dictar el sobreseimiento. (Lo cierto es que la tortura recin fue tipificada como delito en el cdigo italiano en 2015, y por eso las nuevas denuncias contra Malatto, que estn en etapa sumarial, ahora s podran llegar a juicio oral en Italia, con querellantes y testigos talo-argentinos).
Adems de la interpelacin al prfugo Malatto, el documental incluye otra al represor de la Marina uruguaya Jorge Nstor Troccoli, condenado en Italia por la causa del Plan Cndor, junto con otros 24 imputados. Lo mismo que Malatto, en el documental, Troccoli evita confrontar con la reportera de la RAI y dar la cara.
El tercer prfugo requerido por la Justicia argentina y localizado en Italia es el prroco de la Iglesia de los Santos Faustino y Giovita de Sorbolo, “Don Franco” Reverberi. Inmigr de nio a la Argentina y siendo capelln del Ejrcito en San Rafael, Mendoza, asisti a sesiones de tortura con uniforme militar, segn relataron testigos sobrevivientes. La curia de Parma, sin embargo, se resiste a entregar a Don Franco a la Justicia, acaso apostando a la “impunidad biolgica”.
De todos estos casos, los que figuran en el documental y muchos otros, italianos y argentinos nos vamos enterando gracias a la tarea del periodismo y gracias a la accin de grupos como “24MarzoOnLus” “24 de Marzo”, que vienen realizando desde el ao pasado encuentros va zoom con sobrevivientes, familiares y funcionarios argentinos e italianos, poniendo en superficie la trama de distintas causas de lesa humanidad que se tramitan en la Justicia italiana.
Las cmaras de la televisin y la confrontacin con familiares y vctimas no reemplaza el debido proceso ni la accin de la Justicia, por supuesto. Sin embargo, tal como ocurri en la Argentina durante los aos de impunidad, sirve para mantener viva la demanda de Justicia y para destacar la condena moral y social a esos criminales que se valieron de la “ruta de las ratas” y de complicidades diversas para evitar ser juzgados.
Se incluyen en “600 cuerpos” entrevistas a familiares y amigos de las vctimas interesados por cualquier alternativa que lleve, en la Argentina o en Italia, a la verdad y a la justicia. Es as como aparece la monja Genevieve Jeanningros, compaera de la desaparecida religiosa Lonie Duquet, vctima de un “vuelo de la muerte”. Tambin aparece Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado e hijo de desaparecidos que ejerce actualmente el cargo de Secretario de DDHH de la Nacin y quien como tal querella e impulsa las actuales causas de lesa humanidad.
Pero la institucin infaltable que da sentido a “600 cuerpos” es el Equipo Argentino de Antropologa Forense (EAAF), representado por uno de sus miembros fundadores, el antroplogo Luis Fondebrider y por la antroploga Gala Maruscak, quien muestra algo de su trabajo cotidiano con los restos hallados en tumbas NN y excavaciones.
El EAAF lleva recuperados desde su creacin 1.500 cuerpos, de los cuales ha logrado identificar (para la Justicia y para su restitucin a los familiares) unos 850. Quedan 600 cuerpos an no identificados y cuya identidad pretendi “cancelar” la dictadura genocida. Por eso el documental se llama “600 cuerpos”, porque es parte de una accin colectiva, emprendida en Italia y en la Argentina para identificar a 65 desaparecidos de origen italiano y con ellos a cientos y miles de desaparecidos de la dictadura que siguen clamando por verdad, por justicia y memoria.
La voz del genocida Jorge Rafael Videla se oye en un pasaje del documental: “Es una incgnita el desaparecido. Si no reapareciera, bueno, tendr el tratamiento equis. Y si la desaparicin se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento zeta. Pero mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial. Es una incgnita. Es un desaparecido. No tiene entidad, no est ni muerto ni vivo. Est desaparecido”
Son casi las mismas instrucciones de Hitler al jefe de su Estado Mayor, Wilhelm Keitel, cuando dispuso la suerte de la prisionera de la Resistencia Louise Woirgny, que no estaba muerta ni en la crcel y que estaba siendo trasladada a Berln, entre la noche y la niebla. El decreto originado en ese procedimiento criminal fue justamente llamado as: “Noche y Niebla”.
Tras los juicios de Nremberg, realizados con un cdigo especial y con un alcance limitado, un sobreviviente del campo de concentracin de Mauthausen-Gusen llamado Simn Wiesenthal decidi consagrar su vida a localizar y llevar ante la justicia a criminales de guerra nazis que se haban valido de la “ruta de las ratas” para evitar rendir cuentas por el genocidio.
Varias dcadas despus, la justicia de lesa humanidad y la imprescriptibilidad de los crmenes de Estado permiten a distintos colectivos y organizaciones civiles emprender la bsqueda de los prfugos y colaborar con la Justicia, para que la verdad de los hechos sea conocida y para que no queden criminales sin juzgar.
