En España, es legítimo que, habiendo aceptado ser vacunados contra el coronavirus, los españoles se nieguen a recibir la vacuna de un determinado laboratorio y soliciten otra.
“Eso no es una negativa sino una alternativa. Se puede solicitar la aplicación de otra vacuna, pero va a depender de cada comunidad autónoma si está disponible. Si no, la persona quedaría en espera”, dice a Clarín David Larios, presidente de la Asociación Juristas de la Salud española respecto de los reparos que algunos ciudadanos puedan presentar frente a vacunas que han sido cuestionadas como la de AstraZeneca.
Y fundamenta: “En España se contempla la voluntad del paciente a negarse al tratamiento y a solicitar tratamientos alternativos, siempre que los haya y estén a disposición”.
-Desde un punto de vista jurídico, ¿qué se considera un efecto adverso?
-El efecto adverso es todo aquel daño, físico o psicológico, derivado de la administración de un fármaco o de la realización de un tratamiento. Hay algunos efectos adversos que están advertidos o se firman en un consentimiento. Eso no implica que el hecho de que se presenten no pueda dar lugar a una indemnización. Hay que ir caso por caso.
Un agente verificando la identificación de un conductor en la frontera entre Portugal y España. Foto Xinhua
-Aunque han sido pocos los casos severos a nivel global, hay personas que padecen efectos adversos de la vacunación contra el coronavirus. ¿Qué se puede hacer legalmente?
-Cualquier persona que sufra un efecto adverso como producto de un tratamiento sanitario, como es una vacuna, tiene derecho a reclamar al productor, en este caso, de la propia vacuna o también frente a quien se la administró. Lo normal es que se dirija contra el laboratorio titular de la vacuna. Es la regla general y se aplicaría también el caso de la vacuna contra el Covid. La peculiaridad es que en el ámbito europeo, los contratos que se han firmado las farmacéuticas y la Unión Europea establecen una cláusula, y esto es bastante insólito, de indemnidad para el laboratorio. Es decir, los laboratorios no pagarían finalmente sino que serían los Estados.
-¿Hay antecedentes de cláusulas de este tipo?
-No. Por lo general, la responsabilidad la tiene el laboratorio productor del fármaco, siempre y cuando no haya habido problemas en la administración de la vacuna.
-¿A qué se debe entonces?
–Se puede deber a la celeridad. Como son los Estados los que han impulsado todo esto y quieren poner en marcha la vacunación cuanto antes, los laboratorios se exoneran de esa responsabilidad. En mi opinión no tiene que ver con la seguridad sino con las condiciones de los contratos que se han negociado en el ámbito de la Unión Europea.
-¿Lo considera legítimo?
-Es una cláusula excesiva. Ya se les está dando dinero público para investigación y desarrollo de vacunas, luego, se les paga por las vacunas y si también tenemos que pagar por los efectos adversos, estamos pagando tres veces.
Demandas
-En el caso de presentar una demanda, ¿ante qué tribunales se debería tramitar?
-Cada ciudadano, en el país el que le haya ocurrido, tiene que presentar la demanda en los tribunales de su país. El lugar en el que se produce el hecho es el que determina la competencia.
-¿Pesa en el contexto de pandemia donde desde todos los sectores se induce la población a la vacunación, aunque no sea obligatoria?
-El hecho de que de una forma indirecta nos “obliguen” a vacunarnos, si se pone en marcha el pasaporte sanitario o si se debe acreditar que uno tiene anticuerpos para poder desarrollar determinadas actividades, no afecta el tema de la responsabilidad. La decisión es personal pero la responsabilidad de que la vacuna sea segura sigue siendo de quien la administra. En ningún caso el hecho de que haya una recomendación a vacunarse en un contexto de pandemia exime de la responsabilidad.
-En España hubo tres casos de personas con trombosis luego de haber sido vacunadas con AstraZeneca y se investiga la muerte de una profesora por un derrame cerebral que el Ministerio de Sanidad desvinculó de la dosis que había recibido tres semanas antes. ¿A cuánto asciende la indemnización para algunas de las personas que padecieron trombosis luego de ser vacunadas?
-Depende de los daños y las secuelas, si tuvo que se internado/a, si ha tenido que dejar de trabajar o no. En caso de fallecimiento, podríamos estar hablando de entre 600 y 700 mil euros.
-Ante una muerte o una demanda por efectos adversos, ¿quién investiga? ¿Es el Ministerio de Sanidad la autoridad competente, siendo juez y parte?
-Si se presenta una denuncia se abre una investigación judicial para determinar el nexo entre ese fallecimiento y la aplicación del fármaco. Es una investigación judicial destinada a esclarecer la responsabilidad. Y hay otra investigación que es la que el Ministerio puede emprender, que es la de la fármaco-vigilancia. Es un sistema habitual en el que se vigilan los efectos de los fármacos en el mercado. En el caso de la vacuna de AstraZeneca hubo una suspensión cautelar mientras se investigaba.
-¿Ya hay demandas en España?
-No tengo notificación, por ahora. Es todo muy reciente.
PB
