Luego de ser citado a declarar en la causa que investiga supuestas presiones del gobierno de Cambiemos sobre accionistas del Grupo Indalo, el ex asesor macrista Fabián Rodríguez Simón planteó una serie
de nulidades por la violación de su intimidad y la de terceros. Lo hizo a través de su abogado defensor, Gustavo de Urquieta, en la causa que investiga la jueza federal María Servini.
El abogado, conocido como “Pepín” en el mundo judicial, está imputado por presunta asociación ilícita en el expediente que se originó a raíz de una denuncia de Fabián de Sousa, socio del empresario K Cristóbal López.
El empresario K acusó al macrismo de haberlo “presionado para que modificaran la línea editorial de sus medios periodísticos y luego para que vendieran sus empresas”. Durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, la AFIP denunció que la empresa Oil -el corazón del grupo Indalo- debía 8 mil millones de pesos en impuestos. Por esta denuncia hay un juicio oral en marcha.
En esa causa, el abogado de Rodríguez Simón solicitó una serie de nulidades, tanto del decreto del 10 de marzo de 2021 que autorizó la entrega a De Sousa como querellante de los listados de llamadas telefónicas entrantes y salientes, como del informe elaboradora por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizados del Poder Judicial (Dajudeco). En todos casos “por violentar el derecho a la intimidad y privacidad del señor Fabián Rodríguez Simón”.
Sobre las llamadas habilitadas a De Sousa como querellante, el abogado de Rodríguez Simón detalla que “la información aportada es inexacta, alteradas a o presentada erróneamente, contabilizándose en cientos de casos doblemente una misma llamada“.
Y agrega que “esta irregularidad en el informe se verifica en cerca de 59 casos de los 98 abonados frecuentes identificados, en que reiteradamente no se condice el total de llamadas informadas con las efectivamente realizadas”. La jueza estableció que eran casos frecuentes aquellos que registraban más de 15 llamadas.
Respecto del informe de la Dajudeco del 23 de junio de 2020, la defensa de Rodríguez Simón sostiene que “contiene información privada de mi defendido, que en modo alguno se relaciona con la investigación, por lo que corresponde se lo declare nulo, por violentar su derecho a la intimidad y privacidad”.
A la vez, que el informe “contiene información inexacta, alterada o presentada erróneamente, que afecta expresamente el derecho de defensa y el debido proceso”.
Después se queja por “la incorporación del informe al expediente y su previa entrega a la querella, todo dispuesto el 18 de marzo pasado, sin que previamente su señoría determine cuál de toda la información que se encuentra contenida en ese estudio se vincula con la investigación”
Precisa que dicha circunstancia “derivó en una injerencia arbitraria e inapropiada en la privacidad e intimidad de mi defendido, de terceras personas, y en la afectación de otros derechos constitucionalmente protegidos, que importan la nulidad de lo actuado”. Los medios K como Página 12, C5N o El Destape difundieron ampliamente esos datos.
En ese sentido, se pone dos ejemplos casos puntuales en los que se revela la duplicación de llamados. Se trata de teléfonos relacionados a “La Nación S.A.”, y a José María Torello, funcionario del gobierno de Macri y amigo íntimo del ex presidente, además de otra referencia dentro del sector judicial en el gobierno de Cambiemos.
Imagen que integra la presentación que realizó la defensa de Rodríguez Simón.
“Para ejemplificar lo expuesto, se agrega foto de las llamadas informadas respecto del abonado correspondiente a “La Nación S.A.”, obtenida del listado obrante en el Anexo IV, resaltados los casos en los que se verifica la doble contabilización de una misma comunicación”, sostiene la defensa de Rodríguez Simón. Sobre Torello, mientras, también agrega documentación en la que se verifica la doble contabilización de una misma comunicación.
Imagen que integra la presentación que realizó la defensa de Rodríguez Simón.
La investigación se centra en la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, dijo el fiscal Guillermo Marijuan.
Esto habrían “importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”, según la acusación de Marijuan.
