La Organización Amnistía Internacional realizó este martes una dura evaluación sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. Lo hizo en su último informe sobre la situación global en la que
advierte en Argentina cómo la pandemia afectó los derechos de las personas al implementarse restricciones. Apuntó a las graves violaciones cometidas por el gobierno de Gildo Insfrán que ya denunció en otras oportunidades, y arremetió contra los privilegios en la aplicación de vacunas contra el Covid 19 como se vio durante el escándalo del “vacunatorio vip”
Estos son los principales puntos:
– El COVID-19 agravó la persistente crisis económica del país. Paralelamente, las medidas para frenar la propagación del virus, significaron un incremento en la violencia por motivos de género. Los pueblos indígenas se vieron desproporcionadamente afectados. Además, hubo denuncias de desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Como hecho positivo destacado en 2020, se despenalizó y legalizó el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo.
– “La pandemia generó dolorosas muertes y, paralelamente, el crecimiento de la desigualdad, los abusos por parte de los Estados y una crisis moral provocada por la asignación inequitativa de las vacunas entre países ricos y pobres. Al mismo tiempo, fue un año de celebración para el movimiento de mujeres ya que, después de décadas de lucha, se conquistó en nuestro país el derecho al aborto legal. Por estos claroscuros, el balance de este año nos muestra la importancia de mantenernos resilientes y el impacto concreto que puede generar la lucha por un mundo más justo”, agregó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
-Amnistía Internacional recibió, durante los últimos meses, denuncias de personas afectadas por restricciones al acceso a la provincia, detenciones compulsivas en centros de aislamiento, uso abusivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad y represión contra manifestantes.
– En primer lugar, el estricto control de los desplazamientos entre provincias dejó a miles de personas atrapadas fuera de su jurisdicción, en muchos casos durmiendo a la intemperie, sin acceso a suficiente atención médica, higiene y a la reunificación familiar. En noviembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la provincia de Formosa que, después de ocho meses de aplicación de medidas restrictivas, permitiera a 8.500 personas regresar a sus hogares. Además, las personas que ingresaban a la Provincia debían cumplir con el aislamiento obligatorio en centros de aislamiento preventivo (CAP) bajo custodia de las autoridades provinciales11.
-Por otro lado, a partir del mes enero de 2021 se implementaron nuevas medidas para evitar la propagación del COVID-19 en la Provincia. Se resolvió que además de contar con los CAP -donde se alojaba compulsivamente a toda persona que ingresa a la Provincia- las personas con COVID-19 positivo, todos los contactos estrechos (tengan test con resultado positivo o no) y todas aquellas personas sospechadas de haber adquirido COVID-19 debían alojarse de manera obligatoria en Centros de Atención Sanitaria (CAS).
El 5 de marzo, en Formosa, recuerda el informe, las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a manifestantes que salieron a las calles a reclamar contra las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de Formosa. Según pudo conocer Amnistía Internacional, más de 100 personas resultaron heridas y más de 80 personas fueron detenidas en el marco del operativo llevado adelante por las fuerzas de seguridad. Las imágenes difundidas y los relatos dan cuenta de individuos con hasta más de 10 heridas de bala de goma, con impactos en los ojos, cara, el cuello, el pecho y los brazos
En lo que respecta a la cuestión vacunas contra el COVID 19, el informe señala que las empresas farmacéuticas y laboratorios no han apoyado iniciativas para suspender los derechos de propiedad intelectual temporalmente ni han compartido sus conocimientos y tecnologías para facilitar una producción a mayor escala que garantice el acceso efectivo y oportuno a las vacunas en todo el mundo18. En un contexto de escasez, los países con mayores recursos han acaparado la mayor cantidad de dosis y no han apoyado de manera efectiva iniciativas globales para garantizar el acceso universal y equitativo a las vacunas19.
– A su vez, la escasa información y falta de transparencia han afectado la implementación de los planes de vacunación en todo el mundo. En Argentina, esto se vio evidenciado al conocerse que un grupo de empresarios y aliados políticos recibieron la vacuna en el Ministerio de Salud de la Nación sin encontrarse entre los grupos prioritarios.
La máxima transparencia y la efectiva priorización de los grupos que deben recibir las dosis en primer lugar son centrales para garantizar la confianza y legitimidad de los planes de vacunación. Debe brindarse toda la información necesaria y disponible de manera oportuna, transparente y accesible para permitir el escrutinio público 20.
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