La nota le llegó a la agente de parte del comisario principal. Le pedía que fuera a trabajar “en minifalda y colaless, bien afeitada y perfumada”.
La mujer lo
denunció. Ahora, la Justicia de Entre Ríos condenó a un jefe policial y al Estado provincial a pagarle más de 1,2 millones de pesos.
El caso ocurrió en septiembre de 2007. Por ese entonces, el ahora condenado le mandó a su subordinada una nota escrita y firmada. Además de darle especificaciones sobre la ropa y el aseo, le pidió que se presente a las 22 porque iba a “pasar revista del cumplimiento” antes de que pueda tomar el servicio.
Los jueces Gisela Schumacher y Rodolfo Jáuregui, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo 1 de Paraná, anularon el fallo de primera instancia y sostuvieron que existió “violencia de género laboral y sexual“.
También dijeron que el imputado le causó a la agente “incapacidad sobreviniente, pérdida de chance, daño moral y daños patrimoniales”. Es que la víctima debió consumir “medicamentos y (realizar) un tratamiento psicológico“.
Hugo González Elias, el tercer camarista, votó diferente. Consideró que no hubo violencia de género ya que la orden “fue impartida con igual sentido para ella y sus compañeros varones” y que “el componente psicológico preexistente disparó” la denuncia.
A su vez, la Cámara ordenó al comisario principal y al Estado provincial el pago de $ 1.293.518 a la víctima, más los honorarios de los abogados intervinientes.
El caso
La víctima denunció a su jefe por “acoso sexual y laboral sistemático” ya que recibió numerosos mensajes preguntándole si trabajaba, y si quería que la buscara por su domicilio.
Sin embargo, el comisario denunciado negó todo ante sus superiores y desprestigió a la agente para defenderse. Les dijo que estaba “desde hace tiempo afectada psíquicamente, es mentirosa, fantasiosa y vive en un mundo alejado de la realidad”.
Además, aseguró que el mensaje se lo envió como “una broma de mal gusto entre compañeros de trabajo”. No contento con eso, la calificó de “artera y de mala fe“, ya que realizó al denuncia “recién tres meses después de ocurrido”.
Uno de los peritos intervinientes en el juicio aseguró que la víctima sufrió “un cuadro de desestabilización y brote de mecanismos depresivos, contextualizado con sus repercusiones de su historia de vida” por ese hecho. Recordó que debió ser internada en un hospital neuropsiquiátrico.
“Empoderar la palabra”
En su voto, la jueza Schumacher remarcó “las dificultades probatorias del acoso sexual y laboral, porque son hechos que no suelen suceder frente a otras personas”.
La magistrada, entonces, pidió “empoderar la palabra de la señora de policial jerarquía inferior, que denunció a un superior y afrontó todo el proceso posterior que implica, siempre, enorme desgaste emocional“.
Además de la denuncia de la víctima, la magistrada tuvo en cuenta la existencia de “múltiples factores que pueden llevar a hacer silencio o no reaccionar inmediatamente frente a los agravios” en una fuerza policial, como “miedo al ridículo, a la sanción jerárquica, a que se intensifique la agresión, entre otros”.
La jueza precisó luego que se tildó “de broma algo que fue considerado ilegal por la propia Policía” de la provincia, sin atender la “percepción de la víctima sobre tal acto”.
Y recordó que “se la culpó por su personalidad como un factor predisponente, siendo que pidió licencia y estuvo internada poco después de haber recibido la nota”.
Para la magistrada, la falta de consentimiento “ha quedado demostrada” y destacó que la ex agente se sometió a “innumerables instancias en las que mantuvo firmemente su versión de los hechos, que incluyó la expresión contundente del desagradado, malestar y daño que lo vivido le provocó”.
El juez subrogante Jáuregui adhirió a la solución y al voto de Schumacher, en tanto que el vocal Gonzalez Elías no dio lugar y alegó a que la orden “no constituyó un acto discriminatorio que provocara violencia de género“.
Télam
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