La causa por juego clandestino que se tramita en Rosario, un expediente que ya derivó en la detención de dos fiscales y que salpicó incluso a un senador provincial
santafesino, sumó este miércoles otra imputación resonante: una fiscal de la localidad de San Lorenzo fue acusada por el incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de la persecución penal de delitos.
Según la imputación, Melisa Serena, funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mantenía contacto con miembros de una asociación ilícita en la que se entremezclan el juego ilegal, extorsiones a empresarios, un homicidio en el casino de Rosario, las órdenes de uno de los líderes de la banda “Los Monos” desde la cárcel y hasta una guerra política que expuso internas dentro del peronismo santafesino.
Serena seguirá en libertad. Los fiscales de Agencia contra la Criminalidad Organizada y Delitos Complejos avanzaron contra la funcionaria a partir de las conversaciones y mensajes que cruzaba con Nelson Ugolini, un empleado del MPA que está imputado por integrar la asociación ilícita y que reportaba a los dos fiscales detenidos: Gustavo Ponce Asahad y Patricio Serjal.
Patricio Serjal, uno de los fiscales detenidos. Foto: Juan José García
“Hacete la boluda y estirá la oreja en la fiscalía de San Lorenzo. Quieren controlar dos variantes importantes: juego clandestino y puertos secos. Sain desde Rosario quiere mandar gente desde acá para San Lorenzo para ver si lo pueden enganchar a Traferri en algo y tratar de tumbarlo”, le dice Ugolini a Serena en uno de los mensajes que se recuperaron de su teléfono.
“Son temas que jamás se han tocado en San Lorenzo pese a que se sabe ¿Y qué pretende el pelotudo de (el ex ministro de Seguridad, Marcelo) Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri?”, le responde Serena a Ugolini.
Armando Traferri, un político con amplia trayectoria y con una fuerte cuota de poder dentro del peronismo, es senador departamental por San Lorenzo.
Gustavo Ponce, otro fiscal complicado en la causa que investiga una red de juego clandestino. Foto Juan José García
Los fiscales que investigan la causa por juego clandestino intentaron avanzar contra él para imputarlo, pero no lograron hacerlo porque el legislador está amparado por sus fueros.
Uno de los impulsores de esa acción era el ex ministro Sain, quien tras renunciar en la cartera de Seguridad regresó este mes al cargo de director del Organismo de Investigaciones del MPA.
“Con las causas en particular no tiene relación directa. Pero vemos que un miembro de la organización la consultaba a ella sobre allanamientos, procedimientos y ella siempre contestó”, explicó el fiscal Matías Edery tras imputar a Serena.
En la acusación se puntualizó, por ejemplo, una conversación del 6 de febrero de 2020 donde Ugolini y Serena intercambian comentarios acerca de eventuales allanamientos.
El empresario rosarino Leonardo Peiti, el “arrepentido” que involucró a los funcionarios judiciales.
“Omitió iniciar una investigación y/o transmitir esa información a quien correspondiere para que la misma se inicie y/o se promueva contra los eventuales responsables de esos hechos ilícitos y/o delictivos que Melisa Serena, afirma, conocía. Todo ello lo hizo a sabiendas que es su función ejercer la acción procesal penal e investigar los hechos con apariencia de delitos que conozca en ejercicio de sus funciones”, se indica en la imputación.
Edery insistió en que no existen indicios, al menos en los audios hasta el momento obtenidos, de que la fiscal tuviera contacto con Leonardo Peiti, el empresario del juego al que se señala como líder de la organización.
Peiti pagaba entre 4 y 5 mil dólares mensuales a los fiscales Serjal y Ponce Asahad para que lo protegieran y le ofrecieran información sensible.
Su declaración como arrepentido, avalada por abundante prueba, permitió la detención de los dos funcionarios judiciales. Peiti también fue apresado hace pocos días por una causa semejante por apuestas ilegales que se tramita en Rafaela.
El senador del peronismo santafesino Armando Traferri. Foto Juan José García
La fiscal acusada este miércoles evitó brindar la clave para que su teléfono personal pueda ser peritado. El aparato podría ser entregado a personal técnico de Gendarmería o de la Policía Federal para desbloquearlo. Se evalúa, incluso, el envío al exterior. Si la apertura del celular ofrece nueva prueba la imputación contra Serena podría modificarse.
Serena declaró este miércoles, pero no aceptó preguntas. Dijo que tenía contacto con Ugolini y que conocía a Ponce Asahad y Serjal por su tarea en el MPA. Respecto al senador Traferri aseguró que sabe de él por su función como legislador, pero no admitió encuentros personales.
La fiscal continúa en funciones, aunque la Auditoría General de Gestión del MPA tiene facultades para iniciar una investigación y tomar medidas contra ella.
LM
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