La Justicia les devolvió a los Kirchner el manejo de sus empresas, hoteles y propiedades

bienes de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, al ponerle fin a la intervención judicial que recaía sobre estos bienes. Así, después de cuatro años, la familia Kirchner recuperó el manejo y explotación de sus empresas y propiedades.

Este conjunto de bienes son parte de la investigación por lavado de dinero por la que fueron enviados a juicio oral la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

La semana pasada, el abogado Carlos Beraldi había reclamado ante el TOF 5 que finalicen de forma urgente, en un plazo no mayor a 60 días, las intervenciones judiciales ordenadas desde 2016 cuando se los investigó por operaciones de lavado de dinero.

En aquel entonces, con el avance de las intervenciones, Máximo Kirchner había perdido el poder de administración del condominio que nuclea los 26 inmuebles que recibió junto a su hermana Florencia, producto de la sucesión de Néstor Kirchner. Además, fueron desplazados del manejo de la inmobiliaria Los Sauces y la firma hotelera Hotesur. El dinero que ambas firman generaron estos años, fue derivado a una cuenta judicial.

La resolución del TOF 5

El Tribunal, que está integrado por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grunberg y Adriana Pallioti, firmó una resolución de 40 páginas, a la que accedió Clarín, en la que determinaron el cese a la intervención judicial de Los Sauces SA, Hotesur y el condominio Máximo y Florencia Kirchner.

Si bien la familia Kirchner recuperó la administración del conjunto de propiedades y de las empresas, no podrán vender ninguno de sus activos.

Según el abogado defensor durante estos años el deterioro de los inmuebles fue notorio, mientras que en el caso de la inmobiliaria no lograron alquilar sus principales departamentos.

Por tal motivo, se les dio diez días hábiles a los Interventores Administradores Judiciales Raquel J. Moyano, Jordan Kristoff y Daniel E. Altman para que “hagan entrega de las respectivas administraciones a las personas que la asistencia técnica de los imputados Máximo Kirchner y Florencia Kirchner designen para tal fin”.

En tanto, a los accionistas de las firmas “Hotesur SA, Los Sauces SA y a los condominios Máximo Kirchner y Florencia Kirchner se los instó a que designen las personas que ocuparán los cargos del órgano de administración de las Sociedades comerciales antes señaladas, y cumplan con las obligaciones contables de rigor; como así también, se sirvan designar la persona que administrará dicho condominio”, ya que los directorios hace cuatro años están acéfalos.

Una trama de lavado 

Tanto Los Sauces SA como Hotesur son las firmas de los Kirchner investigadas por operaciones de blanqueo. Se determinó que fueron usadas para lavar más de 120 millones de pesos entre 2009 y 2013. El mayor inconveniente radica en la inmobiliaria, cuyos principales activos no lograron alquilarse nuevamente, y en el caso del condominio, acumuló deudas impositivas por más de cuatro millones de pesos.

La Justicia determinó que Los Sauces no tenía como finalidad operar comercialmente, sino ser una “pantalla para poner en circulación de origen ilícito y así darle apariencia de licitud”. Mismo criterio rigió el funcionamiento de Hotesur, que continúa operando bajo una intervención judicial.

Según la justicia, la empresa hotelera manejada desde su compra en 2008 por Lázaro Báez (condenado a 12 años por lavado de dinero) fue utilizada para blanquear 80 millones de pesos, simulando contratos de locación como alquiler de habitaciones con empresas del Grupo Austral que nunca se utilizaron. Para su gerenciamiento, el empresario K utilizó Valle Mitre SRL que se financiaba con préstamos de Austral Construcciones, principal contratista de obras viales en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.

La inmobiliaria tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López (representaron el 86% de la facturación). Las maniobras de blanqueo rondaron los 30 millones de pesos. Los principales activos de la firma se encuentran en Capital Federal, más específicamente en Puerto Madero, y en Río Gallegos. Esos inmuebles no lograron alquilarse.

Cristóbal López era quien alquilaba en Puerto Madero, y Austral Construcciones tenía varios de los contratos en Río Gallegos. El fiscal señaló que la pericia ordenada en este caso, “se encuentra en su etapa final” y que “los técnicos intervinientes (oficiales y propuestos por las partes) ya han dejado en claro el panorama ante los puntos solicitados por las partes”, explicó por lo que “se entiende que los objetivos de la intervención en este caso se encuentran cumplidos”.

AFG​