El presidente de Vélez, Sergio Rapisarda, y el gerente de Seguridad del club, Eduardo Capuchetti, debieron prestar declaración indagatoria este jueves en la causa en la que se intenta
dilucidar la responsabilidad por la organización de una fiesta que se llevó a cabo la semana pasada en el polideportivo de la institución y en la que no se habrían respetado las más elementales normas de seguridad sanitaria.
Tanto Rapisarda como Capuchetti hicieron una presentación y expusieron a través de videoconferencia ante la doctora Celsa Ramírez, titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 35 de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene competencia especial para intervenir en casos vinculados a delitos y contravenciones que tengan relación con espectáculos artísticos y deportivos de carácter masivo.
La Fiscalía está investigando los hechos ocurridos el 31 de marzo en el quincho del polideportivo de Vélez, donde se realizó una fiesta mientras el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino enfrentaba a Banfield en San Juan por un lugar en la edición 2022 de la Copa Sudamericana (el Taladro se impuso 3 a 2).
El allanamiento en la cancha de Vélez tras la multitudinaria fiesta clandestina que armó la barra brava.
La celebración, que habría sido organizada por un grupo de miembros de la barra brava, “fue autorizada por el club, sin que el lugar donde se realizó el evento bailable contara con la habilitación del Gobierno de la Ciudad para esta actividad”, detalló el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.
De acuerdo con los testimonios de testigos y allegados a la institución, alrededor de mil personas participaron del evento en el que se incumplieron los disposiciones de cuidado sanitario vigentes como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
“No se cumplieron los protocolos de seguridad, no hubo control del club en la cantidad de asistentes al evento, así como también se transgredió ampliamente la franja horaria dispuesta para la realización de eventos e incluso se distribuyó gran cantidad de bebidas alcohólicas para los concurrentes”, detalló el MPF en un comunicado.
Según el organismo, esas conductas constituyen “prima facie una infracción a los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal”, que hacen referencia a la propagación de enfermedades peligrosas y contagiosas, y a la violación de las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Las penas contempladas para estos hechos llegan hasta los 15 años de prisión.
La Fiscalía N° 35 no solo está investigando el accionar de Rapisarda y Capuchetti, sino también las posibles responsabilidades de “algunos de los referentes de la barra brava”; del cantante Elián Ángel Valenzuela (conocido como L-Gante), quien brindó un show durante la fiesta, y del socio Adriano Daniel Mautone, hijo del empresario del juego Daniel Mautone (socio del expresidente de Boca y operador judicial macrista Daniel Angelici).
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.
