Para Alberto Fernández, Cristina Kirchner es inocente en las ocho causas por corrupción que tiene elevadas a juicio. Sus declaraciones son la antesala a una decisión clave que la Justicia
debe tomar respecto a uno de los expedientes contra la vicepresidenta. La Sala I de la Cámara de Casación la semana próxima debe resolver si se realizará el debate oral por las operaciones con el Dólar Futuro. Además, el abogado Carlos Beraldi ya anticipó que también pedirá que la causa por el Pacto con Irán sea anulada.
El 4 de marzo, durante más de cincuenta minutos y con un duro discurso que incluyó una fuerte defensa política, la vicepresidenta expuso por videoconferencia ante la Casación los motivos por los cuales quiere anular ese expediente. En su descargo, con el que busca el sobreseimiento, acusó al Poder Judicial de ser “un sistema podrido y perverso”, volvió a hablar de lawfare para defenderse de las causas de corrupción en las que está acusada y apuntó contra Mauricio Macri y los medios de comunicación.
Aquella audiencia respondió a un trámite propio de las instancias de queja que llegan a la Cámara Federal de Casación. Concluida la exposición de la vicepresidenta comenzaron a correr los plazos para que los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y la magistrada Ana María Figueroa resuelvan si harán lugar al pedido de sobreseimiento y anulación del juicio oral, o si avalarán al Tribunal que siguiendo el criterio del fiscal Diego Velasco, ordenó iniciar el debate oral.
Fue el primero de los ocho expedientes contra la ex presidenta que se elevó a juicio oral. Durante la instrucción del caso se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a otros ex funcionarios, “cometieron un fraude descomunal al patrimonio público”, que le habría costado al Estado “55 mil millones de pesos”. El delito imputado es el de administración fraudulenta.
El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En el requerimiento de elevación a juicio, Taiano sostuvo que la vicepresidenta era responsable del delito de “administración fraudulenta” que se había cometido por las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional a las autoridades del Banco Central, “con la anuencia de la Comisión Nacional de Valores”, para vender en un breve periodo “un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad generando un grave perjuicio a las arcas del Estado”.
En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.
Para Cristina Kirchner se trata de una “persecución política”, pues la acusan por “medidas de Estado que no pueden judicializarse”. Entonces, ante los jueces de la Sala I sostuvo que el expediente es un leading case, no solo en el tema del lawfare, sino también en la “intromisión y manipulación del Poder Judicial en los procesos electorales y en la política en general en la República Argentina”.
El presidente avaló ese criterio ante la asamblea legislativa el pasado primero de marzo, cuando reiteró la necesidad de una reforma judicial: “asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables y hay hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos”, afirmó.
Previo a ello había manifestado si hay Justicia en Argentina Cristina va a ser absuelta” y atacó a la Corte Suprema, que tiene recursos claves para resolver sobre Cristina Kirchner, vinculados al único juicio que tiene en marcha, donde se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer a Lázaro Báez con 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos.
La Sala I de la Casación federal, dos de cuyos integrantes fueron increpados por la vicepresidente durante su audiencia, debe resolver en los próximos días si se realizará el juicio en el caso del dólar futuro, que inició en noviembre de 2015, cuando se sabía que habría una segunda vuelta para elegir al sucesor de Cristina Kirchner en la Casa Rosada. Por ello, la vicepresidenta dijo que el Poder Judicial con su accionar “incidió en el proceso electoral”, contribuyendo a que Mauricio Macri llegue a la presidencia “y ellos vinieron para devaluar”, aseveró.
El recurso ante la Casación se presentó después de que el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), a cargo del caso, avaló la decisión del fiscal Diego Velasco, quien había pedido que inicie el debate oral. Los imputados habían planteado la “sinrazón de judicializar una decisión claramente política”.
Por ello pidieron el sobreseimiento y que no inicie el juicio. Velasco rechazó los pedidos, el TOF 1 lo avaló y Cristina Kirchner llegó con su queja a la Casación.
El doctor Carlos Beraldi, abogado de Cristina, ya anticipó que para pedir la nulidad del juicio por la firma del Memorándum con Irán, expediente que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, también requerirá que se transmita su audiencia ante la Sala IV de la Cámara de Casación. Su reclamo es por las visitas de dos de sus integrantes, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, a la Casa Rosada y la quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri.
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