A través del Proyecto de Resolución 858/21, la Diputada Gladis Cristaldo, del Bloque Legislativo Igualar, junto a los diputados Juan Carlos Ayala, Teresa Cubells, Claudia Lorena Panzardi, Juan Manuel Pedrini, Rodolfo Schwartz y Nicolas Slimel, propician el expresar acompañamiento al dictamen de mayoría emitido por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia.
El informe realizado por ésta, que da cuenta que durante el gobierno que abarcó el período 2015 – 2019 se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, habiendo sido diseñado con premeditación y alevosía y en conjunto con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial.
El informe, producto de testimonios recabados por la Bicameral y del relevamiento de causas judiciales, sostiene que durante la administración Macri se espió a 354 personas y a 171 organizaciones y partidos políticos.
Cabe aclarar que la mencionada comisión ha condensado, en el informe producido, las acciones resultantes del control democrático, responsabilidad que le fue asignada por la Ley Nacional de Inteligencia N° 25.520, con el fin de poner a consideración del Honorable Congreso de la Nación (H.C.N.) los hechos de espionaje ilegal cometidos desde las máximas esferas del Estado.
La iniciativa también destaca la existencia de un método ejecutado por una organización, cuyo propósito consistió en producir información para incidir en procesos judiciales en trámite, ser proporcionado a los medios de comunicación para su eventual difusión y así neutralizar, estigmatizar, suprimir civilmente, desprestigiar, hostigar, extorsionar y perseguir a opositores políticos. Asimismo, se resalta que hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente y al menos 354 víctimas directas confirmadas, a su vez 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales.
El plan de espionaje, diseccionado por la Bicameral, fue “diseñado con premeditación y alevosía, y en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial avasallaron a cientos de ciudadanos”, sostiene el dictamen firmado por la mayoría de los integrantes de la comisión. Por ello, el cuerpo reclamó que se cree una comisión investigadora que coadyuve a dilucidar los verdaderos responsables de la inteligencia ilegal, sugerencia que reactivará el debate sobre una comisión parlamentaria para revisar lo actuado por el Poder Judicial.
“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas”, dice el reporte, que resalta que hubo una persecución de aquellos considerados disidentes desde el gobierno de Macri –en un sentido tan amplio que, por ejemplo, incluía a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan–. “Se impone, así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado en la República Argentina”, reclama.
Dentro de los espiados están desde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, principal opositora a Macri, hasta el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien la Bicameral no hizo pública la nómina de víctimas, desde ese organismo informaron a este diario que se comunicarán individualmente con las personas que fueron seguidas o vigiladas por distintos organismos durante el macrismo. Las organizaciones espiadas incluyen desde agrupaciones políticas hasta comedores populares, pasando incluso por Cambiemos.
“Este espionaje ilegal, en términos operativos, se instrumentó a través de agentes regulares de la AFI, del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con acciones abiertamente ilegales o enmascarados bajo supuestas órdenes judiciales. También contó con la colaboración de agentes irregulares vinculados a dicho organismo y al Ministerio de Seguridad de la Nación y un nicho de magistrados de la justicia federal”, sostiene el informe de la Bicameral.
Para los integrantes de la comisión, el vértice de la coordinación estuvo ocupado por la llamada “mesa judicial”, que actualmente investiga el fiscal federal Franco Picardi. Estos actores que habrían estado abocados al plan de inteligencia ilegal se valieron, según la Bicameral, de un método: el lawfare o la guerra judicial contra la política y los movimientos populares. “La información de interés, así obtenida, era producida y entregada con el fin de manipular a la opinión pública a través de la utilización de periodistas que, a la vez, se sirvieron de aquellas en un cuestionado libre ejercicio de la libertad de prensa al amparo de la protección constitucional del secreto de sus fuentes de información”, detalla el informe.
