En el Día del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, desde la Legislatura provincial hacemos un repaso de las normativas que se están llevando adelante en la provincia en materia de cuidado y preservación del ambiente, con la mirada puesta en un Chaco sustentable.
A pesar de la pandemia de coronavirus, el parlamento chaqueño se transformó en la Legislatura más productiva del país, y muchas de las leyes sancionadas estuvieron vinculadas al medioambiente, mientras que otros proyectos que aguardan tratamiento formarán parte de la legislación futura.
Entre la normas sancionadas en el período 2020-2021 con un fuerte compromiso con la temática, se aprobó la capacitación obligatoria en los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la provincia, de acuerdo con la resolución 70/1 de la Organización de las Naciones Unidas.
Se sancionó la adhesión a la Ley Nacional 27592 —Ley Yolanda—, que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático.
Se aprobó también un procedimiento de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles existentes o en proyecto de construcción, destinados a vivienda, con el objetivo de clasificarlos según su grado de eficiencia en el consumo global de energía primaria.
También se avanzó en la adhesión a la Ley Nacional 27.279 que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de productos fitosanitarios, y en diciembre se sancionó la declaración del estado de emergencia ambiental del ecosistema del río Paraná, por el plazo de un año.
Por ley se sustituyó al Ministerio de Salud Pública por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente como autoridad de aplicación en la norma sobre residuos patogénicos en establecimientos sanitarios públicos y privados, generando ámbitos técnicos de mayor especificidad para el control de dichos materiales.
También se adhirió a la ley 27.566 que aprueba el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú —República de Costa Rica—, el 4 de marzo de 2018.
LO QUE VIENE
Entre las iniciativas legislativas presentadas y con estado parlamentario están la propuesta de la creación de un Programa Provincial de Concientización y Prevención de Daños en humedales y ríos navegables, en los departamentos San Fernando, 1 de Mayo y Bermejo.
Se halla en tratamiento la declaración del estado de emergencia ambiental para regularizar y actualizar la situación de los bosques nativos en la provincia, así como la anulación de las disposiciones de recategorización de zonas clasificadas como amarillas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y hasta la suspensión y prohibición de desmontes y cambios de uso del suelo por un período de 24 meses.
La declaración como Reserva Natural Provincial Cultural a la zona conocida como Breñal en el Departamento 9 de Julio, jurisdicción de la ciudad de Las Breñas, y cuatro iniciativas relativas al Parque Caraguatá: la declaración de Reserva Natural Cultural Caraguatá; la creación del Parque Natural Provincial Caraguatá; la creación de un Parque Botánico Urbano Caraguatá; y un proyecto que persigue la declaración de Reserva Natural Provincial Caraguatá.
La creación con carácter público y obligatorio del Compendio de la Normativa Ambiental, y del Programa Provincial de Mejoramiento de Suelos en el territorio de la Provincia del Chaco, en el marco de lo dispuesto por la Ley 410-R (antes Ley 2635) de Adhesión a la Ley Nacional 22.428, y de Fomento a la Conservación de Suelos.
Se promueve una ley para prohibir arrojar colillas, con o sin filtro, de cigarrillos en la vía pública o en espacios de uso común dentro del territorio chaqueño.
Otra iniciativa impulsa la creación del Parque Provincial Reserva El Palmar, que comprenderá la totalidad de la superficie de la Laguna El Palmar, una reserva de cuatro mil cuatrocientas cincuenta y tres (4.453) hectáreas, ubicada en la localidad de Las Palmas, en el Departamento Bermejo.
También, la prohibición en toda la provincia del uso de bolsas plásticas y de todo material no biodegradable para el transporte de productos, mercaderías u otro fin, reemplazándolas por bolsas u otros objetos biodegradables que resulten compatibles con la minimización del impacto ambiental, de forma progresiva, permanente e inmediata.
La creación del Foro Provincial de Expertos en Cambio Climático, en el ámbito del Poder Ejecutivo, como espacio institucional multisectorial destinado a analizar y debatir la problemática del cambio climático y generar conciencia ciudadana.
La prohibición de uso, devastación, enajenación, utilización irracional de productos boscosos y toda otra acción que se ejerza sobre aquellas tierras que fueron centro de incendios forestales en los bosques nativos de la Provincia del Chaco, es otra de las propuestas debatidas en análisis de comisión.
Se analiza declarar zonas de restauración ambiental a todos los ecosistemas del territorio provincial afectados por los incendios provocados o accidentales durante los últimos dos años; y zonas de protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios durante los últimos cinco años. Además, la creación del Programa de Recomposición de Áreas Afectadas por Incendios.
Hay propuestas de Separación de Residuos Sólidos Urbanos en Origen en el ámbito de los organismos públicos de la provincia, así como la creación de un programa de reutilización y reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos, también en el sector público. Se trata de residuos con un alto nivel contaminante, que contienen metales pesados, sustancias como bromo, cadmio, fósforo, mercurio, arsénico, cobalto que pueden contaminar el agua o participar en la formación de gases de efecto invernadero.
Finalmente, también están en análisis la prohibición de utilizar y comercializar “plásticos de un solo uso”, entregados y utilizados en balnearios, paradores, cabañas, campings, carnavales, áreas de pesca y aguas termales, y la modificación de la ley 896-R (antes ley 4358) —del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas— SPANP, introduciendo una nueva categoría de área natural protegida: las Reservas Naturales Privadas.
