El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una ley de reestructuración territorial que impulsó el presidente Nayib Bukele para reducir el número de municipios de 262 a 44 a partir de mayo de 2024, una iniciativa que según la oposición le permitirá al oficialismo profundizar su control en los gobiernos locales.
La primera modificación territorial de El Salvador en 84 años se aprobó con el voto afirmativo de 67 de los 84 diputados del pleno, tras casi seis horas de debate.
“Con supermayoría, la Asamblea Legislativa de El Salvador acaba de aprobar la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce el número de alcaldías de nuestro país, de 262 a 44. ¡Historia!”, escribió Bukele en Twitter.
El presidente del Parlamento, Ernesto Castro, explicó que el objetivo de la modificación territorial es “agilizar la coordinación de planes de desarrollo” y aseguró que es una acción que “se debió tomar hace décadas”, informó la agencia de noticias Europa Press.
Cuando la ley entre en vigencia, dentro de un año, los municipios pasarán a ser distritos y quedarán agrupados por regiones en cada uno de los 14 departamentos.
Según Castro, la reducción del número de municipios “permitirá un ahorro de 250 millones de dólares anuales” en las arcas del país, al reducirse las erogaciones en pago de varios gastos fijos que poseen los actuales municipios, informó la agencia de noticias AFP.
Cómo será el cambio
En un comunicado publicado en la página web del parlamento, el órgano legislativo aseguró que los distritos no perderán sus oficinas administrativas y agregó que la medida no afectará la extensión de partidas de nacimiento, las tarifas de impuestos municipales ni otros servicios que prestan en la actualidad las comunas.
Lo que si cambiará es la distribución de los concejales, que se distribuirán en función del número de habitantes.
“De acuerdo a esto, habrá 40 concejos con diez miembros, dos con 14 miembros, y dos con 16”, a lo que se suman 44 alcaldes, 44 síndicos y 372 concejales, “una reducción significativa, comparado con los casi 3.000 (funcionarios) que hay actualmente”, según el comunicado.
Si bien la ley señala que no habrá despidos en las alcaldías, aclara que en mayo próximo se suprimirán los puestos de los miembros de aquellos concejos municipales que dejen de funcionar, aunque no aclara cuantas personas son.
Para el diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la reducción de municipios es “una táctica del gobierno por mantener el control territorial”.
Mientras que para el diputado Christian Guevara, jefe de la bancada del oficialista Nuevas Ideas, se trata de una decisión “histórica” que permitirá “destinar más fondos para la atención de las necesidades de la población”.
La prórroga de la excepción
Además de la reestructuración territorial, el parlamento aprobó el martes la decimoquinta prórroga del estado de excepción que rige desde marzo de 2022 y que permitió detener a unos 65.000 presuntos miembros de pandillas.
El estado de excepción habilitó al Gobierno salvadoreño a suspender ciertas libertades y garantías constitucionales, desplegando militares en las calles, extendiendo el plazo máximo de detención provisional de 72 horas a 15 días y prohibiendo el derecho a reunión, entre otras cosas.
La ONU y organismos humanitarios como Human Rights Watch o Amnistía Internacional alertaron sobre las “evidencias graves” de abusos a los Derechos Humanos desde que rige el estado de excepción.
El Gobierno, por su parte, hace oídos sordos a las críticas y se centra en las cifras de reducción de homicidio.
“Enero cerró con 22 días sin muertes a causa de la violencia y febrero lo hizo con 21 días. En marzo se registraron 20 días sin homicidios, mientras que en abril se acumularon hasta 24 días sin asesinatos, siendo el mes más seguro en la historia de El Salvador. Mayo cerró con 18 días sin asesinatos y junio acumula diez días”, según la página web del Congreso.
Desde su llegada el poder, Bukele introdujo diversas reformas para poder llevar adelante sus planes.
Con una asamblea de amplia mayoría oficialista, en marzo de 2021 destituyó a los 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia de justicia del país y luego del titular de la Fiscalía General del Estado.
La semana pasada, el Congreso aprobó reducir de 84 a 60 los escaños en el órgano legislativo, una medida anunciada por Bukele semanas antes, en el mismo discurso en el que anticipó que su próxima batalla será “contra la corrupción”.
Fuente Telam
