Los seis representantes jujeños del bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) renunciaron este miércoles a la discusión de la Convención Constituyente que comenzó a sesionar en el recinto de la Legislatura local, en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial y en un contexto de multitudinarias marchas en toda la provincia.
En el inicio del debate parlamentario el convencional constituyente y diputado nacional del FIT-U, Alejandro Vilca, luego de solicitar una cuestión de privilegio, sostuvo que en la reforma “no se está discutiendo cómo mejorar los salarios, terminar con la precarización laboral, el control del litio”, entre otros, sino que “se discute cómo quitarle más derechos al pueblo”.
“No vamos a ser parte de una Convención que conspire contra el pueblo trabajador. Nos retiramos para estar en las calles junto a los trabajadores y el pueblo que pelea por un salario digno y contra la reforma”, afirmó Vilca.
Los convencionales que renunciaron son Gastón Remy, Natalia Morales, Alejandro Vilca, Keila Zequeiros, Gloria Zambrano y Sebastián Copello.
A ellos se suman los constituyentes del Frente Justicialista, Amelia De Dios y Carlos De Aparici, quienes anunciaron su renuncia el pasado lunes en el marco de un plenario del espacio político Arriba Jujuy.
Luego de un cuarto intermedio, se aceptó la renuncia de los integrantes del FIT-U, avanzaron en prestar juramento los convencionales que tomaron el lugar de De Dios y De Aparici y luego el oficialismo continuó con el desarrollo del debate.
En ese marco, se procedió a discutir en general lo resuelto en la comisión de “Nuevas declaraciones, derechos, deberes y garantías constitucionales”, donde el oficialismo ratificó su idea sobre la “paz social y convivencia democrática pacífica”.
Para el convencional Gastón Morales, representante de la UCR e hijo del actual gobernador de Jujuy, la propuesta “establece dos dimensiones, una individual y otra colectiva”.
El dictamen propio indica que todos los individuos “tienen derecho a vivir en una sociedad basada en la paz social, la convivencia pacífica libre de violencia e intimidación”, sostuvo.
Señaló que “el ejercicio de la libertad de expresión colectiva se hace a través del respeto y el derecho a la protesta y la manifestación”, aunque aclaró que se incorporará a la reforma “la posibilidad de la reglamentación de la manifestación frente a casos en que las protestas no sean pacíficas”.
En la jornada de este miércoles, el gobernador Gerardo Morales advirtió: “Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar”.
La convencional de Frente Justicialista Noemí Isasmendi planteó que el conflicto social en Jujuy “trasciende” a lo planteado por el oficialismo, porque “la sociedad ve un límite a las posibilidades de petición y reclamo que están detalladas en la constitución provincial aún en vigencia”.
En ese sentido, enfatizó: “No debemos retroceder en derechos, no restrinjamos, ampliemos. Construyamos una constitución moderna que esté a la altura de los nuevos paradigmas para que no seamos vistos como una provincia que retrocede en derechos”.
En tanto, la mayoría de los convencionales constituyentes del Frente Justicialista participantes evitaron expresarse en contra de la propuesta esgrimida por el oficialismo.
Más adelante se trató un único dictamen firmado en la comisión de “Salud, educación, trabajo y seguridad”, en el cual, la representante oficialista Cristina Fernández Blanco defendió “el código contravencional provincial sancionado en el año 2015”.
“Bajo la consigna de fortalecer la paz y la unión de Jujuy, es necesario que la seguridad pública esté reconocida de forma clara en la constitución provincial. La paz social permite tratar las diferencias”, manifestó sobre las premisas del cuestionado código contravencional.
También se conoció lo resuelto en la comisión “Sistema económico, financiero y órgano de contralor”, ligado a la diversidad productiva, con una extrema apertura de la “concepción de la inversión privada con fomentos desde la provincia”.
En relación a las tierras fiscales, el oficialismo consideró “fundamental” desarrollar nuevas matrices productivas en la provincia y agregó que ello permitirá “poder darle seguridad jurídica a quienes invierten. Tienen que ver con tierras que puedan ser puesta a disposición de proyectos productivos, no cualquiera tierra”, aclararon.
En relación a los órganos de control, se busca reemplazar el Tribunal de Cuentas con un Sistema de Auditoria provincial que permita distintos tipos de control estatal, entre ellos los vinculados a temas “ambientales, deuda pública”, entre otros, indicó la convencional de Frente Cambia, Teresa Agostini, al hacer alusión a “mejorar procesos que eviten la corrupción”.
Sobre los puntos anteriores, el representante justicialista Jorge Noceti, dijo que “la urgencia de la mayoría por someter a tratamiento en esta convención, no permitió realizar un dictamen en conjunto” y advirtió que se tiene que atender “regímenes de fomento para sectores productivos vigentes jujeños”.
Más adelante pidió “la supresión del temario de tierras fiscales” y abogó por que la Legislatura provincial “propicie una ley de administración de tierras fiscales”, al enfatizar que “el recupero de tierras puede atentar con derechos de otros”.
Sobre los organismos de control pidió “sostener el actual Tribunal de Cuentas, con la posibilidad de que contemple la postura de ambas bancadas”, en alusión al oficialismo y el Frente Justicialista.
En tanto la comisión de “Poder Ejecutivo, Legislativo y nuevos órganos de rango constitucional”, propone la duración de los mandatos de los legisladores a cuatro años, pudiendo ser reelecto por única vez.
En el orden de las inmunidades parlamentarias, el convencional ultraoficialista Luciano Rivas indicó que “no podrá ser considerada para avanzar investigaciones para quien cometa en un hecho ilícito”.
Otro tópico manifiesta que el gobernador no podrá indultar a personas declaradas culpable por los delitos como “femicidios, delitos contra la administración pública es decir corrupción y homicidios”.
A su turno, la convencional justicialista Isasmendi propuso impulsar “una consulta popular” para ratificar o no el texto de la reforma constitucional, al criticar nuevamente las irregularidades en su tratamiento durante los plenarios de comisiones y el clima social jujeño actual.
La sesión, que pasó a un cuarto intermedio hasta este juevesa, se llevó a cabo en un contexto de conflicto social en toda la provincia de Jujuy, encabezado por los docentes en contra de la reforma constitucional, a las que se sumaron gremios estatales, comunidades indígenas, organizaciones sociales, políticas y sindicales, los cuales coinciden que la misma cercena derechos.
Fuente Telam
