La Corte Constitucional (CC) de Ecuador avaló este viernes el decreto de reforma tributaria que decidió a mediados de mayo el presidente Guillermo Lasso, pero rechazó otro decreto que promovía la apertura de zonas francas.
Por la llamada “muerte cruzada” que significó la disolución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), la CC debe avalar o rechazar los decretos gubernamentales.
La reforma tributaria y la apertura de zonas francas fueron los dos primeros decretos que Lasso firmó apenas decidió el cierre de la AN –cuando se encaminaba a ser destituido- y el llamado a nuevas elecciones.
En una sesión virtual de alrededor de cuatro horas, la CC le dio el visto bueno a la reforma tributaria del 17 de mayo, medida que incluye la suba en las deducciones del Impuesto a la Renta, con lo que las personas pagarán menos desde 2023.
También entra en vigencia un nuevo impuesto para los sitios de pronósticos deportivos y se cobrará Impuesto al Valor Agregado a los asistentes a espectáculos públicos, como los partidos de fútbol, detalló el sitio Primicias.
El tribunal había citado el 6 de este mes al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, para analizar si el decreto de reforma tributaria se debía considerar urgente.
Arosemena dijo entonces que no es competencia de la Corte analizar si un decreto ley económico urgente, sino del Ejecutivo.
Defendió además el decreto que, explicó, apunta a implementar el sistema de cobro de impuesto para los negocios considerados populares, con ingresos anuales de menos de 20.000 dólares, porque el sistema actual solo estará vigente hasta diciembre de 2023.
La CC rechazó, en cambio, la iniciativa que impulsaba zonas francas, espacios geográficos especiales donde se otorgan incentivos tributarios y aduaneros para el desarrollo de actividades económicas.
El 8 de este mes el tribunal escuchó al ministro de Producción, Julio José Prado, argumentar sobre este decreto.
Como los plazos de la Corte Constitucional para tratar los decretos urgentes no están definidos en la ley, la cuestión generó debate y hasta algunas quejas de funcionarios.
Tras decretar la “muerte cruzada”, el Ejecutivo había anunciado también decretos sobre una Ley de Inversiones -con la que aspira a sumar 30.000 millones de dólares en inversiones privadas hasta 2025- y para reformar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en busca de “dar sostenibilidad financiera” al sistema de pensiones.
Otra de las medidas que aspiraba a imponer en este tiempo hasta la asunción de un nuevo presidente es la reforma laboral, que Lasso ya intentó en 2021 con la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal, que proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo.
Por último, el Gobierno se propuso además reformas en el sector petrolero, clave en la economía ecuatoriana.
Fuente Telam
