Las protestas de organizaciones populares de Perú contra la presidenta Dina Boluarte, que en una primera fase dejaron alrededor de 70 muertos en la represión policial y militar, se reanudarán el próximo miércoles con una llamada “toma de Lima”, esperada con singular expectación.
Aunque medios de prensa estiman que unas 30.000 personas podrían llegar a Lima desde el interior, especialmente desde los Andes sureños, analistas estiman que el número será muy inferior, pues en varias zonas, según definió el politólogo de la ciudad de Trujillo Martín Ueda, “el ambiente está apagado”.
Ueda expuso para Télam dos razones por las que la convocatoria aparentemente no ha tenido el alcance que logró entre diciembre y marzo pasados: por un lado, la intimidación lanzada por el gobierno y sus aliados, y, por otro, la falta de conexión de los convocantes con las bases.
“No hay liderazgos visibles, especialmente en el norte, aunque las razones de malestar siguen vigentes”, señaló el politólogo.
El gobierno de Boluarte, criticado internacionalmente por la represión que dejó 49 muertos en choques directos -todos civiles- y cerca de una veintena más si se incluyen hechos colaterales, ha estado activo en la adopción y el anuncio de medidas de contención que, entre otras cosas, incluyen una vigilancia en las afueras de la capital sobre quienes llegan.
Esa operación, bautizada como “abanico verde”, por el despliegue de los uniformados, apunta a desestimular a los potenciales viajeros y forma parte de un plan a cargo del ministro del Interior, Vicente Romero, general retirado de la Policía.
“Boluarte y (el primer ministro) Alberto Otárola toman al 19 de julio como el Día D de su gobierno y comentan que, de superar la crisis que genere la protesta, podrán quedarse sin problemas hasta 2026”, cuando termina el período de gobierno, dijo una fuente de la Dirección Nacional de Inteligencia al semanario Hidebrandt en sus Trece.
De acuerdo con esa versión, Boluarte, Otárola y sus aliados articulan decisiones para poner el aparato del Estado al servicio de la contención de la protesta, lo que supuestamente incluye la entrega de fondos extra para el Ministerio de Defensa.
Una resolución que transfiere a Defensa 12,2 millones de soles (3,8 millones de dólares) fue expedida la semana pasada por el Ministerio de Economía, con el argumento de que se busca que cuerpos de inteligencia y contrainteligencia “impulsen la reactivación económica al mitigar los riesgos de pérdidas económicas”.
Según denuncias de la oposición, la campaña del gobierno y sus aliados, incluidos representantes del gran capital y de la prensa convencional, incluye una ofensiva propagandística para vincular a los manifestantes con el terrorismo, práctica conocida en Perú como “terruqueo”.
El jefe antiterrorismo de la Policía, José Zavala, aseguró que el desarticulado grupo armado ultraizquierdista Sendero Luminoso estimula las protestas y citó como supuesta prueba un audio en que una dirigente de la organización, Florabel Vargas, supuestamente llama a sus compañeros del departamento de Ayacucho a participar.
Según Zavala, los remanentes de Sendero buscan que haya muertos para “desestabilizar las estructuras del Estado” con caos y violencia. La Policía habló además de supuestos participantes extranjeros, entre ellos unos no especificados “anarquistas franceses”.
La supuesta participación de radicales, en especial con nexos con Sendero -grupo maoísta fundamentalista que desató la violencia que dejó casi 70.000 muertos entre 1980 y 2000-, ha sido un argumento permanente de Boluarte y sus aliados para descalificar las protestas, aunque no se presentaron pruebas ante la Fiscalía o el Poder Judicial.
“El ‘terruqueo’ es un arma poderosa, responde a la visualización de un enemigo; sectores extremistas en el poder construyen a este enemigo para justificar eventualmente la represión y lo que se está diciendo es sustancialmente que los peruanos que se van a movilizar son enemigos”, comentó el periodista Marco Avilés, estudioso del tema.
Avilés recordó además que por características culturales y políticas de Perú el “terruqueo” vincula arbitrariamente con extremismo ilegal a la población andina, campesina, indígena y pobre, lo que lo hace racista y clasista.
Para Ueda, sin embargo, no debe desconocerse como factor de una posible poca acogida que quienes convocan a las protestas, en muchos casos desde el anonimato, no han logrado escapar del desprestigio que sufre en Perú todo el estamento político.
“No hay, por ejemplo, nadie que reivindique en el sector urbano a (el destituido y encarcelado expresidente) Pedro Castillo, quien solo tiene apoyo en el sector rural”, remarcó Ueda.
Según diversas encuestas, el gobierno difícilmente llega a 20% de aprobación popular, y el Congreso -controlado por la derecha- no pasa de 7%, mientras al menos 93% de la ciudadanía quiere que se anticipen las elecciones de 2026. Pero el desprestigio también alcanza a la oposición.
Las protestas contra Boluarte estallaron el 7 de diciembre, cuando, en su asunción como sucesora de Castillo, dijo que pretendía quedarse en el poder hasta 2026, desoyendo el clamor de adelanto de elecciones.
Esas protestas se prolongaron por varias semanas y pusieron en jaque a Boluarte, quien, aunque de origen de izquierda, está claramente aliada con la derecha parlamentaria. Empero, todo el revuelo cesó cuando fenómenos naturales -inundaciones y un huracán-, hicieron replantear prioridades.
Diferentes foros, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuestionaron el “uso excesivo” de la fuerza en la represión e incluso calificaron a algunas de las muertes como “ejecuciones extrajudiciales”, todo lo cual hace que quede bajo la lupa lo que pase en la semana que comienza.
Fuente Telam
