Los dos mayores partidos del Congreso peruano, el derechista Fuerza Popular (FP) y el izquierdista Perú Libre (PL), concretaron este martes la alianza que tanto habían negado y buscarán controlar en conjunto la directiva del Legislativo que les permitirá ocupar el primer lugar en la línea de sucesión de la mandataria Dina Boluarte, mientras el país afronta el reinicio de las protestas antigubernamentales.
“Keiko Fujimori (líder de FP) y Vladimir Cerrón (de PL) se unen en un matrimonio por repartijas e impunidad. Una alianza inmoral. Por eso el pueblo los rechaza y exige que se vaya este Congreso corrupto”, reaccionó la exparlamentaria Indira Huilca, una referente de la izquierda peruana.
“Nunca olvidemos que el fujimorismo es una mafia que persigue a la izquierda. Perú Libre es un grupo de traficantes del pueblo. Traidores de quienes votaron por el cambio en 2021”, agregó.
FP, PL, los partidos Alianza Para el Progreso (APP, centroderecha) y Avanza País (derecha) y fuerzas menores formaron la alianza que postulará este miércoles una lista para la elección de la presidencia y vicepresidencias del Congreso que, por correlación de fuerzas, ganará salvo una gran sorpresa.
La lista estará encabezada por Alejandro Soto, de APP, quien, al no haber vicepresidentes, quedará además en caso de triunfo en primera línea para la jefatura de Estado en caso de que Boluarte renunciara o fuera destituida.
A la primera, segunda y tercera vicepresidencia postulan en la lista a Hernando Guerra García, de FP, Waldemar Cerrón (hermano de Vladimir), de PL, y Roselly Amaruz, de Avanza País. En los dos anteriores períodos legislativos el fujimorismo ocupó la primera vicepresidencia, puesto desde el que, según analistas, tuvo control real del Legislativo.
Los otros grupos, fundamentalmente los de izquierda que nacieron de divisiones de PL, se unieron a la lista de Luis Aragón, del partido de centroderecha Acción Popular. Solo habrá dos listas, por lo que todo se decidirá en una ronda.
El Congreso, al que las encuestas dan una aprobación popular de apenas 6%, ya había visto acercamientos entre FP, que se inspira en el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, y PL, que se autoproclama marxista leninista.
Esa cercanía, bautizada con ironía por algunos medios de prensa como “fujicerronismo”, ya les había permitido a ambos partidos imponer ya varias medidas con bajo respaldo popular. Eso generó especulaciones sobre una lista unida, negada por portavoces de ambos lados hasta hace unas horas.
La alianza causó mucha molestia en sectores de izquierda: tres congresistas, Jaime Quito, Alex Flores y Alfredo Pariona, renunciaron a PL como protesta, con lo que bancada que era originalmente de 37 miembros bajó ya a 13 en dos años.
En la derecha “dura”, en tanto, el anunció causó una ruptura en el bloque formado por FP, Avanza País y el partido Renovación Popular, ya que este último rechazó cualquier arreglo con PL y al parecer optará por la abstención.
Pero en el resto de ese espacio se le dio visto bueno a la alianza: “En el Congreso hay que concertar y los que se ponen exquisitos, que se jodan”, dijo el exprimer ministro Ántero Flores Aráoz. “(Los que critican) que se vayan a llorar al Muro de los Lamentos”, desafió.
El politólogo Roger Santa Cruz le dijo a Télam que la política peruana está en un momento en el que el pragmatismo se impone sobre las ideologías, por lo que a FP y a PL lo que les importa es generar condiciones para imponer sus intereses.
Aunque radicalmente distanciados en los discursos político y económico, el fujimorismo y el cerronismo sí han mantenido coincidencias en concepciones sociales conservadoras, lo que implica posiciones similares contra el aborto, la educación sexual escolar, el enfoque de género y los derechos de la comunidad LGTBI, entre otros.
Además, según Santa Cruz y otros analistas, las dos fuerzas lograron proteger a varios de sus miembros y colaboraron en la denunciada toma de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo mediante la colocación de adeptos.
“Debemos dejar la cultura de una izquierda nacida solo para oponerse, la izquierda tiene que prepararse para gobernar”, justificó la alianza en medio de las críticas Vladimir Cerrón, inhabilitado para la política por haber sido condenado por actos ilegales cometidos como gobernador del departamento andino de Junín.
Perú Libre, fundado por Cerrón en Junín y que según admitió el propio fundador solo pretendió ganar algún escaño en el Congreso, sorprendió en 2021 al ganar la presidencia con Pedro Castillo, quien, ya en el poder, se retiró del partido por discrepancias.
En esa fórmula también fue elegida como vicepresidenta Boluarte, quien pasó a gobernar tras la destitución de Castillo en diciembre pasado. Ya para entonces, la ahora presidenta había sido expulsada de PL por sus permanentes choques.
Soto, virtual nuevo presidente del Congreso, es un abogado de 63 años del departamento de Cusco, que había pasado inadvertido salvo por disputas con algunos periodistas. Si Boluarte renunciara o fuera destituida, él tomaría el mando, aunque por Constitución estaría obligado a llamar a elecciones en unos seis meses.
La elección de la presidencia del Congreso es el primer acto de una semana de Fiestas Patrias que se prevé agitado por nuevas movilizaciones de protesta contra el Gobierno y el Congreso, cuyos grados de impopularidad en las encuestas borden el 80 y el 90%, respectivamente.
Organizaciones populares convocaron para el jueves, viernes y sábado en medio de la tensión por el recuerdo de que entre diciembre y marzo, durante protestas similares, murieron 49 civiles en la respuesta de las Fuerzas Armadas.
Ordenaron el embargo de bienes del expresidente Pedro Castillo
El Poder Judicial determinó el embargo de bienes del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y del extitular del Consejo de Ministros Aníbal Torres, según informó la procuraduría peruana en las últimas horas.
Con esta decisión, la Corte Suprema avaló el pedido de la fiscalía general que solicitó una reparación civil tras el fallido intentó de disolución del Congreso que intentó Castillo el 7 de diciembre del año pasado.
“Como se recuerda, la Procuraduría General del Estado ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles (más de 18 millones y medio de dólares) por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022″, informó la Procuraduría General del Estado (PGE) de Perú en su página web. La medida aplica para cuatro inmuebles de Castillo y ocho de Torres.
El juez Juan Carlos Checkley fue quien ordenó el embargo de las cuatro propiedades del expresidente, las cuales se encuentran ubicadas en las localidades de Anguía, Chota y Tacabamba, en Cajamarca, en el noroeste del país.
En el caso del presidente del Consejo de Ministros, se embargaron nueve bienes: ocho ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo jeep color negro, según recogió el diario peruano RPP.
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó al presidente Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Luego de la destitución de Castillo y su posterior encarcelamiento preventivo por el presunto delito de rebelión, el expresidente fue sucedido por su entonces vicepresidenta, la actual mandataria Dina Boluarte, quien continúa como jefa del Poder Ejecutivo. Castillo cumple 36 meses de prisión preventiva a la espera de un juicio.
Por estos días, las manifestaciones volvieron después de cinco meses, cuando las primeras protestas contra Boluarte dejaron 50 muertos entre diciembre 2022 y febrero pasado.
Fuente Telam
