La jueza federal María Servini rechazó un pedido realizado por asociaciones defensoras de represores que buscan reabrir una causa por los hechos ocurridos el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal. Se dio en paralelo al acto que realizó la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña que suscitó el repudio de organizaciones de derechos humanos. Qué dijo la Secretaría de Derechos Humanos.
La titular del Juzgado Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió que la actuación de organizaciones políticas en los años ´70 no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto se encuentra prescripta.
En su nueva resolución, la jueza ratificó que es “cosa juzgada” por jurisprudencia de tribunales superiores la decisión de no considerar de lesa humanidad a los hechos del 2 de julio de 1976, que se consideran prescriptos.
Se trata del atentado explosivo al comedor de Coordinación en la PFA en Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires, que causó 24 muertos y al menos 60 heridos.
En su primer rechazo al planteo de reapertura, la magistrada había tomado esa decisión “in limine”, es decir, sin analizar los argumentos de los querellantes y basada en la prescripción por no ser delito de lesa humanidad.
En esta nueva resolución analizó los argumentos por orden de la Cámara Federal y llegó a la misma conclusión.
El 10 de julio de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ya rechazado por “inadmisible” un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.
Servini reiteró ahora que es “cosa juzgada” y que la discusión ” acerca de la calificación de los delitos investigados se encuentra agotada”, en sintonía con un dictamen fiscal que también rechazó reabrir la investigación.
“Fueron mis superiores, quienes ratificaron y concluyeron que el suceso criminal acontecido el 2 de julio de 1976 en la sede de la entonces Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina atribuido a la organización Montoneros no configuró un delito de lesa humanidad ni un crimen de guerra“, puntualizó la jueza en el fallo.
Tampoco fue “un acto de terrorismo en los términos de la definición prevista en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ni una grave violación a los derechos humanos”, agregó.
La solicitud llega luego de que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza Victoria Villarruel convocara a “homenajear a las víctimas del terrorismo” en la Legislatura porteña.
Qué dijo la Secretaría de Derechos Humanos
En un mensaje publicado en la red social X, ex Twitter, la Secretaría de Derechos Humanos señaló que “la Justicia sostiene ininterrumpidamente desde 2001 que el accionar represivo del Estado durante la dictadura cívico-militar constituye crímenes de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptible; y que hay un deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas“.
“Ninguno de esos elementos se aplica a estos hechos cometidos por organizaciones políticas, como ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diferentes tribunales en esta y otras causas”, agregaron.
Además explicaron que “este tipo de denuncias intentan equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la “teoría de los dos demonios” para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas”.
“Amparados en normas nacionales e internacionales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han comprometido desde hace 20 años en llevar adelante las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Como parte de esa política de Estado, ya se han realizado más de 320 juicios orales y públicos con la condena de casi 1.200 represores en un proceso que ha respetado todas las garantías constitucionales y que es reconocido como un ejemplo por todo el mundo”, agregaron.
“Estas políticas de derechos humanos son parte esencial de la construcción de estos 40 años de democracia y, junto a nuestras Madres, nuestras Abuelas, familiares y sobrevivientes, el pueblo argentino ha salido en su defensa cada vez que estas han sido amenazadas porque no hay democracia sin justicia, sin memoria, sin verdad y sin reparación”, concluyeron.
Fuente Ambito
