Un grupo de militares detenidos en el penal Punta Peuco, una cárcel especial para detenidos por crímenes de lesa humanidad en Chile, reconocieron a través de una carta “violaciones a los derechos humanos” en la dictadura y acusaron de “pávido silencio” a los mandos superiores, además de solicitar “conmiseración” al poder político y judicial. El Gobierno de Gabriel Boric, que recientemente lanzó por primera vez un plan de búsqueda de desaparecidos, les exigió que digan el paradero de los desaparecidos.
“En el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época (dictadura), muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”, señalaron en la carta, que fue entregada por la abogada Javiera Steger Vidal y leída a la prensa por el diputado pinochetista Gonzalo de la Carrera.
El escrito, conocido un día después de que se cumplan 50 años del golpe que instauró la dictadura liderada por Augusto Pinochet (1973-1990), agrega que tales acciones son “reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia” que al respeto “por el que se consideraba adversario”.
“Asumida dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”, dice la carta.
En esa línea, los internos señalan que esperaron 33 años para que “los superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes” como consecuencia del “pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.
Por último, los internos de Punta Peuco solicitan la “conmiseración del poder político y judicial” para poder estar “juntos a sus seres queridos”.
“A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia “justa” para nuestros subalternos”, afirma la carta.
“Nosotros que cumplimos las órdenes de nuestros superiores en aquellos aciagos días que vivió nuestro país hace 50 años y durante todo el gobierno militar, renovamos nuestra lealtad a la patria y a nuestras instituciones”, cierra el comunicado de 27 condenados, que se encuentran en el Centro de Detención Preventiva y cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco un complejo para militares y exagentes del Estado chileno condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet.
“Dónde están los desaparecidos”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, dijo que al leer el escrito tiene claro que “hay personas que disponen de información”.
“Yo creo que con la misma iniciativa sería muy importante para el país y familiares que nos dijeran donde están (los desaparecidos en dictadura)”, señaló a radio ADN el ministro, que lidera el Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos que lanzó el presidente Gabriel Boric en la previa de los 50 años del golpe.
La diputada Karol Cariola Oliva también se expresó en la misma línea: “Los violadores de DDHH presos en Punta Peuco, deben contribuir a la justicia entregando los nombres de los generales y las órdenes que impartieron. Chile merece conocer toda la verdad, incluso la de la cobardía de oficiales que hasta hoy esconden su autoría en los crímenes.
Por otra parte, el diputado socialista Jaime Naranjo calificó de un “avance” la confesión y afirmó que la derecha chilena “no tiene más argumentos” para decir que en dictadura no se violaron los derechos humanos.
En esa línea, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fries, señaló que corresponde “investigar y sancionar” y que “no cabrían beneficios para ellos a medida que no cumplan las penas”.
Plan de búsqueda de desaparecidos
El Gobierno de Gabriel Boric anunció semanas atrás que por primera vez el Estado asumirá la búsqueda de 1.162 detenidos desaparecidos durante la dictadura de ese país.
Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo casi exclusivamente de las familias, apenas hallando los restos de 307. Todavía falta encontrar a 1.162 personas. “Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, dijo el presidente Boric, al lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo, y una de sus principales promesas de gobierno.
Boric firmó el decreto que oficializa este plan durante una ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, a la que asistieron ministros y familiares de las víctimas pero no las fuerzas opositoras de derecha.
La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar, el 11 de septiembre de 1973. El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un “pacto de silencio” que se mantiene desde la dictadura (1973-1990).
Este lunes Chile celebró ayer una serie de homenajes y conmemoraciones a la figura del expresidente Salvador Allende, quien falleció tras el ataque de militares al Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.
El golpe de Estado derivó en una dictadura que duró 17 años y estuvo caracterizada por el asesinato, secuestro, tortura y censura de miles de chilenos a manos de militares y agentes del Estado.
Fuente Ambito
