El negacionismo expresado por parte de los candidatos de ultraderecha Javier Milei y Victoria Villarruel, sazonada con la búsqueda de desligitimar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que trajo consigo casi 20 años de juicios, pruebas e investigaciones, puso sobre la mesa nuevamente la necesidad de dotar al Poder Judicial de una herramienta que incorpore al Código Penal un régimen sancionatorio.
Tiempo conversó con el diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, quien, en marzo presentó un proyecto que busca incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, y que también establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y genocidio, además de multas.
-¿Cuáles son los ejes del proyecto?
-Presenté el proyecto el año pasado. Lo volvimos a presentar este año, teniendo en cuenta algunos aportes que me hicieron asesores del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, y organismos. Este año hicimos la presentación en la Cámara, con motivo del 40º Aniversario de la continuidad de la democracia y con organismos de derechos humanos. Consiste fundamentalmente en incluir en el Código Penal el delito de negacionismo, apología o reivindicación de los crímenes de lesa humanidad. Lo incluimos con una reclusión de tres meses a dos años y tiene agravante al ser funcionario público. Si es funcionario público, contempla, además de la pena, la destitución definitiva del cargo e inhabilitación. Más una capacitación obligatoria para poder volver a la función pública.
-Hay otros proyectos en danza, ¿van a converger?
-Estamos viendo que hay otros proyectos vigentes, algunos presentados después de la última presentación mía, bastante similares. Así que cuando se aboquen las comisiones adonde ha sido girado el proyecto, seguramente vamos a avanzar en su tratamiento. Y se están generando las condiciones. Usted sabe que a pesar de que ha tenido un funcionamiento limitado por razones públicas, la Cámara en estos últimos meses y semanas avanzó y hay voluntad de que prontamente lo empecemos a tratar en comisiones.
-En los últimos meses, el negacionismo se viene propalando desde La Libertad Avanza, uno de las fuerzas que quiere gobernar Argentina. ¿Cree que esto hace necesario acelerar los tiempos?
-Hacen negacionismo, pero también apología de estas situaciones que ya se vivieron en nuestro país. Creemos que además de repudiarlo, me parece que a 40 años del regreso de la democracia, es una deuda del poder legislativo dotar a la Argentina de una ley que penalice efectivamente estas declaraciones. Que tienen su razón de ser, para estos sectores llamados liberales y de la ultraderecha de nuestro país, porque traen consigo propuestas económicas y sociales que solamente pueden ser aplicadas a partir de una práctica efectiva del terrorismo de Estado. Entonces, es una autodefensa de todos los sectores sociales y políticos que durante tantos años hemos luchado para que nuestro país fuera un ejemplo con respecto al castigo, a la memoria, a la verdad y a la justicia. Y es un elemento clave que tiene que estar establecido en el Código Penal como lo han hecho otros países del mundo.
-Llama la atención lo regresivo del discurso, prácticamente pre democrático.
Es que no dicen nada de como organizarían el Estado para mantener ese orden que proclaman a los cuatro vientos. Entonces, no es casual la reivindicación, el negacionismo, sino que tratan de adormecer a la opinión pública respecto a que la defensa de los derechos humanos que, según ellos, también es un privilegio. Por eso intentan pegar a los derechos humanos con negociados, con privilegios, y no con derechos. Y acá no estamos hablando de una declaración de repudio, que ya lo hemos hecho, sino de una ley. Estamos hablando de que la Justicia, el otro poder implicado en las relaciones de poder en la Argentina. Y ellos, a diferencia de los que fustigan, a los que dicen que no existieron como los desaparecidos, van a a tener la oportunidad de defenderse en la Justicia. Lo que hacemos es darle la herramienta al Poder Judicial con una ley que califica precisamente qué es y qué es lo sancionable.
-¿Qué rol tiene en este caso la llamada libertad de expresión?
-Muchas veces se ha pueso el límite de si atacamos la libertad de expresión. Hoy en la política ha quedado claramente expresado que lo que primero ataca el terrorismo de Estado es la libertad de expresión. Es todo un contrasentido. En realidad, (los candidatos que tuvieron las expresiones negacionistas) están preparando medidas porque se están postulando para ser miembros o titulares del Poder Ejecutivo. Entonces es doblemente peligroso. Pero también es doblemente urgente que las fuerzas democráticas, que no solamente están en el Frente de Todo, sino en las fuerzas provinciales, en sectores del radicalismo, acompañen esta discusión y el tratamiento de esta ley.
-¿Esta una discusión coyuntural o cree que va a superar los comicios?
-Estamos encima de un proceso electoral, cruzado justamente por estas expresiones. Pero la validez de la discusión de este proyecto no es solamente hasta el 22 de octubre, sino posterior. Porque es muy necesario e insisto: es una deuda de la democracia con los miles y miles que han ofrendado su vida para que esto no volviera y dotaran a futuras generaciones de un instrumento legal que prevenga y sancione estas conductas. Abogamos para que prontamente en las comisiones a las cuales ha sido girada, Derechos Humanos, Legislación Penal y Presupuesto –porque también incluimos multas económicas – se den los consensos necesarios.
Fuente Tiempo Argentino
