La Fiscalía de Colombia investiga la muerte de siete candidatos a las elecciones regionales del domingo y advirtió que más de la mitad del país “está en riesgo”.
“Sobre este proceso electoral hoy tenemos 1.519 casos abiertos en la Fiscalía General de la Nación, de los cuales por homicidios son siete investigaciones; seis víctimas corresponden a aspirantes al Concejo y uno a administradoras de juntas locales (corporaciones cívicas)“, reveló en una conferencia el fiscal general, Francisco Barbosa.
Los colombianos deben elegir el domingo alcaldes, concejales, 32 gobernadores y legisladores regionales para el periodo 2024-2027, y la campaña se vio empañada por el aumento de la violencia, ejercida especialmente por disidentes de las FARC que quedaron fuera del acuerdo de 2016, el Clan del Golfo -la mayor organización narco del país- y el ELN.
Según la Fiscalía, de un total de 1.102 municipios del país, 261 están en alto riesgo por distintos tipos de amenazas durante el proceso, 494 en peligro medio y 366 en bajo.
“Más de la mitad del país está en riesgo, de alguna manera, frente al proceso electoral, porque se ha buscado por diferentes medios minar la institucionalidad del país”, alertó Barbosa.
Los comicios se dan en medio de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y algunos grupos armados para intentar desactivar seis décadas de conflicto.
La fiscalía desplegó 5.700 funcionarios en todo el país para acompañar las elecciones, que también estarán vigiladas por la Misión de Observación Electoral de la Organización para los Estados Americanos (OEA).
El Ministerio de Defensa, además, desplegó 220.000 miembros de la fuerza pública para proteger los comicios.
La Defensoría del Pueblo colombiana registró hasta septiembre 377 casos de ataques contra sedes políticas, candidatos, votantes, entre otras víctimas.
De fondo, una nueva polémica enfrenta al fiscal Barbosa con el Gobierno, esta vez por las denuncias de intentos de compra de votos.
Barbosa acusó al Ejecutivo de intentar reemplazar al poder judicial después de que Petro lanzó una propuesta para recompensar con dinero a quienes denuncien con pruebas la compraventa de votos.
“Ni más faltaba que el Ejecutivo se encargue ahora de hacer las investigaciones judiciales en el país. He insistido en que las ramas del poder público se dediquen a lo que tienen que dedicarse”, se quejó Barbosa.
El fiscal general advirtió que la medida podría plantear numerosos problemas a las instituciones judiciales, porque si se inicia un proceso sin que exista un delito habría demandas contra el Estado por abuso, investigaciones a funcionarios por la malversación de caudales públicos y denuncias falsas.
Barbosa explicó que la denuncia “es un deber ciudadano”.
“Si ofrecen plata por eso entonces también vamos a tener que ofrecer plata por las denuncias de violencia intrafamiliar, por secuestro, por homicidio”, afirmó, según el diario El Colombiano.
Consideró que pueden aparecer “denuncias sin sustento y sin trabajar de la mano de la Fiscalía”, lamentó que “nadie ha conversado con la Fiscalía” sobre la idea y cuestionó que desde el Gobierno “hacen estas propuestas y ni siquiera comentan si es viable o no”.
“Está bien que manden un mensaje de legitimidad, pero no a tres días de las elecciones” regionales, dijo.
Fuente Telam
