Los extrabajadores de Casa de Galicia esperan que el presidente Luis Lacalle Pou no vete la ley aprobada en el Parlamento, a pesar de que es una alternativa que el Poder Ejecutivo analiza en estas horas por el incremento de gasto que implicaría para el Estado de Uruguay, unos 30 millones de dólares destinados a los créditos laborales pendientes de pago tras el cierre del centro de salud. En caso de que efectivamente lo haga, estudian la posibilidad de ir a juicio.
A pesar de haber contado con el apoyo de legisladores del oficialismo en ambas cámaras, Lacalle Pou tiene sobre su escritorio la posibilidad de vetar la ley que establece la cobertura por parte del Estado de parte de los créditos laborales de más de 1.000 extrabajadores de Casa de Galicia. Sin embargo, desde el colectivo de extrabajadores prefieren no pensar en esta alternativa.
“Hoy estamos con declaraciones que pareciera que se habla de un veto, pero no pensamos que eso pueda suceder. Confiamos en la democracia, en el presidente, en que la ley que se aprobó es para que se cumplan dos leyes ya existentes en el país. Esperamos que se mantenga”, explicó Flor Constanzo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), a Telemundo.
Respecto del aumento del presupuesto en el proyecto que finalmente se votó —30 millones de dólares contra los 8 millones de dólares planteados en la propuesta del Ejecutivo—, Constanzo consideró que el texto original se quedaba “corto”.
“El proyecto de 8 millones de dólares da para darle a cada trabajador 170.000 pesos aproximadamente. Y lo que corresponde por ley es hasta 105.000 Unidades Indexadas (UI), una ley vigente desde 2018. La propuesta del Ejecutivo era muy corta. Un enfermero gana 23.000 pesos, una auxiliar de servicio gana 17.000 pesos cuando recién comienza. Todos los trabajadores de Casa de Galicia que entraron a trabajar (en otros lados) ingresaron como si hubieran entrado ayer, no tienen antigüedad, ni grado, nada. Si yo trabajé 20, 30, 35 años en Casa de Galicia, no puedo aceptar 170.000 pesos, porque estoy ganando 23.000 pesos por mes, porque por 30 años de trabajo me están debiendo 1.000.000 de pesos. No aceptaría nadie eso”, ahondó.
En caso de que, efectivamente, Lacalle Pou decida vetar la ley, “los abogados recomiendan ir a juicio”, adelantó la presidenta de Afuncag. “Algo que al Estado le saldría más”, añadió.
De todos modos, Costanzo insistió en que “no pensamos en el veto. Los trabajadores estamos pensando en cerrar este capítulo muy triste de nuestra vidas, en cobrar lo que la ley marca que se nos debe pagar y en que los compañeros que no tienen trabajo lo tengan”, dijo, y agregó: “La ley que se votó se votó porque no estaba cumpliendo con lo pactado, que era que las empresas que se llevaron los socios debían consultar la bolsa, pero algunas no lo hacen. Por eso se hizo otra ley para que se cumplieran las leyes ya existentes”.
Opiniones encontradas al interior de la coalición
Mientras tanto, entre los legisladores continúa el debate que se vio reflejado también en los votos positivos y negativos para la ley, tal y como registró la diaria en diversas consultas con senadores del oficialismo.
Al respecto, Sergio Botana —el único senador del Partido Nacional que votó el proyecto— dijo que el presidente “tiene todo el derecho de vetar”, pero entiende que “la mejor solución” es la que se aprobó, porque “evita el costo de ir a los juicios” que podría afrontar el Estado. “No vale la pena con esos números”, aseguró, en referencia a un posible costo que podría duplicar el que prevé la ley votada.
A su vez, Guillermo Domenech —presidente de Cabildo Abierto, que apoyó el proyecto presentado por el Frente Amplio— consideró que, en caso de que se efectivice el veto presidencial, “habría que estudiar si hay votos para levantarlo”; es decir, tres quintos de la Asamblea General. Asimismo, afirmó que si el proyecto es vetado, “obviamente, se les va a generar una dificultad” a los exfuncionarios de Casa de Galicia “para cobrar los haberes”, y no sabe si “tendrán posibilidades de cobrarlos por la vía judicial”.
En sentido contrario opinó la nacionalista Graciela Bianchi, para quien el proyecto es un “disparate”. Según la senadora, Casa de Galicia es “una empresa privada que quebró y el Estado no tiene responsabilidad sobre los trabajadores”. “Yo estoy de acuerdo con el veto. No me gustaría haber puesto al gobierno –yo no tuve nada que ver ni el PN–, al presidente, en esa situación, pero por responsabilidad republicana el presidente tiene que vetar, porque los contribuyentes no nos podemos hacer cargo de situaciones de empresas privadas, que además fueron pésimamente administradas”, añadió.
Fuente Ambito
